20.000 millones más de déficit para pagar la renta mínima

El coste oscilaría entre los 12.000 y los 15.000 millones de euros. Su implantación, si no fuera acompañada de recortes del gasto o subidas de impuestos, impediría cumplir con Bruselas y llevaría aparejada una multa próxima a los 6.000 millones de euros.

España no puede permitirse pagar 426 euros mensuales a entre 2 y 2,5 millones de parados si quiere lograr la estabilidad presupuestaria sin acometer recortes del gasto o subidas de impuestos. El coste para las arcas públicas de la renta mínima que el Congreso ha aceptado admitir a trámite oscilaría entre los 12.000 y los 15.000 millones de euros, que supondrían un incumplimiento de los objetivos de déficit pactados con Bruselas y llevarían aparejada una multa próxima a los 6.000 millones de euros de la Comisión Europea.

Si junto a una futura implantación de la renta mínima no se tomaran medidas adicionales, el déficit subiría entre 1,2 y 1,5 puntos, excluyendo los incentivos perversos sobre el mercado laboral, ya que muchos dejarían de buscar trabajo de forma activa; y el impacto negativo en el crecimiento económico. Además, Francisco de la Torre, diputado de Ciudadanos y presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso, asegura que sería inevitable una multa que supondría otros 0,6 puntos adicionales. En conjunto, el desvío presupuestario podría estar en unos 2 puntos del PIB. Es decir, cerca de 20.000 millones de euros.

España deberá ajustar este año unos 16.650 millones de euros para cumplir con el objetivo de déficit del 3,1% del PIB, si se confirma que en 2016 alcanzó el 4,6% proyectado. La actualización del Plan Presupuestario 2017 que el Gobierno remitió a Bruselas no incluía el incremento significativo de gasto que conllevaría la implantación de la renta mínima. No obstante, José María Mollinedo, secretario general de los Técnicos de Hacienda (Gestha), considera que nuestro país tiene un potencial para aumentar los ingresos tributarios de casi 54.000 millones anuales, «si nuestra menor presión fiscal alcanzara la media europea». Por otro lado, la Seguridad Social prácticamente doblaría su déficit, que este año volverá a situarse en torno al 1,7% del PIB, ya que sería la encargada de pagar estas transferencias. Y, con la actual legislación, si no tuviera ingresos suficientes, debería recurrir al Fondo de Reserva, que se agotaría en pocos meses.

FACTURA INASUMIBLE

El coste de implantar la renta mínima superaría el 1,2% del PIB. Y para conseguir sufragarla, más allá de la disparatada idea de incumplir los compromisos presupuestarios, sólo habría dos vías: más impuestos o menos gastos. Por el lado de los ingresos, Miguel Ángel Bernal, profesor del IEB, afirma que incrementar la presión fiscal podría tener graves consecuencias. De hecho, piensa que una mayor fiscalidad a las compañías podría repercutir en fugas empresariales, con la consecuente repercusión en el empleo.

Sin embargo, y teniendo en cuenta la opinión tanto de los agentes sociales como de casi la totalidad de los partidos del arco parlamentario, mayores recortes del gasto serían inasumibles. Por ello, sólo quedaría el aumento impositivo, que podría afectar negativamente a la economía. Bernal considera que no hay capacidad para más impuestos. Y agrega que sí podría recortarse algún gasto, pero «el entorno de la izquierda no está por la labor y se opondría frontalmente».

De la Torre, por su parte, recuerda que la renta mínima cuesta más dinero que lo que se recaudó en 2012, tras la mayor subida de impuestos de la democracia. Y explica que para ingresar los fondos necesarios habría que aumentar sustancialmente el IVA y el IRPF, lo que lastraría la actividad económica. Por el lado del gasto, las únicas partidas en las que hay margen para hacer un recorte de estas características serían educación, sanidad y pensiones, por lo que las consecuencias serían dramáticas.

Desde Gestha recalcan que al prorrogarse los PGE, y haber dispuesto la no disponibilidad de créditos por casi 5.500 millones, el gasto público será similar al del año pasado, complicando que la renta mínima pudiera financiarse mediante más recortes. «Lo más indicado sería acometer una reforma estructural de la Agencia Tributaria estatal para reducir el aumento de la economía sumergida, así como de la Intervención General del Estado para mejorar el control de la eficiencia del gasto público y de las subvenciones». Pero Mollinedo opina que el Gobierno optaría por financiarla con una subida de los impuestos generales. «No cabe esperar el aumento del IVA, porque iría en contra de la propia renta mínima, ya que afectaría sobre todo a los ciudadanos con menor poder adquisitivo. Además, tiene un elevado coste político, al igual que subir el IRPF». Por ello, destaca que sólo quedaría la posibilidad de subir el Impuesto de Sociedades, «que es el que podría soportar esta carga social de una forma más justa y equitativa».

La implantación de la renta mínima promovida por los sindicatos tendría efectos negativos en la oferta de trabajo y en la recaudación de impuestos y cotizaciones. No sólo se traduciría en una disminución de la oferta en el segmento de menor cualificación y productividad, sino que podría encauzarse a través de la economía sumergida. Ambos factores contribuirían a reducir la recaudación del IRPF y de las cotizaciones sociales, que constituyen las principales fuentes de ingresos públicos.

El director de Barceló&Asociados, Diego Barceló, sostiene que la renta mínima agrandaría el déficit fiscal y la deuda pública, abonando las incertidumbres sobre la sostenibilidad de las cuentas. Este círculo vicioso aumentaría la prima de riesgo, lo que implicaría menor inversión productiva y, a su vez, una ralentización del ritmo de creación de empleo. «La situación final tras instaurarla sería más deuda, más déficit, menos inversión y menos actividad», apostilla. Otras fuentes consultadas apuntan que, además, constituiría un efecto llamada a la inmigración.

La renta mínima es incompatible con ningún tipo de empleo, salvo alguna exigua excepción, lo que propiciaría que se aceptaran trabajos sin declarar para compatibilizar la transferencia con empleos e ingresos en negro. Esto fomenta la economía sumergida, que en España supera el 22% del PIB, lo que «haría caer la recaudación, aumentaría el fraude y potenciaría la competencia desleal de los empresarios y profesionales que no cumplen con sus obligaciones», advierte el diputado de Ciudadanos.

Mollinedo difiere. Revela que la economía sumergida depende de la efectividad de la política de lucha contra el fraude. «La renta mínima se puede introducir sin problemas si la política del Gobierno en esta materia es firme, clara y decidida». De hecho, el secretario general de Gestha remarca que los países con más gasto social no tienen más economía sumergida, «sino al contrario».

¿SE APROBARÁ?

El Congreso ha dado luz verde a la Iniciativa Legislativa Popular, pero ahora queda la tramitación como proyecto de ley, que durará meses y no está garantizada. Todos los grupos parlamentarios, excepto PP y Ciudadanos, votaron a favor, aunque algunos mostraron reticencias. Unidos Podemos incluso quiere que tenga una cuantía superior.

De la Torre sostiene que extender la aplicación de rentas mínimas indefinidas no es económicamente una opción sensata, al margen del coste presupuestario. No sabe si finalmente se aprobará, pero cree que el Gobierno debía haber utilizado el veto presupuestario, consagrado en el artículo 134.6 de la Constitución, para no dar conformidad a que se debatiese una proposición que afecta sustancialmente a los gastos del Estado.

Bernal no cree que se apruebe, y piensa que se trata de una maniobra política para ganar votos por parte del PSOE frente a Podemos y su renta básica universal. «Dentro del PSOE hay destacados cargos que se han opuesto públicamente a ella», recuerda. Finalmente, Barceló desea que no salga adelante, e insiste en mejorar la empleabilidad de quienes estén en condiciones de trabajar. «La principal política social es fomentar una economía pujante para reducir el desempleo y que cada uno pueda desarrollar su proyecto de vida sin depender de una ayuda estatal», sentencia.

Pese a que muchos políticos pretendan hacer creer que han descubierto la vacuna contra la miseria, ya existe una ayuda extraordinaria de 420 euros para parados que no reciben ningún tipo de ingreso. Todas las comunidades disponen de rentas mínimas de inserción, aunque el sistema resulta bastante desigual.

Y es que si en el País Vasco, por ejemplo, esta prestación en 2014 fue de casi 666 euros, en Murcia apenas alcanzó los 300 euros. A nivel estatal, las transferencias del Plan Prepara deben solicitarse dentro de los dos meses siguientes a agotar el resto de las ayudas –y sólo se cobran durante medio año–; y la Renta Activa de Inserción (RAI) se dirige a parados de larga duración mayores de 45 años, emigrantes retornados, víctimas de violencia de género o discapacitados que hayan agotado todo tipo de subsidios. Su duración máxima es de 11 meses.