Luis Planas ya intentó en agosto enchufar a su asesor sin cumplir la normativa

No ha empezado con buen pie la segunda andadura de Luis Planas al frente del Ministerio de Agricultura. Al anuncio de movilizaciones generalizadas por parte de las organizaciones agrarias en protesta por la precariedad que se vive en el sector, su incapacidad para atajar la crisis de precios a la baja que martiriza a los productores y las malas condiciones climáticas que han perjudicado gravemente amplias zonas de labor de España hay que unir el coste personal que le está ocasionando el «caso Prieto», desvelado por LA RAZÓN y por el que el Partido Popular ya ha pedido explicaciones en el Congreso.

Las irregularidades detectadas con el «nombramiento» de Juan Prieto, exjefe de Gabinete de Planas en la pasada legislatura, y su posterior –y ficticia– «toma de posesión» de la jugosa plaza de consejero de Agricultura y representante de la FAO ante el Gobierno italiano –con un sueldo de 10.000 euros al mes– antes de que esta saliera a concurso han destapado un caso de enchufismo repleto de irregularidades legales para un nombramiento público.

Regulación incumplida

El Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, así como una resolución adjunta de 15 de febrero de 1996 regula este tipo de nombramientos. Según consta en los artículos 50.5 y 58, la adscripción de quién cesa en un puesto provisional de la Administración debe realizarse para otro puesto «de igual nivel, similares retribuciones y en el mismo municipio», consta en el artículo, algo que el Ministerio se ha saltado para poder «colocar» a Prieto en Roma y no en Madrid, como era de obligado cumplimiento. La única posibilidad de que el ex número dos de Planas hubiera podido acceder a ese puesto es si en su anterior destino hubiera estado destinado fuera de nuestras fronteras, que no es el caso, ya que antes trabajaba en Madrid integrado en el Cuerpo Nacional Veterinario.

Según ha podido saber LA RAZÓN, la intención de Luis Planas de «redirigir» el futuro de su ex mano derecha en Agricultura viene de largo. El pasado verano, con los rumores de elecciones sobrevolando por todos los despachos y sin tener claro si ambos seguirían en sus puestos tras unos nuevos comicios, el 2 de septiembre fue publicada en el BOE una resolución de la Subsecretaría de Agricultura fechada el 27 de agosto, en el que se convocaba la ansiada plaza de la embajada de la capital italiana, a la que Juan Prieto aspiraba. Por ello, éste presentó su solicitud, pero no calculó convenientemente los pasos a seguir, ya que fue rechazada por incumplir los requisitos que la plaza requería –los solicitantes debían encontrarse en servicio activo y Prieto no lo estaba al hallarse en servicios especiales–, por lo que sus intenciones quedaron frustradas.

Doble ilegalidad

Pero ni el ministro ni su segundo iban a darse por vencidos tan fácilmente. Una vez finalizado el plazo de la convocatoria, ésta quedó sin efecto por una nueva resolución de 27 de septiembre –ratificada oficialmente en el BOE del 4 de octubre–, pero esta decisión no fue justificada en forma como se exige en cualquier disposición oficial. Sin embargo, y pese a la acumulación de irregularidades, nadie interpuso recurso alguno, por lo que lograron que no se cubriera la plaza. Ésta quedó vacante hasta que, después de las elecciones, con Luis Planas de nuevo sentado en el despacho de Agricultura, cesó de sus funciones a su mano derecha –el 21 de diciembre–. De este modo, pasaba directamente al servicio activo y cumplía así con el requisito imprescindible para acceder a la convocatoria, aunque seguía incumpliendo el de destino –sólo tendría acceso a una plaza en Madrid–

Esta nueva convocatoria fue publicada en el BOE del 1 de enero, que establecía un plazo de 15 días hábiles a contar desde el día 2. Ese periodo debía respetarse en su totalidad. Pero Juan Prieto ya había dado por hecho que la plaza era suya. El 31 de diciembre comunicó a través de un mensaje que la jornada anterior, es decir, el 30 de diciembre, había «tomado posesión» de su cargo en Roma, es decir, lo hizo dos días antes incluso de que la convocatoria fuera oficialmente abierta en el BOE, lo que es, además de una torpeza, una ilegalidad.