Málaga, primera provincia española en la que el número de vehículos VTC supera al de taxis

El mercado de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) con los que operan las plataformas Uber, Cabify y Bolt sigue al alza. A 1 de julio, había en España 21.458 autorizaciones en vigor, frente a las 21.285 que tenía consignadas el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Frente a ello, el número de autorizaciones de taxi ascendía a 63.015.

Aunque en el caso de las VTC se trata de un modesto avance, este mes se ha registrado sin embargo un sorpaso histórico ya que, por primera vez, en una provincia española, Málaga, el número de autorizaciones VTC ha superado al de taxi. Así, los permisos de vehículos con conductor han alcanzado los 2.754 en la provincia andaluza, por los 2.749 de taxis contabilizados en la estadística de Transportes.

Aunque en el resto de provincias andaluzas los taxis siguen siendo mayoritarios, lo cierto es que su crecimiento parece garantizado después de que desde el 1 de enero hasta mediados de abril la Junta haya recibido 1.373 solicitudes para nuevas licencias. Ante tal avalancha, el Gobierno andaluz anunció a principios de junio que suspendía por decreto ley las autorizaciones ordinarias de nuevas licencias de VTC durante dos meses para endurecer los requisitos de concesión de permisos.

Madrid sigue siendo la provincia en la que más licencias VTC hay en toda España. Las 8.902 autorizaciones -nueve menos que el mes anterior- superan con creces la regla de una por cada treinta de taxi que fijó el conocido como "decreto Ábalos" al haber 15.998 taxis. Y la justicia, además, ha desbloqueado miles más en la región. Cabify confirmó en abril que la Comunidad de Madrid le había concedido 8.500 autorizaciones que tenía recurridas en los tribunales. El Gobierno regional impuso a la plataforma la condición de ponerlas en marcha de forma inmediata.

Y no serán las únicas que según Cabify llegarán al mercado. La compañía ha advertido de que hay otros paquetes de licencias reclamadas al Tribunal Supremo que alcanzan las 35.000 en toda España y que -previsiblemente- van a seguir el mismo curso judicial que han seguido las ya reconocidas por la Comunidad de Madrid. La compañía asegura que sus procesos judiciales se resolverán en los próximos meses.