Las ITV valencianas acusan al Consell de basar la reversión en “delirios y falsedades”

La relación entre la Generalitat valenciana y los siete concesionarios del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), hace años que viene siendo complicada desde que en 2014 se rebajaran las tarifas y se iniciara una batalla judicial que aún sigue hoy en día y por la que las empresas reclaman al Consell un total de 133 millones de euros.

Pero la aprobación el pasado viernes en el pleno del Consell del decreto-ley que autoriza la creación de la sociedad valenciana de inspección técnica de vehículos, es decir, la reversión al sistema público de unas empresas que fueron privatizadas en 1998, ha tensado muchísimo más la cuerda.

El actual presidente de la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunidad Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (AECOVA-ITV), Paco Llopis y su predecesor, Manuel Trigo, han anunciado esta mañana la presentación de un informe pericial que reúna los datos que rebatirán las “predicciones e inexactitudes” del documento en que la Generalitat ha basado su decisión.

Se trata de un informe elaborado por la consultora Nuve Consulting y que, según Llopis y Trigo, estaría lleno de “inexactitudes, errores, delirios y falsedades”. Por ejemplo, los empresarios señalan que el informe, encargado por la Conselleria de Economía, sitúa el coste laboral medio por trabajador en los 27.380 euros anuales (Seguridad Social incluida), mientras que el coste medio real actual es de 49.500 euros. “Es un delirio, no puedes construir un futuro en base a unos documentos que son inconsistentes”, asegura Trigo, quien tilda de “voluntarista y político” el documento elaborado por la consultora para la Generalitat.

Otro dato que los empresarios ponen en duda es el de la construcción de nuevas estaciones de ITV, cuyo coste la Generalitat establece en 700.000, mientras que el real sería, según Trigo y Llopis, de entre 3 y 5 millones de euros. Por no hablar, recuerdan, de que “les vamos a tener que regalar todas las estaciones que hemos construido durante estos años”.

“Pretenden justificar una decisión ideológica como es la reversión, pero no existe tal justificación”, aseguran los empresarios, quienes advierten de que el modelo que plantea la Generalitat “no va a funcionar, es ineficaz y va a suponer un sobrecoste para la administración”.

Ambos han señalado que ya se han presentado reclamaciones por parte de todos los concesionarios en contra del anuncio de no prórroga del contrato -finaliza el 31 de diciembre de este año- realizado por la Generalitat, y además en estos momentos se están estudiando las acciones legales a tomar frente al decreto aprobado el pasado viernes.

“No sabemos nada de ese documento, no se nos ha informado”, lamentan, y alertan de que mañana pedirán explicaciones al conseller del ramo, Rafael Climent, en una reunión solicitada hace dos meses y que no se les ha concedido hasta ahora.

133 millones de reclamaciones

Aecova reclama a la Generalitat una indemnización de 83 millones de euros por las tarifas pagadas entre el año 2014 y 2019, más 50 millones de euros por estos precios a partir de 2021. Además, se exige una reclamación por haber tenido que cerrar las estaciones durante los primeros meses de la pandemia.