Miles de empresas, abocadas a endeudarse para pagar impuestos

La medida más relevante que ha aprobado hasta la fecha el Gobierno de PSOE-Podemos para contrarrestar los efectos económicos de la devastadora pandemia a la que nos enfrentamos ha sido una línea de avales públicos sobre deuda empresarial por importe de 100.000 millones de euros. El Estado español le garantizará a la banca el repago de la deuda de aquellas compañías a las que financie o refinancie, de modo que ésta tendrá menos reparos en extender su crédito hacia la economía real. En un comienzo, el programa de avales parecía destinado a garantizar el 100% del importe de tales deudas corporativas, lo cual habría sido un muy grave error (ya que habría incentivado a la banca a comportarse irresponsablemente al saber que cualquier financiación que otorgase se hallaría cubierta por el contribuyente), pero finalmente la primera línea de avales oficiales, cuantificada en 20.000 millones de euros, incluirá juiciosamente una cierta corresponsabilidad entre el sector público y la banca: el Estado avalará el 80% de la deuda de pymes y autónomos (de modo que el 20% del riesgo seguirá siendo imputable a las entidades financieras) y entre el 60%-70% para el resto de compañías. Aunque sean porcentajes demasiado elevados (uno desearía una mayor corresponsabilidad de la banca), al menos se ha evitado un riesgo moral generalizado: los bancos seguirán teniendo que seleccionar qué proyectos financian o refinancian atendiendo a su viabilidad esperada. Ahora bien, pese a que el Gobierno sí ha rectificado (o matizado) acertadamente su propuesta inicial de avales totales, hay un aspecto que sigue siendo del todo absurdo dentro de su plan: su negativa a prorrogar el pago de aquellos impuestos que recaen sobre el tejido empresarial.

Por ahora, el Ejecutivo únicamente va a permitir que empresas y autónomos retrasen seis meses el abono de tributos por un importe de hasta 30.000 euros. En la práctica ello significará que la muy escasa liquidez de empresas medianas y grandes se verá drenada por el ansia recaudatoria de Hacienda, lo cual abocará a muchas de esas compañías a tener que endeudarse para pagar impuestos. He ahí, pues, el despropósito último del plan gubernamental: otorgar hasta 100.000 millones de euros en avales para que las empresas, en parte, puedan endeudarse a fin de pagar los impuestos a Hacienda. ¿No sería mucho más sencillo emular a, por ejemplo, la Comunidad de Madrid y decretar un aplazamiento general de todos los impuestos mientras dure la emergencia sanitaria? ¿Qué sentido tiene consumir los avales en deuda dirigida a cubrir los desembolsos fiscales? Parece que la voracidad recaudatoria del Fisco no conoce límites, ni siquiera en medio de la mayor pandemia del último siglo que amenaza con llevarse por delante al conjunto de la economía española.