El Gobierno da un empujón a la economía sumergida

Antes de empezar a leer, fíjese en el gráfico. En él encontrará los últimos datos publicados con carácter más oficial sobre economía sumergida. Datan de 2012. Desde entonces, ningún organismo los ha actualizado. Eso nos da una idea del desconocimiento y el abandono de las administraciones ante uno de los mayores problemas económicos de nuestro país, pues supone dejar de ingresar en las arcas del estado entre un 20% y un 25% del PIB. Cifras desorbitadas que podrían aumentar más si cabe con las políticas del nuevo Gobierno, como el incremento del salario mínimo o de diferentes impuestos, que provocarán más costes sociales que los ciudadanos y las empresas intentarán eludir al fisco.

La existencia de economía no declarada es una de las peores deficiencias que puede sufrir una sociedad. Desde Cepyme admiten que «supone una grave anomalía para su correcto funcionamiento ya que genera problemas de equidad, tanto por el lado del gasto como de los ingresos públicos, se generan asimetrías en la provisión de servicios y en la carga impositiva soportada, así como desde el punto de vista interregional e internacional; plantea problemas de eficiencia en la asignación de recursos y en la provisión de servicios por el Estado y produce pérdidas recaudatorias para el sector público que limitan las actuaciones de cualquier política estatal. Desde el punto de vista de las empresas, distorsiona la competencia empresarial al situar las actividades no declaradas al margen del pago de impuestos, de cargas laborales o de requerimientos burocráticos y administrativos. Finalmente, produce problemas de desigualdad entre ciudadanos y menoscabo de los derechos de los trabajadores contratados de forma irregular, tanto durante la prestación de servicios, por ejemplo, en cuanto a condiciones laborales, ya sean individuales o colectivas, o a carrera profesional, así como en relación a las prestaciones de Seguridad Social».

En España sufrimos todos estos perjuicios desde hace varias décadas, ya que la economía sumergida es un problema histórico en nuestro país por lo enrevesado de nuestro modelo. Así lo explica el investigador de la ThinkThank Civismo, Javier Santacruz: «La falta de una institucionalidad clara, unas reglas del juego sencillas y fáciles de aplicar y cambios normativos constantes, genera un caldo de cultivo extraordinario para personas que ejercen de ‘buscadores de rentas’ que actúan al margen del sistema y consiguen resultados económicos abultados».

Además, la coyuntura laboral actual también impulsa la economía sumergida. La tasa de paro se sitúa en el 13,7%, duplicando lo que los analistas piensan que sería un desempleo saludable para nuestro país. Mucha gente sin trabajo buscan labores esporádicas que les permitan tener ingresos aunque sea en negro. Lo mismo ocurre con los empleados a tiempo parcial, que no han dejado de aumentar desde 2005 y ahora son casi 3 millones. En numerosas ocasiones complementan su nómina con lo que pequeños trabajos que no se declaran para poder llegar a final de mes.

Pues bien, a los factores históricos y coyunturales, el Gobierno ha sumado otros que puede impulsar la economía sumergida. Son sus propias políticas que incrementarán los tributos y los costes para unas empresas que ya de por sí están sometidas por Hacienda y la Seguridad Social a unos elevados gastos. El Ejecutivo pretende subir el Impuesto de Sociedades y el de Patrimonio, así como crear una Tasa Google. Argumentan que solo afectarán a las grandes corporaciones, pero con casi total seguridad estos tributos terminarán trasladándose a las compañías de menor tamaño que distribuyan mercancías de estas marcas. Por otra parte, el salario mínimo subirá otros 50 euros, crecimiento que se suma al de 165 euros que se ejecutó el 1 de enero de 2019, y que supuso que la afiliación de un colectivo como las empleadas del hogar cayese en torno a las 13.000 personas, las cuales se salieron del sistema.

EMPRESAS

Desde que Pedro Sánchez es presidente las empresas han acumulado costes que «no es posible que asuman», comenta Santacruz, «dado que la presión fiscal total que sufre una pyme en España roza el 50% (acumulando todos los impuestos pagados y las cotizaciones sobre el margen bruto)». De esta manera, dice, con sus medidas el Gobierno está abriendo una nueva vía a la elusión y a que, en lugar de contratar, las compañías opten por las figuras de los autónomos o la subcontratación.

Por su parte, el profesor del departamento de Economía y Empresa de la Universidad Europea, Manuel Primo Prieto, indica que una de las principales causas de la economía sumergida son los elevados costes sociales que debe afrontar una compañía por cada trabajador, y que suponen un incremento de los costes de personal. El aumento del salario mínimo, evidentemente, los ha subido más si cabe. Los empresarios buscan alternativas que reduzcan estos gastos y lo hacen, según Primo Prieto, «retribuyendo en la cuantía mínima o reduciendo las jornadas que, aunque queden así reflejadas en contrato, el trabajador se ve en el compromiso personal de permanencia por encima del horario pactado, siendo, en el mejor de los casos, pagados estos excesos de jornadas en cantidades económicas fuera de nómina y, por ello, sin repercusión directa en los costes de personal». Es decir, las compañías resuelven sus problemas con los gastos abonando «en negro» parte de los sueldos.

Para que esto no ocurriese, el Gobierno aprobó una normativa por la que los empleados debían registrar las horas efectivas de trabajo. La legislación tuvo mucho impacto inicial en las compañías y en los medios de comunicación porque podría acabar con una de las tradiciones más arraigadas en el mercado laboral español, las horas extra que no se pagan o se pagan indebidamente. Pero su efecto fue diluyendo y ha sido un estrepitoso fracaso.

Primo Prieto explica que «como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 8/2019, de 12 de Marzo, en el que se obliga a la implantación de un control de presencia, que fue efectiva a partir del pasado mayo, los empresarios se han visto en la obligación, en negociación colectiva, de aplicar un método que garantice que las jornadas se realizan en función de las contratadas , cuando antes de esta ley simplemente era necesario controlar los trabajadores a jornada parcial o para los que realizaran horas extras. De poco ha servido esta normativa, los empresarios mantienen las mismas prácticas y los métodos de control siguen observando las mismas deficiencias. La Inspección de Trabajo no ha hecho un seguimiento de su implantación, excepto de los casos de denuncias por los propios afectados, llegando solo a un 1% de empresas sancionadas».

AUTÓNOMOS

El desacierto del Gobierno con sus medidas aplicadas alcanza a numerosos colectivos de la economía. Entre los más perjudicados se encuentran los autónomos, que han sido víctimas de la calculadora de un Ejecutivo al que no le terminan de salir las cuentas. Los trabajadores por cuenta ajena han sufrido un incremento de las cuotas (y podrían experimentar más) y, encima, los que cuentan empleados a su cargo han tenido que subirles el sueldo por el aumento del salario mínimo. En definitiva, un doble castigo que les invita a salirse del sistema hacia la economúa sumergida.

Primo Prieto mantiene que, respecto a este colectivo, el Gobierno va en la dirección contraria a la que debería: «Una política de reducción de costes y obtención de subvenciones para los autónomos serían los mejores precursores para el emprendimiento empresarial. Los costes directos e indirectos de una empresa, tanto para su lanzamiento como para su mantenimiento, no dependiendo en la mayoría de los casos de los niveles de ingresos, frenan las iniciativas a los jóvenes emprendedores sin un respaldo económico, por ello cualquier medida que abarate costes y facilite trámites servirá en buena medida la eliminación de la economía sumergida. En cualquier caso, y como buena forma de control y seguimiento de la normativa, se hace necesario un reforzamiento de la Inspección de Trabajo que vele por el cumplimiento de los derechos de una forma proactiva, no reactiva como es en la actualidad».

No todas las regiones cuentan con la misma economía sumergida. Excluyendo a País Vasco y Navarra por su régimen foral, la Comunidad de Madrid, con un 17,3% es la que menos tiene. Al lado contrario de la lista, las que más suman son Extremadura con un 31,1%, Andalucía con un 29,2% y Castilla-La Mancha con un 29,1%.

Los tres territorios que ocupan el pódium de la economía sumergida en España poseen algo en común, un fuerte arraigo de las industrias relacionadas con el campo, en las que los bajos ingresos, los reducidos salarios y las elevadas tasas de temporalidad invitan a la evasión. En este sentido, Santacruz manifiesta que se trata de «regiones que tienen escasez de sectores económicos potentes que ejerzan de efecto arrastre de la sociedad y sean capaces de generar un empleo estable y con valor añadido. Además, durante muchos años han sido territorios con una altísima complejidad de trámites burocráticos, presencia casi omnímoda de la Administración e incapacidad de poder generar una institucionalidad transparente y sencilla».

SECTORES

Los agricultores, para colmo, tendrán que soportar una más que posible reducción de las ayudas de la PAC de hasta el 14%. Un recorte impuesto por la UE que impulsará aún más la economía sumergida en este sector. Otro en el que podría aumentar, pero esta vez por culpa de las políticas de nuestro Gobierno, es el inmobiliario.

El Ejecutivo ha propuesto limitar los precios del alquiler, «una medida intervencionista que desincentivará el mercado, restringiendo la oferta de viviendas en alquiler», afirma el director ejecutivo de la Agencia Negociadora del Alquiler, Manuel Romillo. Y añade que, «ante esta restricción, pueden aflorar atajos, tanto de propietarios o inquilinos, para saltarse la norma y aumentar el mercado negro. Puede existir un precio declarado, conforme a la limitación del precio impuesto, y un complemento en negro, de esta manera estaremos abonando la economía sumergida».

Según Romillo, para evitar el fraude en este sector el Gobierno debería cambiar el rumbo y lanzar medidas que incentiven que se declaren todos los alquileres y crear un registro de viviendas arrendadas para que, en definitiva, el mercado sea más transparente.

SOLUCIONES

En relación al conjunto de la economía sumergida, para empezar, aseguran desde Cepyme, habría que llevar a cabo un diagnóstico que fije la realidad de la situación y de los parámetros en qué se funda. Pero, como se ha dicho al comienzo del texto, los organismos públicos ni siquiera han actualizado los datos sobre este tipo de fraude desde 2012. Solo conociendo la magnitud exacta podrán realizar medidas efectivas y que sean evaluadas regularmente, añaden fuentes de Cepyme.

Además, continúan, «debieran mejorarse la eficiencia de los sistemas de control, tanto en relación con el cumplimiento de las obligaciones, como respecto al uso correcto de los bienes y servicios públicos. No se puede olvidar la necesidad de estrategias de comprobación, cooperación e intercambio de información tanto en el ámbito nacional como internacional, desde una vertiente administrativa y/o judicial. También resulta necesario flexibilizar las cargas y procedimientos administrativos, así como simplificar las figuras impositivas son algunas de las medidas necesarias. En especial, la modificación de la normativa laboral, haciéndola más adaptable a la realidad existente en las empresas españolas en cada momento y teniendo en cuenta el tejido empresarial, conformado en más de un 99% por pequeñas y medianas compañías».

Así se lograrían minimizar los incentivos que tienen los ciudadanos para defraudar u operar al margen del sistema, como son la elevada presión fiscal o las altas cotizaciones sociales. Crear un modelo transparente y adecuado a la sociedad es la única receta para reducir un problema histórico de España y no las persecuciones de los inspectores o las amnistías que solo consiguen resultados espontáneos. Eso sí, la lacra del «dinero negro» nunca se podrá erradicar al ciento por ciento, confiesa Santacruz. Siempre habrá quien haga trampas y no declare beneficios o patrimonios. Sobre todo en un país con casi 47 millones de habitantes en el que nació la picaresca.

Escasa lucha contra el fraude fiscal

La lucha contra el fraude fiscal se queda corta. Recauda unos 16.000 millones anuales. Una cifra que se podría duplicar si se atacase a los evasores con las medidas adecuadas, según indican fuentes relacionadas con el Ministerio de Hacienda. Además, han mostrado su sorpresa debido a que el Consejo de Ministros aprobase la tasa Google el pasado martes y, sin embargo, aplazasen para una reunión posterior el proyecto de ley de las nuevas políticas antifraude fiscal. En principio, las dos normativas han estado muy ligadas e iban a desarrollarse de la mano. Por lo tanto, las nuevas medidas contra la evasión quedan en el aire, a la espera de que se concreten. El impuesto a las tecnológicas también ha causado sobresaltos, pues se empezará a liquidar a finales de este año y no trimestralmente a partir de su aprobación, como se preveía. Este retraso en el cobro de este impuesto tendría una explicación vinculada con EE UU, de donde proceden la mayoría de empresas afectadas. El Gobierno pretende que Trump (que en noviembre se enfrenta a la reelección) no tome represarias contra la automoción española.

Brecha europea por la economía sumergida

Mirentxu Arroqui

España se encuentra en la media europea en cuanto al peso de la economía sumergida, gracias a la entrada de los países del Este en el club comunitario. Según el estudio realizada por Friederich Scheneider en el año 2015, nuestro país se sitúa en el 18,2% del PIB en cuanto al porcentaje del trabajo no declarado, lo que supone un descenso de dos décimas respecto al año 2005.

Una cifra que rebasan los nuevos miembros del club que se adhirieron en los años 2004 y 2006 con la única excepción de la República Checa y Eslovaquia. Entre los antiguos socios, España tan sólo es superada por Italia y Grecia que llegan al 20% y le sigue a la zaga Portugal. Se cumple el tópico (al menos en este estudio) del Sur indisciplinado y católico frente al Norte protestante y riguroso.

Entre los países del Este, Bulgaria supera el 30% y le siguen en el pódium Rumanía y Croacia. En el lado del virtuosismo se encuentran Austria, Luxemburgo, Países Bajos y Reino Unido que no alcanzan al 10%. Una cifra que sí es superada por Irlanda, Dinamarca, Alemania, Francia, Finlandia y Suecia. República Checa y Eslovaquia se acercan al 15% y Bélgica sobrepasa este porcentaje.

Si tomamos otros indicadores, la media de la mano de obra que trabaja en negro en el sector privado es el 11.6% del total, lo que supone el 16,4% del valor bruto añadido según un estudio de la dirección general de empleo de la Comisión Europea fechado en 2017 con datos del 2013. A pesar de que las variables son diferentes, los resultados son muy parecidos en cuanto a la brecha Este- Oeste y Norte- Sur. Polonia, Rumanía y Lituania son los campeones de la economía sumergida según este análisis, frente a Reino Unido, Alemania y Holanda cuyo porcentaje de mano de obra fuera del radar del fisco se sitúa en una cifra inferior 3%. Si se toma en cuenta el valor bruto añadido, la media europea es del 16,4%. Una cifra superada por España con un 17,9%.

Si se estudia la estructura del trabajo en los países europeos, el 61, 8% de la economía sumergida se produce en una relación entre empleador y asalariado mientras que el 37,7% se refiere a los autónomos y un 0,3% corresponde al trabajo dentro de los negocios familiares.

Una cosa son los datos y otra la sinceridad. En un eurobarómetro publicado en marzo de 2014 sobre este tema, el 30% de los griegos reconocieron haber adquirido bienes y/o servicios en negro el año anterior, seguidos de los holandeses (29%), los letones (28%), daneses y malteses (23%). En el otro lado de la balanza, se situaron Reino Unido y España (8%), Alemania (7%) y Polonia (5%). Los sectores con mayor proporción de ingresos no declarados se sitúan según esta encuesta en las reparaciones y rehabilitación (29%), averías del coche (22%) limpieza de hogar (15%) y comida (12%).

Según este eurobarómetro, uno de cada tres europeos conocen a alguien que trabaja en negro. Sobre la proporción de ciudadanos que ha llevado a cabo una actividad no declarada el año anterior, Lituania, Holanda y Estonia se sitúan en cabeza con el 11%. El incremento mayor desde 2007 se produce en España y Eslovenia (dos puntos). El 58% de los encuestados que han llevado a cabo alguna actividad de trabajo no declarado dicen no haber sufrido ninguna consecuencia por esta actividad ilegal.

En los países del Sur, los encuestados justifican la economía sumergida en la dificultad para encontrar un trabajo (41%), la carencia de otra fuente de ingresos (26%) o lo habitual de esta práctica en su sector o su región (21%).