La exgerente de Divalterra asegura que no sabía la afiliación política de los directivos contratados

La ex cogerente de Divalterra (antigua Imelsa) Agustina Brines ha asegurado este miércoles en su declaración como procesada en el caso Alqueria que no conocía y que tampoco preguntó la afiliación política de los altos directivos contratados por esta empresa pública de forma supuestamente ilícita.

La Audiencia de Valencia ha acogido hoy la quinta sesión del juicio del caso Alquería por supuestos delitos de malversación y prevaricación a raíz de una presunta simulación de contratos de alta dirección en Divalterra, supuestamente orquestados para beneficiar a miembros y simpatizantes de Compromís y el PSPV-PSOE.

En línea con el resto de investigados, Brines y José Ramón Tiller, los dos imputados que han declarado hoy, han optado por responder únicamente a las preguntas de sus abogados, de modo que no se han podido escuchar las preguntas del fiscal anticorrupción ni las de las acusaciones que ejercen el PP y Acción Cívica.

En una declaración íntegramente en valenciano, Brines ha explicado que al llegar a la antigua Imelsa “lo primero que observamos era una gran desconfianza, porque parece que habitualmente quien entraba echaba al personal anterior, había miedo e inseguridad, acababa de explotar el caso Imelsa, no entendíamos cómo abordar la situación”.

“No teníamos a nadie de confianza, ni siquiera una secretaria”, ha apuntado Brines, quien ha señalado que tras el despido del anterior responsable de los servicios jurídicos se apoyó en dos empleados de Imelsa, José Luis Pellicer y José Luis Castellote, quienes posteriormente denunciaron las contrataciones supuestamente irregulares.

Ha explicado Brines que fue Pellicer quien le redactó la petición que se formuló al catedrático de derecho laboral Carlos Alfonso Mellado para que analizase la idoneidad de los contratos de alta dirección en Divalterra (ese informe avala esa figura directiva y deja abierto cuál ha de ser la fórmula de contratación).

Preguntada por su letrado por cómo fue el proceso de selección, Brines ha explicado que recibió currículos de la Diputación de Valencia y que ella no decidió cuál había de ser el tipo de contrato.

“Nos dijeron que era el más beneficioso para la empresa, porque se podía despedir sin justificación y en ese momento no sabíamos si la empresa iba a continuar o no. Nadie nos dijo que eran ilegales, ni siquiera el despacho externo que redactó los contratos”, ha agregado.

Ha insistido en que no fue requisito alguno la afiliación política de los contratados. “No la conocía y por supuesto que no pregunté”.

Ha asegurado que fue en 2017, tras advertirlo un diputado de Ciudadanos, cuando supo que esos contratos deberían haber pasado por el consejo de administración de Divalterra.

“Pellicer en principio nos dijo que no, luego que sí, tras revisar los estatutos de la empresa. Le dije al diputado de Ciudadanos que tenía razón y trasladamos la petición para hacer los trámites necesarios y salvar este tema formal”, ha agregado.

Sobre la existencia de informes contrarios a dichas contrataciones, Brines ha asegurado que fue Víctor Sahuquillo (que sustituyó a José Ramón Tíller en la cogerencia) quien los pidió porque “quería cambiar a dos personas que no eran de su afinidad y se puso a ver resquicios para ver si les podía despedir. Él por su cuenta pidió esos informes -en 2017- sin pasar siquiera por la mesa de contratación”.

En la misma línea, el que fue cogerente de Divalterra hasta febrero de 2016, José Ramón Tíller, en respuesta únicamente a su letrado, ha detallado su extenso currículo de cargos en el ámbito privado y público para posteriormente señalar que sus conocimientos en materia jurídica, especialmente del área laboral, son prácticamente nulos, porque “no le gusta”.

“Estuve menos de siete meses en la empresa. Entendí que en 2016 se requería otro perfil para otra etapa en la empresa (fue sustituido por Víctor Sahuquillo). Entiendo cómo son los cargos de confianza, dimití y no cobré ningún tipo de indemnización. Los directivos vinculados a mi gerencia tuvieron que cesar y lo que pasó a partir de ahí lo desconozco”, ha asegurado.

Ha defendido que en Imelsa ya existían unas áreas de gestión. “Decir lo contrario es mentir, no creamos nada que no tuviese un precedente en la empresa, a excepción del área de innovación y promoción económica, que era el objeto social de la empresa, que no se estaba cumpliendo, pero esa área incluía la formación, que ya existía”.

Sobre la selección de lo aspirantes ha coincidido con Brines en que la mayoría de currículos le llegaron desde la Diputación, y ha detallado que hizo una selección previa y posteriormente varias entrevistas.

“Tenía tres informes que avalaban las contrataciones, ninguno en contra, estaba absolutamente convencido de que se hacía lo correcto. Si hubiésemos sabido en ese momento de que los contratos debían pasar por el consejo se hubiese hecho, pero creo que era una cuestión formal, porque la mayoría del consejo era la misma que nos aprobó la contratación de los directivos. Nunca hubo voluntad de ocultar nada”, ha subrayado.

Los enchufados no conocían a nadie en la empresa

Por otra parte, tres de los supuestos “enchufados” de la empresa pública Divalterra han declarado este miércoles en el juicio del caso Alquería que no conocían a nadie en esta empresa pública ni tampoco a los responsables del proceso de selección.

En línea con el resto de investigados, estos supuestos “enchufados” han optado por responder únicamente a las preguntas de sus abogados, de modo que no se han podido escuchar las preguntas del fiscal anticorrupción ni las de las acusaciones que ejercen el PP y Acción Cívica.

El primero de los altos directivos contratados por Divalterra en declarar ha sido José Luis Melero, quien ha asegurado que dejó su currículo por registro de entrada en Imelsa el mismo día en que cesó como personal laboral de la Diputación de Valencia en junio de 2015.

“Claro que pasé por un proceso de selección en Divalterra, varias entrevistas con (José Ramón) Tíller y otras personas. Yo no conocía a nadie de los que me entrevistaron”, ha asegurado.

Sobre las condiciones de su contrato de alta dirección, Melero ha explicado que se las explicaron Tíller, Agustina Brines (cogerente) y José Luis Vera (responsable de los servicios jurídicos).

“Eran unos términos bastante tajantes, un contrato de alta dirección favorece más a la empresa que al trabajador, me pueden cesar sin justificación alguna y el puesto estaba asociado al gerente, si él cesaba yo también. La remuneración, 54.000 euros, era menor de la que cobraban los directivos anteriores, pero dije que sí, porque era lo que me gustaba y el salario no lo es todo”, ha agregado.

“Yo acudía a trabajar, soy honrado, no tengo nada que ver con Taula ni esos cuentos y monsergas. Fichaba a diario de 8 a 15 horas, mi padre era mecánico tornero”, ha agregado este procesado.

Otra de las altas directivas, María Soledad Torija, ha explicado igualmente que envió su currículo porque pensó que encajaba con su formación y experiencia (agricultura ecológica y gestión medioambiental), ha negado conocer a nadie en la empresa y ha subrayado que “ni era miembro de ningún partido antes de trabajar en Divalterra, ni antes ni después”.

El tercero de este grupo de procesados en declarar este miércoles, Raúl Ibáñez, ha sido el único que ha admitido cierta vinculación política. “En verano de 2015 fui a una reunión política y conocí a Rius (diputado de Compromís), me dijo que iban a hacer falta perfiles técnicos y le dejé mi currículo. Además, yo lo envié a Imelsa”.

Para estos procesados el fiscal reclama una condena de seis años de prisión: uno por falsedad documental y cinco más como colaboradores necesarios en un delito de malversación.