Anticorrupción abre una investigación por los contratos del hermano de Ayuso

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto las primeras diligencias de investigación sobre los contratos del hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Se trata de unas pesquisas a raíz de las tres denuncias presentadas la pasada semana por el PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid que reclamaron que se indague en un contrato de emergencia adjudicado por la administración de Ayuso por la adquisición de 250.000 mascarillas en 2020. El Ministerio Público cree que hay que investigar para depurar cualquier irregularidad en el sector público y por “la indiscutible trascendencia social del contexto”, es decir, la pandemia. Pero aclara que, por el momento, no hay indicios suficientes contra la presidenta madrileña para llevar el asunto al Tribunal Supremo.

El departamento dirigido por el fiscal jefe Alejandro Luzón ha firmado esta misma mañana el decreto de incoación de diligencias -al que ha tenido acceso LA RAZÓN- por lo que la Fiscalía entiende que hay material donde poner la lupa. Será este departamento el que lidere la instrucción en este punto, según confirman fuentes fiscales. Si finalmente la sombra del delito de tráfico de influencias se vuelve nítida y alcanza a la presidenta madrileña (es el principal delito imputable a ésta) el procedimiento tendrá que remitirse al alto tribunal por su condición de aforada. Pero, ahora mismo y según estas mismas fuentes, “todo está en un estadio anterior”.

El decreto de Anticorrupción recoge de forma cronológica cómo han llegado los documentos a su mesa. El 18 de febrero recibieron las denuncias de los grupos tres grupos de la oposición de Madrid sobre un contrato que se practicó el 1 de abril de 2020, en pleno auge de la primera ola del Covid-19. Se trata de unas mascarillas FFP2-3 que se adquirieron por un precio unitario de 5 euros más IVA, o lo que es lo mismo, un total de 1.512.500 euros que se fueron a parar a la mercantil Priviet Sportive S.L.

Detrás de esta adjudicación está la primera incógnita sobre la que los denunciantes han colocado las dudas: está esa empresa verdaderamente gestionada por un amigo de los Ayuso (Daniel Alcázar Barranco) o es el propio Tomás Díaz Ayuso el que se llevó el dinero, colocando a alguien como testaferro. La Fiscalía todavía no tiene ninguna factura que pueda esclarecer qué fue lo que cobró el hermano de la presidenta y en concepto de qué. Por lo que es lo primero que quiere resolver, puesto que se trata de un dato clave para poder despejar esos interrogantes sobre los que se han dado varias versiones. Ayuso dice que su hermano se embolsó 55.850 euros por unos trabajos como un viaje a China a buscar las mascarillas (si bien también reconoce otras facturas de las que no da cuenta porque forman parte de la “privacidad” de su familia); el presidente del PP, Pablo Casado, ha habló de otra cantidad bastante exacta: 286.000 euros, pero tampoco se sabe de dónde sale este dato.

En su relato por fechas, Anticorrupción explica que, tal como anunció la propia Ayuso, este lunes 21 de febrero su equipo entregó diversa documentación a través del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Se trata de la oferta con documentos sobre las características técnicas del producto; los albaranes de entrega factura y certificado de conformidad; documento contable; y memoria justificativa para la adquisición de ese material de protección que fue a parar al pabellón de IFEMA.

Asimismo, enviaron diferentes resoluciones de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y certificado del Secretario General del Buen Gobierno de abril y mayo de 2020 que es la fecha en la que algunas fuentes sitúan que tuvo que haberse enterado la presidenta de la Comunidad del contrato. Algo que ella ubica hace escasos meses cuando Pablo Casado le habló de transacciones irregulares. Por último, la Comunidad de Madrid envió también un informe del viceconsejero de Asuntos Jurídicos y Secretario General del Consejo de Gobierno del pasado viernes que avala la actuación de Ayuso en todo este asunto.

Por qué es pertinente investigar

El departamento que dirige Luzón aclara que las denuncias no son demasiado concretas, pero sí ve relevancia en investigar básicamente por dos cuestiones: hay que despejar cualquier resquicio de dudas sobre el funcionamiento de la Administración Pública y, por el punto en el calendario en el que se sucedieron los hechos -en medio de una pandemia mundial- es necesario esclarecerlos. “Indiscutible trascendencia social del contexto”, expone literalmente.

Concretamente contra Ayuso de todos los delitos que detallan los denunciantes -tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios- no hay nada que haga ir más allá de meras “hipótesis”. Y como los indicios todavía no son “razonablemente verosímiles” es necesario avanzar más en la investigación para determinar si entonces el asunto termina en el Supremo.

El futuro de las diligencias

El partido socialista con Juan Lobato a la cabeza ya han anunciado su intención de ampliar la denuncia y, fuentes de la formación, aclaran que lo hará este miércoles. Pretenden demostrar que no se trata solo de un contrato, sino que el hermano de Ayuso se ha beneficiado de más adjudicaciones durante su mandato. Concretamente unos 70.500 euros en contratos menores -y otorgados a dedo- que han ido a parar a la empresa Artesolar Iluminación Led que es una mercantilque sí está inscrita a nombre de Tomás Díaz Ayuso.

Sobre lo que hay ya y sobre lo que está por llegar, la Fiscalía Anticorrupción tiene seis meses para investigar y decidir si el asunto termina en querella o en archivo. Lo previsible es que el Ministerio Público requiera las facturas tanto al responsable de la empresa como al hermano de la presidenta y, si así lo considera oportuno, tiene la potestad también de llamar a declarar a alguno de ellos.