La regiones del PP denunciarán a Hacienda por el impago del IVA

La rebelión de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular –y también de algunas del PSOE– por la liquidación del IVA de 2017 parece un hecho inevitable y los presidentes autonómicos populares han confirmado que irán por la vía judicial para «recuperar el dinero que nos deben», según manifestaron fuentes del principal partido de la oposición. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se negó a abonar el viernes en la mesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) los más de 2.500 millones de euros pendientes y provocó las iras de los consejeros de Economía populares y las críticas de sus homólogos socialistas, aunque estos últimos intentan mantener un tono más conciliador y apuestan por abrir la puerta a la negociación.

En la reunión del CPFF, la ministra Montero intentó apaciguar los ánimos trasladando a los consejeros autonómicos una novedosa propuesta de canje: el IVA pendiente por la misma cantidad restada al déficit de 2019. Con ella, evitó en parte la rebelión de «sus» comunidades, pero elevó aún más la oposición de las autonomías populares y de otras como Cantabria, que calificó la propuesta como «una broma». En concreto, Hacienda prometió que no tendría en cuenta la parte del déficit imputable al IVA dejado de percibir a la hora de contabilizar el déficit de las comunidades autónomas en 2019. Es decir, que cada comunidad podría descontarse el dinero que le correspondía en el déficit. Por tanto, cambiaría ingresos por deuda, algo inaceptable para la mayoría de ellas. De esta forma, tras descontar el efecto del IVA, las regiones que registren un déficit del 0,1% o inferior se entendería que habían cumplido. Además, el Gobierno pondría en marcha un Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extra con un tipo del 0%, pero que sería adscrito al Fondo de Facilidad Financiera, y eso les permitiría la salida a los mercados para lograr liquidez.

Las comunidades del PP votaron en bloque en contra de estas contramedidas, porque entienden que «permitir más déficit es permitir más deuda, mientras que los fondos del IVA son recaudación. Se nos está ofreciendo deuda, pero los recursos en origen no lo son y eso es inadmisible». Fuentes del Partido Popular confirmaron ayer a LA RAZÓN que además de Madrid, que ya lo hizo en octubre, Galicia, Castilla y León, Murcia y Andalucía denunciarán al Gobierno en los tribunales para que «cumpla con su obligación y pague lo que nos debe de la recaudación del IVA». Esta denuncia no será conjunta, por lo que cada servicio jurídico presentará en los próximos días su propia denuncia. El consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, criticó la propuesta porque «no se trata de tener menos deuda sino de tener más liquidez». Desde Galicia, el consejero de Hacienda, Valeriano Martínez, se sumó a las críticas, manifestando que «todo nos aboca a los tribunales». De igual manera, Juan Bravo, responsable de Hacienda de Andalucía, cargó contra la ministra por cambiar «ingresos del IVA por un préstamo. Le hemos propuesto posibilidades, pero ella no quiere pagar los 2.500 millones. Así que tomaremos otras medidas».

Dudas en las autonomías del PSOE

Pero las andanadas contra Montero no llegan sólo desde las filas contrarias. Aragón, Extremadura y Castilla -La Mancha, tres de las regiones más beligerantes con este asunto, esperarán a la negociación para tomar medidas, aunque no descartan la vía judicial. El consejero socialista de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz, consideró «absurdo» que el Estado compense el dinero que debe a las autonomías «con un préstamo», que finalmente «incrementará el nivel de endeudamiento». Sus equipos legales ya trabajan sobre una posible demanda, aunque de momento esperarán. En los mismos términos se encuentran Aragón y Extremadura. Ayer mismo, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, manifestó que el dinero del IVA «antes o después debe aparecer», porque si no «habrá que reclamarlo». En el Ejecutivo aragonés, prefieren «esperar hasta que nos concreten la propuesta», pero mantenemos «todas las posibilidades abiertas».

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ya ha pedido a los servicios jurídicos del Gobierno regional un informe sobre la propuesta del Ministerio de Hacienda e insiste en que «no vamos a renunciar a recibir nuestros 42 millones de euros».