Dos meses de estado de alarma se comen cuatro años de crecimiento

Un martes 11 de febrero, el Gobierno presentaba su cuadro macroeconómico hasta 2023 en el que apuntaba a la desaceleración, por el menor tirón de la demanda interna, como causa principal de la rebaja de dos décimas en el crecimiento previsto para 2020 hasta situarlo en el 1,6%, lo que denotaba el enfriamiento tras el cierre de 2019, en el que la economía creció un 2%, también lejos del 2,6% registrado en 2018. Pese a todo, el valor del PIB a precios corrientes de 2019, situado en el nuevo máximo de 1.245.331 millones de euros, avanzaría en casi 20.000 millones. Con los primeros casos de coronavirus aún focalizados en las Islas Canarias, a pocos días de que se detectaran en la Península, la ministra de Economía vaticinaba crecimientos de 1,5% para 2021, 1,6% para 2022, y 1,7% para 2023 y aseguraba, sin titubear, que era un escenario «prudente» y que el crecimiento era más «robusto y equilibrado» que antes de la crisis. En esos castillos en el aire de Calviño, la tasa de paro –situada en el 14,1%– caería en 2020 al 13,6% y al 13% en 2021 para situarse por fin en el umbral del 12% (12,6%) en 2022. Un día después de que el Gobierno presentará esas previsiones, China notificaba un fuerte número de muertes a causa del Covid-19 (242) con casi 15.000 infectados.

Tan solo un mes después, el jueves 12 de marzo, forzado por la expansión del virus detectada tras el primer fin de semana completo del mes y tras las polémicas marchas feministas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba un plan que movilizaba hasta 18.225 millones de euros para «paliar» el impacto del virus tras un Consejo de Ministros extraordinario. El grueso de dicho plan eran aplazamientos y fraccionamientos de las deudas tributarias para las pymes durante seis meses sin intereses, lo que permitía «inyectar» 14.000 millones. Una tirita para cerrar la apertura en canal que se cernía sobre la economía. El viernes 13 de marzo se anunciaba la aprobación del estado de alarma, en vigor desde el sábado 14 de marzo.

Hoy, tras dos meses de excepcionalidad bajo este estado de alarma que incluyen la polémica «hibernación» de la economía durante 10 días naturales aprovechando la Semana Santa, la nula anticipación y las decisiones adoptadas no solo dejan un saldo desolador en el balance de víctimas, sino que la economía se ha dejado 134.000 millones de euros por el camino en términos de PIB, un retroceso de cuatro años, hasta los niveles de 2016. Esa es la diferencia entre aquel crecimiento del 1,6% previsto a mediados de febrero y la «comedida» previsión del Gobierno en la nueva actualización del escenario económico remitida recientemente a Bruselas: un desplome del PIB del 9,2% para este año, el mayor hundimiento desde la Guerra Civil. Un desplome comedido, porque el Banco de España aventura cifras incluso más dramáticas, que podrían alcanzar el 13,6% de caída del PIB en el peor escenario, con repunte de la enfermedad en otoño. Y no le falta razón al Banco de España porque solo entre enero y marzo, en los tres meses que no contemplan el peor tramo del estado de alarma y el confinamiento, el PIB cayó un 5,2%, algo más de la mitad de lo que prevé el Gobierno para todo el año.

Pero los dos meses de estado de alarma no solo han volatilizado cuatro años de crecimiento sino que, en términos de empleo, implican otros cuatro años perdidos en creación de puestos de trabajo. La tasa de paro, que apuntaba un lento transcurrir hacia cifras precrisis, con cerca de 250.000 empleos nuevos creados este año pese a la desaceleración, se situará, según el propio Gobierno, en el 19%, una tasa cercana a la de 2016 (20%) y muy alejada del 13,6% prevista en febrero. Y eso sin contar los cuatro millones de trabajadores que se encuentran cubiertos por un ERTE, que el Ejecutivo espera reincorporar con la resurrección en «V» asimétrica. Por contra, el Banco de España avanza que el paro podría alcanzar el 21,7%, a niveles de 2011.

Previsiones desajustadas

Sánchez confía en que el PIB crezca un 6,8% en 2021 con una aceleración en el segundo trimestre, pese a lo cual el cierre del año estaría un 5,7% por debajo de las previsiones pre-Covid. Así, el propio Gobierno admite que el nivel de PIB en el último trimestre de 2021 estaría un 2,7% por debajo del nivel de PIB alcanzado dos años antes (último trimestre de 2019), por lo que no se alcanzarían niveles de PIB semejantes al cuarto trimestre de 2019, hasta 2022. Casi tres años perdidos.

Porque con casi el 40% del mercado laboral afectado entre los 3,8 millones de trabajadores en ERTE, los 1,4 millones de autónomos afectados y los 3,9 millones de parados de abril, y la lluvia de prestaciones por desempleo –que han marcado un récord de 5,2 millones y un gasto de 4.512 millones en un mes–, el lastre se antoja asfixiante y largo, según las previsiones de la Airef, que vaticina que solo se recuperará en 2021 una cuarta parte del empleo perdido este año.

Por último, queda el lastre del gasto desbocado. El déficit público que apuntaba al 1,8%, quedará en el 10,34% del PIB, y la deuda pública, que se preveía cerrar en el 94,6%, lo hará en el 115%. Según el Gobierno, porque la Airef cree que el agujero fiscal podría ser 43.000 millones superior al previsto.