Luz verde a la Ley de Propiedad Intelectual

La norma va a significar «un paso adelante contra la «piratería».

Tras aprobar 15 de las 16 enmiendas del Senado, la Ley de Propiedad Intelectual dio ayer su último paso parlamentario en el Congreso, donde PP, Ciudadanos, Unidos Podemos y PSOE han acordado hacer realidad esta norma. Esta ley, con la que España incorpora a su ordenamiento jurídico dos directivas europeas (una de ellas ha sido rechazada por una unanimidad acordada por todos los grupos políticos para corregir una errata), ha conseguido el consenso de todos los grupos durante su tramitación, informa Efe. De ahí que el ministro de Cultura y Deporte presente durante el debate, destacase la labor de los diputados que han trabajado en este texto en ambas cámaras. Este acuerdo generalizado entre los grupos parlamentarios, permite que salga adelante una norma que deja el cierre de páginas webs «piratas» reincidentes en manos de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual. El órgano administrativo podrá requerir al operador un segundo bloqueo sin necesidad de volver a acudir a un juez.

Según la directora de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, Carlota Navarrete, la aprobación de dicha normativa, con la que se incorporan al ordenamiento jurídico español dos directivas europeas, servirá para «seguir caminando en favor de erradicar la lacra de la ''piratería'' digital de contenidos, cuestión esencial para los creadores y el mundo de la cultura». Se trata, además, de un «paso adelante» para el «respaldo rotundo y transversal de los principales partidos a las mejoras introducidas, porque permite albergar ciertas esperanzas de alcanzar, muy pronto, un Pacto de Estado contra la oferta ilegal de contenidos en internet».

P

or su parte, el Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro) considera positiva esta nueva ley porque «confirma que el uso no comercial de artículos de Prensa dentro de las empresas e instituciones requiere de la autorización de los titulares de derechos». Por otra parte, las entidades de gestión de derechos también se han visto afectadas en esta reforma al cambiar sus estatutos y sus órganos de control interno. Se determina que aquellas que recauden anualmente una media de 100 millones de euros o más deberán nombrar en su organismo de control a un número de terceros independientes igual al número de miembros de la entidad, informa Ep. Además, se establece que el régimen de voto no permitirá que se produzcan concentraciones mayoritarias en poder de un número reducido de miembros.