Estas son las medidas de protección del alquiler durante el estado de alarma

Tal y como se esperaba, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy un paquete de medidas para ayudar a afrontar el pago del alquiler a los colectivos más vulnerables que se han visto afectados por la crisis del coronavirus y no pueden asumir la renta. El encargado de presentar el plan ha sido el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2020, Pablo Iglesias, todo un gesto indicativo de la creciente influencia que Unidas Podemos están teniendo en las decisiones económicas que está adoptando el Gobierno de Pedro Sánchez para combatir el coronavirus. Sobre todo, teniendo en cuenta que ha sido el Ministerio de Transportes el que ha llevado el peso del diseño del plan. El Ejecutivo ha acordado la suspensión de los desahucios de las familias sin alternativa habitacional durante un periodo de seis meses para que “nadie se quede sin casa durante la crisis” ahora que la vivienda se ha convertido en la “trinchera” para resistir al virus, ha explicado Iglesias. Además, ha acordado prorrogar de forma extraordinaria también por 6 meses la vigencia de los contratos de alquiler de vivienda habitual que venzan en los tres meses siguientes a la entrada en vigor de la norma para evitar subidas abusivas aprovechando el Covid-19.

El Ejecutivo también ha acordado que quien caiga en situación de vulnerabilidad pueda acogerse a un microcrédito que dará el Estado a un tipo de interés del 0%, a devolver en 6 años ampliables a 10, siempre que su casero rehúse en un plazo de una semana aplazar el pago del alquiler o encontrar una alternativa. El préstamo será finalista y, como tal, se pagará directamente al arrendador. Las condiciones de “vulnerabilidad” para acogerse a estos créditos serán “amplias, no restrictivas, pues podrá acogerse gente que esté en ERTE, gente con reducciones de jornada o autónomos con ingresos reducidos”, según ha explicado Iglesias. Para beneficiarse de los créditos, los peticionarios deberán acreditar que en el mes anterior a la solicitud los ingresos de los miembros de la unidad familiar no alcanzan el triple del IPREM (el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, que equivale a 537,84 euros mensuales) con algunos multiplicadores en caso de que tengan hijos o personas al cargo. Otro supuesto será que la renta de alquiler más los gastos comunes supere el 35% de los ingresos netos del hogar. Para articular estos créditos, el Estado se servirá una línea de crédito del ICO. Si después de la crisis se mantiene la vulnerabilidad de alguna familia, será el Estado el que pagará la deuda del alquiler. Para ello, concederá ayudas de hasta 900 euros al mes y 200 euros para gastos de suministros o mantenimiento por una cuantía total de hasta 100 millones de euros que serán consignados adicionalmente en el Plan Estatal de Vivienda 2019-2021. “Si se produce una situación en que hay inquilinos en situación de vulnerabilidad que, tras recibir los préstamos a coste cero no pueden pagar, el Estado no les va a dejar tirados y se va a ocupar de garantizar que nadie pueda ser expulsado de su casa por no pagar el alquiler", ha insistido Iglesias.

Grandes tenedores

En lo que se refiere a los grandes tenedores de vivienda -los que posean más de diez inmuebles-, el Ejecutivo considera que “deben arrimar un poco el hombro y hacer un esfuerzo como todo el mundo”. Por este motivo, el Gobierno ha incluido la propuesta de Unidas Podemos que obligará a estos tenedores a hacer una quita del 50% o bien reestructurar en 3 años la deuda que contraerán con ellos los inquilinos con la moratoria de pagos de un máximo de cuatro meses acordada. En cualquier caso, estas personas también pueden acogerse a las líneas de ayuda pública, según el Gobierno. Iglesias ha considerado muy importante hacer esta distinción entre grandes y pequeños tenedores porque "no es lo mismo una pareja de jubilados que reciben una pensión baja y que la complementan con la renta de un piso o un local que han comprado tras toda una vida de trabajo que alguien que tenga quince o veinte viviendas alquiladas o un fondo buitre con miles de viviendas y locales”, ha defendido.

El Gobierno también ha ampliado la moratoria del pago de hipotecas a los autónomos, que podrán beneficiarse de ella para sus locales u oficinas en caso de que hayan tenido que cerrar su negocio por el estado de alarma o cuyos ingresos hayan caído significativamente. Además, ha simplificado los criterios de vulnerabilidad para que no den lugar a interpretaciones que limiten derechos, tal y como reclamaban organizaciones de consumidores.

Rechazo del sector

Aunque el vicepresidente de Derechos Sociales ha asegurado que, según los cálculos de los técnicos, estas medidas destinadas al alquiler pueden beneficiar a 500.000 familias que están en situación de vulnerabilidad, desde el sector inmobiliario consideran que tanto los microcréditos como las quitas no van en la buena dirección. La sociedad de tasación Tinsa cree que el decreto plantea dos grandes cuestiones “de difícil evaluación actual”. Cuestiona la “eficacia en el corto y medio plazo” ante la ausencia de situaciones análogas y la “repercusión futura del aumento exponencial del déficit público en economías ya altamente endeudadas como la española”.

Arrenta, la compañía del sector de seguros de impago del alquiler, indica que las medidas “no fomentan el acuerdo y la negociación generalizada entre propietarios e inquilinos, que es la mejor fórmula para superar una crisis puntual en el alquiler como la actual”. Sobre la gestión de microcréditos, opina que “es compleja y podría llegar ser ineficaz si se solicitan masivamente”.

El consejero delegado de Alquiler Seguro, Antonio Carroza, señala que se va a producir un desplazamiento de la demanda de inquilinos hacia las viviendas de grandes tenedores. Carroza explica que el Gobierno “está fomentando la figura de gran tenedor que va a ofrecer más soluciones” y subraya que “deja la puerta abierta a los casos de morosidad”.

Para el director de Estudios de “pisos.com”, Ferran Font, las familias que vivan de alquiler en una vivienda de un propietario de menos de 10 inmuebles “seguirán teniendo que llegar a un acuerdo con él”. Font cree que las medidas “son difíciles de entender y se puede dar una fuga de oferta de alquiler hacia la compra” y apostilla que éstas “no ayudan a calmar a un sector que necesita estabilidad”. Añade sobre las quitas a las empresas tenedoras que “impactará en las cuentas de resultados y es posible que a la postre implique nuevos ERTES en las propias compañías”.

El jefe de estudios de Idealista, Fernando Encinar, opina que “es posible” que el decreto “solucione el presente inmediato, pero desde luego no parece preocuparse de las consecuencias que sus medidas puedan tener para las personas en el medio o el largo plazo”. “Cuando la situación se normalice” -prosigue- “es indudable que el alquiler se endurecerán los criterios para poder acceder a la vivienda a los grupos que ahora se pretende proteger lo que les dejará más desprotegidos a futuro”.