El fraude de las pensiones de muertos: 4.310 se cobraron ilícitamente durante años

El fraude de las pensiones de personas fallecidas que continúan cobrando sus herederos sigue sumando pérdidas a las cuentas de Hacienda. El año pasado se detectaron 4.310 pensiones cobradas de forma fraudulenta de beneficiarios que ya habían muerto, lo que obligó a los bancos a devolver las más de 60.000 nóminas cobradas indebidamente a la Seguridad Social, que totalizaron 9,3 millones de euros. Aunque el fraude sigue siendo millonario, éste es sensiblemente inferior al máximo alcanzado en 2008, cuando ascendió a 68,2 millones de euros. Son datos aportados a Efe por la Seguridad Social, a la que compete el reconocimiento, el control y el mantenimiento de las prestaciones y que en los últimos años ha incrementado el control sobre el fallecimiento de pensionistas mediante el intercambio diario de datos con el Ministerio de Justicia.

Según el Tribunal de Cuentas, el Imserso pagó en 2016 -el último año contabilizado por este organismo- pensiones no contributivas a 1.096 personas que ya habían fallecido, superando los 11 millones en nóminas pagadas de forma indebida, tras cruzar la información con los datos de fallecidos aportados por el INE desde el 1 de enero de 1997 hasta el 31 de diciembre de 2016.

En los últimos años se han intensificado y mejorado los controles por parte de la Administración gracias, sobre todo, a la mejora de la informatización de los registros civiles que se produjo en 2009 y de una mejora sustancial de la comunicación entre departamentos administrativos. Por ello, el Instituto Nacional de la Seguridad Social ve en la actualidad un riesgo “mínimo o inexistente” con los nuevos fallecimientos, no así con los que no fueron detectados con anterioridad. Desde 2008, el número de pensiones que se abonaron con posterioridad al óbito se elevó a 75.866 -apenas un 0,9% del número medio de pensiones en vigor en ese momento-, mientras que en 2019 el porcentaje cayó hasta el 0,04% sobre las 4.310 pensiones ya citadas.

La Policía ha llevado a cabo esta semana una investigación que ha terminado con once detenidos y en la que se ha destapado un fraude de seis millones de euros en 21 provincias españolas, en las que se realizaron 12.586 abonos indebidos. La mayoría de esas pensiones se cobraban desde hace décadas y que han aflorado gracias a las nuevas medidas de control.