El gasto de las autonomías crece más del doble que sus ingresos

Las comunidades autónomas (CC AA) ya son el principal núcleo de gasto en España, por encima de la Seguridad Social y de la Administración Central, si se descuenta el dinero que transfiere a las autonomías, que son al final las que lo gastan. Las CC AA gastaron, en los once primeros meses de 2019 –todavía no hay datos del cierre del año– 167.418 millones de euros, según datos de la Intervención General del Estado. Esa cifra es un 5,2% superior a la del mismo periodo del año anterior, muy por encima del crecimiento de la economía española y de cada comunidad. Los ingresos, sin embargo, aumentaron un 2,5%, es decir, menos de la mitad que los gastos. El resultado es que, hasta el final de noviembre, el déficit de las comunidades alcanzó los 3.125 millones de euros, mientras que un año antes arrojaban un saldo positivo de 1.200 millones. Los 2.500 millones de IVA que reclaman al Gobierno, y por los que algunos presidentes autonómicos amenazan con los tribunales, hubieran supuesto un alivio para sus cuentas, pero no hubieran borrado los números rojos. El Gobierno no les entregará los 2.500 millones, pero sí les permitirá que tengan un déficit del 0,2% en 2020 y del 0,1% en 2021, para alcanzar el equilibrio presupuestario en 2022. En la práctica, significa una ronda de barra libre de gasto para las comunidades que, sin embargo, pedirán más.

Una España dual

Las cuentas autonómicas esbozan un mapa de una España dual, con regiones solventes y otras en apuros económicos más o menos graves. Canarias, País Vasco, Navarra, La Rioja y Asturias tuvieron superávits claros en los once primeros meses del año, mientras que Madrid y Asturias están en equilibrio, con unos números negros testimoniales. Todas las demás tienen déficits, en algunos casos tan importantes como los de Murcia y la Comunidad Valenciana, con un saldo negativo del 1,32 y un 1,27% del PIB, respectivamente. Eso significa 431 millones de euros en el caso de Murcia y nada menos que 1.488 millones en el de Valencia. Cataluña, hasta noviembre presentaba un déficit de 394 millones, equivalente al 0,17% del PIB, un porcentaje en teoría asumible sin grandes complicaciones. El reparto de los disputados 2.500 millones les vendría bien, pero no solventaría los graves problemas financieros de algunas, agudizados a lo largo de 2019. Las cifras, no obstante, pueden ser engañosas, ya que el cierre del ejercicio puede incorporar ajustes muy importantes y mejorar o empeorar los números, sobre todo si se tiene en cuenta la capacidad que pueda tener cada administración autonómica para maquillar –en el sentido que más le convenga– los números.

El gasto principal de todas y cada una de las comunidades en los nueve primeros meses fue el destinado al pago de salarios, ya sea de funcionarios o personal contratado. En total, gastaron 71.774 millones, un 5,8% más que en el mismo periodo de 2018. Una idea de la magnitud de las administraciones autonómicas es que la Administración del Central del Estado destinó 21.669 millones al pago de personal, es decir, 3,9 veces menos. Los otros dos grandes gastos autonómicos, a los que se han destinado 27.599 y 25.863 millones, son los «consumos intermedios» y las «transferencias sociales». Los primeros corresponden a compras de bienes y servicios, cantidad que aumentó un 3,5% y, aunque aún no hay datos desglosado, la mayor parte corresponde a material médico. De hecho, en 2018, ejercicio del que sí hay cifras detalladas, el gasto total en «consumos intermedios» fue de 29.571 millones, de los que 17.044 correspondieron al capítulo «salud» y otros «2.737» a «educación». Los 25.863 millones gastados en «transferencias sociales» son, sobre todo, gasto en sanidad, educación y ayudas sociales específicas de cada comunidad. En 2018, la parte principal, 16.475 millones correspondió a sanidad y 7.556 millones a educación. Al final de 2019, lo más probable es que esas partidas hayan crecido en un 5% aproximadamente. Por otra parte, en el gasto en el periodo enero-noviembre, destaca el capítulo de subvenciones, que crece un 29,6% y pasa de 373 millones a 2.840 millones, algo que en ocasiones se convierte en un cajón de sastre que las regiones usan con discrecionalidad.

Transferencias estatales

La otra parte, la que ahora está en discusión, de las cuentas autonómicas son los ingresos que, en los nueve primeros meses del año, alcanzaron la cifra de 164,293 millones. La mayor parte, nada menos que 89.902 millones, son transferencias estatales. Es decir, dinero que entrega el Estado para atender las necesidades de las administraciones territoriales que, sin embargo, no tienen que hacer nada para recaudarlo. Además, las comunidades han percibido 59.941 en concepto de «impuestos cedidos», sobre todo el IRPF, que tiene una tarifa especial autonómica que puede ser modificada –y de hecho lo es–por las administraciones, que suben los tipos marginales –el caso de Cataluña, o los rebajan –como Madrid–, algo que provoca lo que para unos es una «sana» competencias fiscal, mientras que otros la tildan de «desleal». La regla general, que tiene excepciones, es que los gobiernos autonómicos de centro-derecha procuran rebajar los impuestos, mientras que los de izquierda e «indepes» como en Cataluña intentan subirlos todo lo que pueden. Son los números de las cuentas autonómicas, que ya representan –por encima incluso de las pensiones– el mayor volumen de gasto de todas las administraciones sin que, con frecuencia, se consideren implicadas en cómo obtener más ingresos al margen del dinero que les transfiere el Estado. Y ahora, en 2020, liberadas por el Gobierno del equilibrio presupuestario, volverán a aumentar el gasto, sobre todo en donde se prevén elecciones: Cataluña, País Vasco y también Galicia.