La patronal valenciana denuncia el intento de Hacienda de volver a retrasar la financiación

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha manifestado que los 13.450 millones de euros que recibirá la Comunitat por parte del Ministerio de Hacienda “esconde un intento de volver a retrasar el cambio de modelo de financiación”.

El presidente de la CEV, Salvador Navarro, ha asegurado que la propuesta trasladada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera por parte de la ministra de Hacienda y Función Pública, Marías Jesús Montero, “no cambia que la Comunitat siga a la cola en lo que a recursos por habitante se refiere”.

La valenciana será la autonomía en la que más crezcan en 2023 en los ingresos derivados del sistema de financiación, pero “no se nos escapa que seguimos en una situación de desventaja frente al resto de españoles, con un trato muy desigual frente a otras regiones. No podemos contentarnos con esta solución”, ha asegurado Navarro.

“Queremos el compromiso firme del Gobierno y de la oposición, sin la que el cambio no es posible, de no retrasar más el cambio de modelo de financiación. Con elecciones a la vista, tanto el PSOE como el PP tienen la oportunidad de demostrar que tienen visión de Estado y actuar con responsabilidad. Necesitamos una solución urgente a una injusticia que arrastramos desde hace años y que perjudica a los ciudadanos y a nuestras empresas”.

En opinión de la CEV, ese cambio pasa por utilizar solo el criterio básico de población ajustada para cada uno de los bloques de servicios públicos. Debe basarse en criterios estrictamente técnicos, mientras que los aspectos ajenos al sistema de financiación, como la despoblación, deberían abordarse y resolverse al margen.

Asimismo, se reclama que, en paralelo, se asegure que el 10 % de las inversiones de los Presupuestos Generales del Estado vayan destinadas a la Comunitat Valenciana y que la deuda acumulada por la Generalitat debido a la crónica infrafinanciación sea asumida por el Estado.

Finalmente, la CEV exige que en ningún caso una Comunidad con renta per cápita inferior a la media nacional pueda obtener una financiación inferior a la media del conjunto de las comunidades autónomas de régimen común.