Salud y depresión económica: resarcimiento de los perjuicios causados por el mal funcionamiento de la Administración Pública

Ante una situación como la que estamos viviendo en la actualidad, desde el confinamiento y, a pesar del tiempo que dedicamos al teletrabajo para poder seguir atendiendo a nuestros clientes puntualmente, no es poco el tiempo que tenemos para reflexionar sobre lo sucedido, sobre el drama humano que vivimos día a día , sobre qué será de todos nosotros, de nuestras familias y de nuestra querida España el día después de este infierno y sobre si todo esto fue, en alguna medida, evitable o al menos si se pudo hacer algo para minimizar o reducir los efectos letales de una pandemia, legalmente declarada por la OMS.

Los que además, en algún momento de nuestras vidas nos tocó estar o gestionar otras crisis y momentos duros vividos en nuestro país, no podemos también evitar el pensar en los que ahora están “a pie de obra”, tomando decisiones sin duda extremas y difíciles y sometidos a la lógica crítica social y presión política, y sobre todo no podemos dejar de admirar, valorar y reconocer el valor, la entrega generosa, el trabajo y la profesionalidad de nuestros excepcionales profesionales sanitarios, de nuestro ejército y de los ejemplares cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Tenemos un gran país aunque en muchas ocasiones no lo valoremos y pensemos que “lo de los demás es mejor”. Ahora bien, el reconocimiento de todo esto no nos puede impedir ser objetivos y analizar la historia reciente, los datos, las decisiones, las responsabilidades, las competencias y las consecuencias de las decisiones que se vienen adoptando por el impacto del Covid-19, con toda frialdad y con todo rigor jurídico. Lo que ha pasado y lo que está pasando tiene una enjundia incuestionable y requiere que vayamos colocando cada cosa en su sitio y cada responsabilidad en su lugar, sin demagogias doctrinarias, sin oportunismos políticos, y sin grandilocuentes discursos mas “exculpatorios” y de “preconstitución de prueba” que “de Estado”.

Acudiendo a las hemerotecas y en un mundo absolutamente interconectado por las nuevas tecnologías, a cualquier ciudadano curioso le resulta muy fácil acceder a toda la información necesaria , nacional e internacional, para saber que pasó desde el “paciente cero” de Wuhan hasta el “paciente cero” de España y para saber qué se hizo (en su mas amplia expresión) desde tal momento hasta su llegada a España y qué se hizo desde su llegada a España (paciente de la Gomera, según se comunicó, procedente de Alemania) hasta el día de hoy.

Es un esfuerzo y tarea inútil el intentar manipular datos, informes, fechas, noticias, y situaciones contrastadas y contrastables para construir un “relato cómodo” que difundir a la opinión pública, que tranquilice conciencias inquietas y que avalen una eficiencia y diligencia de la Administración, desde luego en absoluto creíble para el profesional y el ciudadano a la vista de en donde estamos hoy. Alguien debe de reflexionar sobre los más de diez mil muertos que ya tenemos al día de la fecha, porque pesan y pesarán cada día más, y hacen ya inviable un discurso exculpatorio amparado por el socorrido concepto de “pandemia global” que se pretende utilizar, cada día más, como un eximente de responsabilidad.

Nadie puede dudar que ante la constatación de la gravedad de la situación en España por el Covid-19, lo primero ha sido y debe de seguir siendo la vida y la salud de nuestros ciudadanos, y que esta premisa ha guiado las decisiones de nuestros responsables políticos, pero la cuestión no es esta, la cuestión es si esta “constatación de la gravedad” se hizo en el momento objetivo y real oportuno, o si por motivos varios, y muchos de ellos en la mente de todos, se miró para otro lado y se pospuso dicha constatación (y por tanto, la adopción de medidas preventivas urgentes de choque) a un momento político “cómodo”, anteponiendo objetivos políticos a objetivos de salud pública. Pues bien, los datos objetivos conocidos hasta la fecha, informes varios y advertencias múltiples desde diferentes fuentes expertas, apuntan con alta fiabilidad a que, con datos científicos contrastados más que suficientes sobre la mesa, no se tomaron decisiones que, si bien es obvio que probablemente no habrían impedido la llegada o la propagación del Covid-19 en España, es más que probable que hubieran reducido muy significativamente los daños en salud pública y en pérdida de vidas humanas, y consecuentemente también los muy graves, pero menos relevantes por comparación, daños económicos.

Si esto es así, y hoy todo apunta a que lo es, la Administración y sus responsables deben responder. No me refiero a responsabilidad política, que al margen de lo que hagan los partidos políticos, serán los ciudadanos, cuando toque, en las urnas, los que sentencien con su inapelable criterio. Me refiero a la responsabilidad constitucionalmente reconocida de la Administración y de sus responsables públicos por el anormal funcionamiento de los servicios públicos. Sin duda habrá que valorar caso a caso, situación por situación, daño a daño y muerte a muerte y necesitaremos jueces con voluntad y decisión de buscar soluciones justas para pretensiones razonables y fundadas. Igualmente, tendremos que evaluar el “reparto de responsabilidades” entre administraciones, sin perder de vista las contundentes competencias estatales (RD.454/2020 de 10 de Marzo, Art. 3.8,d) y e) y RD. 463/2020 de 14 de Marzo (art.12.1) colocando las cosas en sus justos términos. No deberíamos ponernos de espaldas y olvidar lo sucedido, pasar página y pensar que se hizo lo que se pudo, como se pudo y cuando se pudo, porque en salud pública, esto no es suficiente y hoy todos los datos apuntan a que no ha sido así.

Caso aparte es, sin duda, el de los profesionales sanitarios o los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que por falta de medios y equipos de protección física adecuados se ven expuestos día a día al contagio, con grave riesgo para la salud y con trágicas perdidas humanas. Los elevados ratios de contagio de profesionales, comparados con cualquier otro país en similares condiciones, lleva a pensar, nuevamente, en indicios más que racionales de falta de diligencia en el capítulo de la previsión y a la hora de preservar su integridad física y seguridad laboral. Ahora bien, habrá que determinar el por qué se llega a esta situación de imprevisión y de falta de medios de protección y, una vez más, si la misma era previsible , evitable, o al menos se podía minimizar su impacto. En todo caso, es obvio que estos profesionales -que por profesión y vocación se entregan en cuerpo y alma a salvar vidas- tienen los mismos derechos a ser resarcidos e indemnizados por los riesgos, daños y perjuicios sufridos, aunque la casuística y la fundamentación jurídica de sus peticiones sea muy específica.

Tras analizar las posibles responsabilidades por lo más grave y trascendente, creo que toca hacer una breve reflexión sobre los diferentes paquetes de medidas económicas adoptados y sobre sus consecuencias en la economía , y en los bolsillos de empresas, profesionales , comercios y, en general, en todos ciudadanos; sin olvidar que la mayoría de las medidas son para paliar los efectos de decisiones previamente tomadas por el propio Gobierno como ha sido el “cierre de España” en dos fases sucesivas, posiblemente a destiempo, pero motivadas por las recomendaciones de la OMS. El tema no es baladí, toda vez que cabe pensar tanto en daños económicos indemnizables por el mal funcionamiento de la Administración como, fundamentalmente, en daños económicos, igualmente indemnizables, simplemente por ser consecuencia de la aplicación y desarrollo del estado de alarma decretado por el Gobierno ( Art. 3.2 L.O. 4/1981). En este segundo ámbito, no cabe duda que la obligación del Gobierno y de las administraciones públicas es aprobar todo tipo de medida económica y social que palíe o mitigue los efectos del COVID 19 en la economía española, no ya para evitar la que parece inevitable recesión económica, sino para evitar entrar en una depresión que nos llevaría a una auténtica situación de crisis estructural, con una muy larga y difícil salida de ella y con un coste social extremo.

No debemos olvidar que las medidas de apoyo y estímulo aprobadas no son medidas indemnizatorias para nada y para nadie. Son medidas para mitigar el impacto económico del “parón” decretado para ralentizar y evitar los contagios entre la población. Por lo tanto, tendremos que analizar también, caso por caso, empresa por empresa, profesional por profesional y negocio por negocio, la inmensa casuística que se producirá para valorar una posible reclamación indemnizatoria al margen de las medidas de apoyo a las que cada uno se haya podido acoger, que, por otra parte, en su mayoría no son más que diferimientos del pago de obligaciones. También en este caso habrá que deslindar responsabilidades entre administraciones y confiar en los órganos judiciales sensibles a la situación y a la dimensión de sus consecuencias en lo humano y económico.

En definitiva, cuando la situación sanitaria y asistencial se estabilice, y cuando el estado de alarma haya cesado llegará el momento de analizar lo que ocurrió, por qué ocurrió y si se pudo prevenir, evitar o mitigar. Sera el momento de analizar y deslindar responsabilidades de administraciones y de personas. Deberemos calificarlas jurídicamente con prudencia y objetividad y tendremos que buscar fórmulas legales y procesales para resarcir a todos y a todas de los daños, perjuicios y secuelas que el Covid-19 y sobre todo que la imprevisión y la deficiente gestión del Covid-19 está produciendo. Hay precedentes de indemnizaciones masivas por crisis médicas, el caso de los contagios de sida por transfusiones y el de consumo de aceite de colza desnaturalizado, son dos ejemplos, sin duda a años luz de lo que hoy tendríamos entre manos con el coronavirus.

Los despachos profesionales y los abogados, tendremos que intentar, en los próximos meses, poner cordura, objetividad y racionalidad jurídica y procesal a las múltiples demandas que, cabe esperar, se planteen, para llevar las legitimas y lógicas pretensiones indemnizatorias de los afectados al terreno de lo justo y de lo posible. Esperemos que las administraciones no opten por instalarse en litigios interminables, aunque tampoco olvidemos nunca que estas indemnizaciones las pagaremos todos, será un nuevo acto de solidaridad y justicia colectiva del pueblo español que permitirá cerrar una página triste de la historia de España y mirar al futuro con la dignidad de no haber dejado a nadie “en la cuneta”. La responsabilidad personal de algunos responsables públicos y su calificación jurídica, será otro tema.