Alivio en el Gobierno valenciano tras cinco meses de dana, «ya sabemos la verdad»

El Gobierno valenciano emprendió hace más de cinco meses una carrera de fondo. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, reemplazó a aquellas conselleras que habían quedado marcadas por la tragedia. Salomé Pradas, responsable de la Emergencias y Nuria Montes (Industria, Innovación y Turismo), apartada por unas desafortunadas declaraciones los días posteriores a la tragedia. Completó los cambios designando como portavoz a la ya vicepresidenta Susana Camarero y creando una vicepresidencia para la reconstrucción y una conselleria de Emergencias.

A partir de ahí, se ha abierto el procedimiento judicial, se han celebrado seis manifestaciones multitudinarias pidiendo la dimisión de Mazón, quien ha tenido que asumir que cada día puede ser increpado allá donde vaya. Mientras la izquierda apunta al jefe del Consell como el único culpable de todo lo ocurrido el 29 de octubre.

El punto de inflexión ha sido la declaración que, en calidad de testigo, hizo la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ante la jueza Nuria Ruiz, que instruye la gestión de la dana.

Bernabé, que está obligada a decir la verdad, admitió que en el Cecopi no llegó información sobre el peligro que acechaba sobre el barranco del Poyo, dejando al descubierto al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, que pese a estar conectado desde las cinco telemáticamente a la reunión, no hizo advertencia alguna al respecto. Según Bernabé, en cuanto la Generalitat decretó la alerta dejó de ser responsabilidad de la CHJ.

Sin embargo, la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, acusó ayer a Bernabé de «tener dos caras, una delante de la jueza, en la que dice la verdad, y otra ante los medios de comunicación donde manipula y tergiversa».

Incidió en que se ha quedado confirmado que en el Cecopi no se tenía información de lo que estaba pasando en el barranco del Poyo y, por lo tanto, no se pudo actuar de otra forma. Remarcó además que no se esperó al presidente para enviar la alerta. «¿Cómo es posible que la CHJ no avisara y que la delegada del Gobierno se enterara de lo que ocurría porque lo vio en televisión?», insistió Camarero.

La reacción de Pradas

La defensa de la ex consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, también respondió a las declaraciones de la delegada del Gobierno. Asegura que Bernabé ha corroborado varios puntos fundamentales que siempre ha sostenido su defendida, entre ellos, que «la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) nunca emitió aviso previo sobre la crecida y desbordamiento del barranco del Poyo».

El abogado atacó también a la jueza por impedirle, tanto a él como al resto de letrados que lo plantearon, las preguntas referentes al comportamiento de Bernabé y su «superior jerárquico» respecto a no haber activado la emergencia nacional ante una catástrofe que reunió esas características, «conforme a la Ley estatal de seguridad nacional y a la de Protección civil».

Insiste en que las llamadas realizadas al 112 no llegaron al Cecopi, y en este órgano no se discutió sobre el barranco del Poyo ni las lluvias en Chiva o Buñol, centrándose únicamente en Utiel, Requena y el embalse de Forata.

Así mismo, defendió que Pradas actuó siguiendo las indicaciones de los técnicos.