Las subvenciones suman ya 14.000 millones

España batió récords de recaudación el año pasado. Aún así, el déficit público aumentó un 2,8%. Es decir, ni siquiera son más recursos se pudo hacer frente al ingente gasto del Estado pese a que, como refleja la OCDE, la presión fiscal española asciende al 39,4%, en contraste con la del resto de países miembros, cuya media es del 36,1%. Mientras, la casi inexistente deuda del país a principios de siglo se ha ido al 100% del PIB y las previsiones post-Covid del Banco de España la sitúan en el 122%.

¿En qué se está utilizando los recursos que generan este enorme agujero? Las pensiones están detrás de buena parte de este gasto adicional, pero además, España concede subvenciones anuales por valor de 14.000 millones de euros, un 1% del PIB y una cifra catorce veces superior a la destinada a material sanitario, según un estudio de la Fundación Civismo. Sus autores, Francisco Coll y José Francisco López, indican que suprimir este gasto permitiría aliviar un 10% el déficit que, según previsiones del Banco de España, tendrá el país en 2021 a causa del Covid-19, y que cerró 2019 en el 2,8% del PIB (tres décimas más que el ejercicio anterior y por encima del compromiso del 2%).

Esta rebaja del agujero presupuestario que supondría la eliminación de las subvenciones contrasta con la que provocarían otras medidas como la reforma del IRPF que propone Unidas Podemos, y que, con unos ingresos adicionales de 328 millones de euros, solo supondría una reducción del déficit del 0,3%. Lo mismo menguaría si se acabara con las SICAV (entre 300 y 350 millones de euros); un 0,77% por la Tasa Tobin (que generaría 850 millones de euros); y un 1% por el impuesto a la banca que se pretende implantar con el fin de recuperar el capital desembolsado para rescatar a las cajas de ahorro, en el caso de que con él se recaudaran 1.200 millones de euros más.

Un porcentaje similar al de las subvenciones, también en torno al 10% del déficit, podría lograrse con la tasa Covid que el Gobierno propone aplicar, pero ello sin contar con que los 11.000 millones de ingresos extra que prevé Unidas Podemos estén sobreestimados, al no contemplar externalidades negativas de este impuesto en las grandes fortunas, en forma de fuga de capitales, prosigue el documento.

Inversiones con resultados en lugar de ayudas

La cuantía de las subvenciones se ha incrementado en España un 210% en los últimos 25 años. Sin embargo, como señalan los autores del informe, el problema no reside en su importe, sino en la falta de control y seguimiento. Así, el estudio detecta varias deficiencias graves en el sistema de concesión, como la falta de homogeneidad que implica la descentralización autonómica en esta materia, las duplicidades, que los Programas Estratégicos de Subvenciones (PES) no contengan información sobre los impactos que estas generan, que no se liguen a objetivos estratégicos definidos y perseguidos por la comunidad autónoma, la falta de transparencia (dado que, en muchas ocasiones, los PES no se publican por no cumplir los requisitos), o el abuso de la concesión directa, que dificulta la medición de objetivos y va en contra de lo estipulado en la propia Ley General de Subvenciones (LGS).

Por ello, el informe aboga por la puesta en marcha de mecanismos de control que traten de convertir las subvenciones en inversiones, ya que resultarían mucho más productivas en un escenario de déficit y deuda como el actual. “No sirve de nada gastar dinero público sin control si posteriormente no se hace un seguimiento para evaluar el efecto de esas entregas en la economía real”, apunta Coll.