El pago en efectivo, un método seguro ante la apertura del comercio por la desescalada

Cuando la pandemia del coronavirus se empezó a extender, una de las recomendaciones que se hicieron fue la de no utilizar dinero en efectivo para reducir el riesgo de contagio. Pero, semanas después, la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) desmintió que tal posibilidad fuera real. No obstante, muchos comercios siguen albergando dudas. Eso creen desde la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser). En un comunicado, y de cara a las próximas aperturas y fases de desescalada, esta organización ha recordado que “el dinero en efectivo debe considerarse un sistema de pago tan válido como cualquier otro para retornar progresivamente hacia la normalidad”. En su opinión, la recomendación de evitar el uso del efectivo “sin ninguna evidencia científica que lo corrobore solo conduce a la desinformación, especialmente cuando incluso estudios anteriores sobre la pervivencia del virus indicaban que la duración en papel (billete) es incluso menor que en el plástico (tarjeta) siendo este uno de los materiales donde más persiste”.

Para la asociación, que representa a compañías como Prosegur, Loomis, Ilunion, Securitas o Eulen, “es primordial que en este nuevo escenario se abogue por la racionalidad, siempre teniendo como máxima prioridad la salud de los ciudadanos, por lo que pagar en efectivo ha de seguir siendo considerado como un método válido y seguro”.

Método universal

Aproser ha asegurado que “el efectivo es un medio de pago universal e inclusivo que favorece la confianza de un gran número de ciudadanos”. Un 74% de los españoles opta por el efectivo para hacer frente a sus gastos diarios, especialmente para importes de menos de 20 euros, y principalmente en tiendas pequeñas o de barrio, y hostelería, como ha recordado la organización. En su opinión, “limitar el uso del efectivo no solo no evita un posible contagio, sino que, tal como se ha manifestado desde el Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada, impacta de forma muy directa en los colectivos más desfavorecidos de la sociedad cuyo nivel de bancarización es muy inferior, que dependerían para los actos de su economía doméstica de la decisión de las entidades bancarias o de los grandes proveedores de internet. En particular, para los más de 3,3 millones de parados que existen en España y, en general, para los 12,3 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social”.

La asociación también asegura que afecta muy directamente a los más de 9 millones de pensionistas, de los que más de 2 millones no viven acompañados, “y que desde siempre realizan sus pagos y operaciones comerciales de forma muy mayoritaria mediante dinero físico”. También considera que dificulta o impide que la población más joven pueda realizar cualquier tipo de compra habitual del día a día, al no tener acceso a las tarjetas bancarias.