¿Quién decide lo que es un delito de odio?
El abogado y comentarista político desentraña la naturaleza de la libertad de expresión, las fake news, el totalitarismo, las delaciones y más. Por Julio Valdeón
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Alejandro Molina, abogado brillante y lúcido comentarista político, lleva años analizando las derivas autoritarias del poder y denunciando la corrosión populista. En esta entrevista, y al hilo de los preocupantes comités alentados desde el gobierno, desentraña la naturaleza del delito de odio y habla de libertad de expresión, fake news, totalitarismo, delaciones y más.
-¿Qué es el delito de odio y cómo y quién lo decide?
-Responde a la necesidad de desterrar el hate speech como conducta que tiene la intención deliberada de menoscabar la dignidad de un grupo de personas por razón de su raza, religión, ascendencia u origen nacional o étnico a través de expresiones hirientes y que crea un riesgo real para ellas. Su construcción doctrinal surge en el contexto de la posguerra europea, una época que asume la defensa activa de la democracia frente a los totalitarismos y sus dolorosos efectos. No es casual que Alemania fuera pionera en su desarrollo para atajar discursos antisemitas.
En cuanto a quién delimita cuándo estamos ante un legítimo ejercicio de la libertad de expresión o ante un discurso de odio, lo normal hasta ahora es que fueran los tribunales, pues se afecta un derecho fundamental, base de la democracia liberal, como es la libertad de expresión. Como hoy el discurso de odio se difunde en nuevas formas de comunicación difíciles de controlar por su extensión y masificación, como las redes sociales, surge una supuesta necesidad de agilizar su represión a través de órganos gubernativos o de las propias empresas privadas que albergan los contenidos.
-¿No es un concepto, como mínimo, gaseoso y quizá demasiado abierto a interpretación subjetiva?
-Está razonablemente bien delimitado en el derecho comparado cuando se refiere a discursos que pueden desembocar en otros actos de discriminación u hostilidad hacia minorías. Piénsese en la difusión de mensajes antisemitas o del islamismo radical, que invitan a combatir violentamente determinadas formas de vida o civilización, algo ajeno a cualquier debate o diálogo con su antagonista, al que se pretende en realidad eliminar o silenciar, de ahí que no hallen amparo en la libertad de expresión. La dificultad está en que en el debate público debemos tolerar el discurso ofensivo e incluso hiriente o indignante en aras de proporcionar un espacio de deliberación democrática.
-Me preocupa saber, por ejemplo, quién determina qué declaraciones retirar y con qué criterios.
-Mientras sean los Tribunales quienes ponderen los límites, como poder independiente de ideologías o posiciones de poder unívocas, el debate público estará salvaguardado. El problema surge cuando el poder ejecutivo, o, a instancia de éste, las propias plataformas digitales, pasan a intervenir y modular la libertad de expresión ejercida en tales soportes. Es lo que postula la reciente proposición no de ley "sobre la prevención de la propagación de discursos de odio en el espacio digital', donde el grupo Unidas Podemos insta al Gobierno a simplificar los mecanismos de denuncia en las redes sociales creando una “herramienta única, accesible y fácil de manejar” para denunciar masivamente, obligando a las plataformas a suprimir en horas, sin intervención judicial, determinados contenidos en función de criterios cuasipoliciales. Lo escandaloso es que la exposición de motivos de esta proposición diga que es el contexto de la COVID-19 lo que la justifica, que “ha generado una creciente polarización en la opinión pública que, a través de las redes sociales, señalan a determinados individuos o a grupos específicos como los causantes y responsables de la tragedia colectiva” ¿Qué tiene que ver esto con el discurso del odio? ¿Se considera el Gobierno y los partidos de la coalición una minoría étnica o religiosa que deba ser amparada de las críticas? Es un disparate que confunde la crítica con el odio y a las minorías sociales con las autoridades.
-Hemos tenido noticia esta semana de una Orden del Consejo de Seguridad Nacional, donde leo que, para combatir la “desinformación”, las autoridades podrían requerir la colaboración de los medios de comunicación, las plataformas digitales, el mundo académico, el sector tecnológico, las organizaciones no gubernamentales, etc. ¿Alientan a crear una suerte de red de soplones?
-De nuevo una autoridad gubernativa dando toques de atención al ejercicio de la libertad informativa, lo cual resulta extraño en una democracia liberal como la nuestra, donde lo último que se espera es que sea el Gobierno quien defina qué es “desinformación”.
-Y cuando habla de realizar una posible “campaña de comunicación pública dirigida por la Secretaría de Estado de Comunicación en función de la naturaleza de la campaña de desinformación”. ¿Esto no suena a, básicamente, a propaganda política a cargo del presupuesto y en interés del Gobierno, que decidirá qué es “desinformación”?
-Más que velar por el libre ejercicio del derecho a difundir y recibir información veraz parece que se estuviera preocupando por contrarrestar, con medios públicos, la información crítica con su gestión. Si tanto le preocupa la información veraz más les valdría mejorar la calidad de los estudios de periodismo o que las agencias de información de titularidad pública no estuvieran tuteladas desde el poder, cuando hacen justo lo contrario. El Gobierno ha publicado luego una nota de prensa “aclarando” que se trata de evitar injerencias del exterior. Pero las normas que requieren glosa fuera a su texto no son de fiar, y en ésta no hay ningún acotamiento subjetivo ni de la procedencia de la desinformación que querría neutralizar.
-Juraría que en España hay un par de empresas dedicadas a otorgar sellos de factualidad. ¿Se está creando una suerte de magistratura paralela, mezcla de intereses privados e indicaciones del poder público?
-Efectivamente, al calor de la intervención gubernativa, que amenaza con sanciones a las plataformas digitales por los contenidos que albergan, han nacido algunas empresas que actúan como herramientas de autorregulación, que a cambio de un precio ejercen funciones de autocontrol que llaman de “verificación del discurso público sustentada en datos” o “fact-checking”. Esto es, empresas que modulan la libertad de expresión en las redes, censurando contenidos en favor de su cliente, cuyos intereses no tienen por qué coincidir con los que derivan del debate crítico en una sociedad democrática.
-Y cuando Iglesias, todo un vicepresidente, dice que en España hay presos políticos, o cuando Echenique acusa al PP y Ciudadanos de alentar a los neonazis y a los jueces de poco menos que prevaricar (caso Isa Serra, por ejemplo)... ¿Eso no son fake news, eso no es “desinformar”? Digamos que yo denuncio esas mentiras ¿qué sucede si no se atiende la “solicitud de colaboración” frente a la desinformación?
-Este no es un problema de este Gobierno o de unos políticos en concreto. Es el problema que puede suponer cualquier Gobierno para la democracia si se le dan esos poderes. El dilema platónico de quién vigila al vigilante estará siempre por resolver.
-El control de las “fake news” parece trascender lo periodístico y los tuits, señalado al debate histórico; especialmente cuando toca asuntos como la Guerra Civil o el Franquismo.
-La tendencia intervencionista en la opinión pública se proyecta también sobre el pasado. El anteproyecto de ley para la Memoria Democrática prevé multas de hasta 150.000 euros a quien convoque actos o haga divulgación o publicidad por cualquier medio de comunicación que sean contrarios a la normativa sobre memoria democrática o inciten a la exaltación de la Guerra Civil o de la Dictadura. Dado que la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional parte de que la nuestra no es una democracia militante, siendo lícita la conducta incluso de quien cada día promueve la subversión del orden constitucional, parece muy dudoso que una norma así pueda superar el filtro de constitucionalidad.