La CHJ admite en un documento oficial que el Plan de la Huerta del Consell de Ximo Puig retrasó las obras en el Poyo

Hace más de 15 años que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) comenzó a proyectar actuaciones para prevenir inundaciones en la cuenca del Poyo y el barranco de la Saleta. Así lo reconoce este organismo, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica en la respuesta que ha enviado por escrito a la comisión creada por el Ayuntamiento de Valencia para el estudio y recuperación de las zonas afectadas por la dana.

El presidente de la CHJ, Miguel Polo, estaba citado como compareciente en esta comisión, pero desde la CHJ indicaron que respondería a las preguntas por escrito. Casi meses después de la tragedia, Polo sigue sin haber ofrecido una rueda de prensa sobre el día 29 de octubre.

En este documento, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, admite que tanto el barranco del Poyo como el de la Saleta «han sido los dos cursos de agua que han ocasionado buena parte de los daños producidos por la dana sobre las comarcas de Valencia».

En la actualidad siguen en tramitación ambiental sendas obras de acondicionamiento para actuar sobre el «barranco de La Saleta»- por un importe de 90 millones- y el de «barranco del Poyo entre el cruce de la A-7 y el barranco del Cavalls».

Sin embargo, no son las soluciones pensadas inicialmente. En este mismo documento, la CHJ explica que en octubre de 2021 se adjudicó la redacción del «‘Proyecto Vía Verde de Conexión del Barranco del Poyo con el cauce del río Turia’ en el que, debido a la afección al Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización de la Huerta de Valencia, y valorando los reparos que se estaban poniendo desde el Consell de L’ Horta a la redacción del Proyecto del barranco de la Saleta, se plantea una modificación del proyecto anterior».

El Consell de L' Horta es un organismo recogido en la Ley de la Huerta aprobada durante el Consell en el que gobernaba el PSPV en coalición con Compromís en la Generalitat y que ahora, el Gobierno que preside Carlos Mazón, ha modificado para agilizar las obras que sean necesarias.

Por tanto, podría decirse que esta actuación volvió prácticamente a la casilla de salida. «Se plantea una modificación del proyecto anterior (...) con una alternativa que pasa a denominarse ‘Pla de Quart’».

El inconveniente reconocido en este mismo documento es que esta obra «minimiza el riesgo de inundación para periodos de retorno más bajos», es decir, que la infraestructura no puede garantizar la regulación de las grandes avenidas que se producen en periodos de retorno más altos y, por tanto, de mayor virulencia.

La cronología de cómo se llega hasta el momento actual sin infraestructuras suficientes que hayan podido minimizar la catástrofe es compleja. Las excepciones son el embalse de Forata, que redujo a la mitad la avenida con 1.000 metros cúbicos por segundo, y los 2.000 metros cúbicos por segundo que llegó a desaguar el cauce nuevo del Turia. Este salvó a la ciudad de Valencia de la inundación total aunque las pedanías del sur sí sufrieron los efectos de la riada.

Responsabilidad cruzada

En este punto los Gobiernos del PP y del PSOE responsabilizan al contrario que no haber sacado estas infraestructuras adelante.

Estas obras se pueden encontrar en el Plan Hidrológico Nacional de 2001 e incluso la entonces ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, llegó a presentar en octubre de 2003 el proyecto que se había diseñado en esta zona.

A partir de ahí, se suceden en el tiempo decisiones que van retrasando su ejecución. Con la llegada al Gobierno de Rodríguez Zapatero, la ministra Cristina Narbona apuesta por un cambio radical en la política hídrica que lleva a dejar en un cajón el PHN. En 2011 el PP vuelve al Gobierno, pero la inversión en infraestructuras experimenta una reducción importante debido a la grave crisis económica aunque sí dejó preparados los planes de gestión de riesgos de inundación.

Tampoco el PSOE de Pedro Sánchez, que gobierna desde 2018 ha considerado prioritarias estas obras.