El ingreso mínimo dejará en la cuneta a 2,5 millones de pobres severos

Se mire como se mire, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que el Gobierno tiene previsto aprobar hoy, destinado a aliviar la situación económica de 850.000 hogares sin recursos, dejará en la cuneta a millones de personas que viven en la pobreza severa o bajo el umbral de la pobreza, y a quienes esa prestación no llegará a sus paupérrimos bolsillos. Según el Ministerio de Seguridad Social, alrededor de 2,3 millones de personas se beneficiarán del IMV, en cantidades que van desde los 462 euros mensuales para un adulto sin hijos a los 1.015 euros para hogares de cuatro adultos con varios hijos.

Unos cálculos que se quedan muy cortos, ya que en España hay actualmente, según la última encuesta de condiciones de vida que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), cerca de 4,8 millones de personas en situación de pobreza severa, aquellas con unos ingresos anuales inferiores a los 6.000 euros, lo que significa que al menos 2,5 millones de pobres quedarán en la estacada.

Sólo en la Comunidad de Madrid hay más de un millón de personas en situación de exclusión social –el 16,2% de la población–, según revela el último informe de la fundación Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (Foessa) auspiciado por Cáritas. De esa cantidad, casi medio millón sufren exclusión severa, lo que significa que se enfrentan a barreras como vivienda insegura e inadecuada, desempleo persistente, precariedad laboral extrema, invisibilidad para los partidos y dirigentes políticos...

«Hoy en día una persona puede estar incluida en la sociedad, tener trabajo, hacer vida social, y sin embargo ser pobre, porque sus ingresos son muy bajos y ni siquiera le permiten cubrir sus gastos básicos», puntualiza José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. «Claro que los 4,8 millones de personas que sufren de pobreza severa deberían recibir el IMV, pero es mejor lo que hay que nada. Está claro que algo hay que hacer. No podemos descargar esta situación de extrema precariedad en las colas del hambre, en la beneficencia o en los bancos de alimentos. Esta grave situación necesita regularse a través de la justicia social».

En su última memoria, presentada a finales del pasado año, Cáritas va más allá y sostiene que la exclusión social «se ha enquistado y afecta a 8,5 millones de personas. Además, 1,8 millones malviven en el extremo de la exclusión más severa». Es lo que se llama «sociedad expulsada». Cáritas echa por tierra el estereotipo de que los ciudadanos extranjeros copan sus recursos, ya que más del 60% de sus beneficiarios son españoles. Y recuerda cuál es el perfil medio de las personas a las que atiende: mujer, española, entre 30 y 54 años, con hijos a su cargo, que lleva más de cuatro años recibiendo ayuda y que alterna periodos de trabajo precario con la búsqueda de empleo.

Tampoco sale muy bien parado el IMV si lo comparamos con las estadísticas comunitarias. Éstas recuerdan que de los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE), España es el séptimo con mayor tasa de pobreza y exclusión social: afecta al 26,1% de la población, es decir, a una de cada cuatro personas. En efecto, según el IX informe anual sobre el riesgo de pobreza y exclusión, realizado por el European Anti Poverty Network (EAPN, o Red Europea contra la Pobreza), en España hay actualmente 12,3 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social.

Las cuantías del IMV, uno de los proyectos estrella del Gobierno de coalición PSOE-Podemos para esta legislatura, tampoco resisten bien la comparación con los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), conocida el pasado mes de abril, según la cual en España hay 1,1 millones de familias con todos sus miembros en paro y 600.000 hogares a los que no llega ningún ingreso. Conviene recordar que el umbral de pobreza en nuestro país lo marcan unos ingresos de 8.871 euros anuales en hogares unipersonales, y de 18.629 euros anuales en las familias formadas por dos adultos y dos niños.

Sin embargo, y pese a que el IMV dejará sin cobertura a un importante segmento de la población más necesitada y desfavorecida, al menos vendrá a subsanar parcialmente las enormes lagunas de las rentas mínimas de inserción (RMI) que gestionan las comunidades autónomas, destinadas a familias sin recursos económicos para atender sus necesidades básicas.

El dato resulta demoledor: hoy por hoy, y hasta la entrada en vigor del IMV impulsado por el Gobierno Sánchez-Iglesias, el 90% de los pobres en España no recibe ninguna ayuda del Estado. Y apenas el 7,5% de los ciudadanos que viven bajo el umbral de la pobreza reciben las RMI autonómicas. Con un pesado lastre añadido: las extremas desigualdades en la percepción de esta ayuda en función del lugar de residencia de los beneficiarios. Así, en el País Vasco las rentas mínimas de inserción llegan al 71% de la población en riesgo de exclusión y pobreza, mientras que en comunidades como Castilla-La Mancha sólo alcanzan al 1,6%. Incluso en la rica Comunidad de Madrid, este tipo de prestación sólo va a parar a los bolsillos del 10,5% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza. Y una última muestra de la enorme desigualdad territorial: el País Vasco y Extremadura son las comunidades autónomas con menor y mayor tasa de pobreza; afecta al 8,9% de la población vasca y al 37,6% de los extremeños.

Ramírez Navarro, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, una de las organizaciones a las que el Ministerio de Seguridad Social ha consultado los términos del Real Decreto que regula el ingreso mínimo vital, ve en el texto importantes zonas de sombra e incertidumbre. «Uno de los aspectos que más hemos criticado», asegura, «es el cálculo de la capacidad económica de los potenciales beneficiarios. Se va a realizar sobre los datos de renta de un año antes, y esto significa que la prestación no sirve para hacer frente al incremento de la pobreza como consecuencia de la pandemia de coronavirus. La capacidad económica se debe evaluar sobre los ingresos que hay en el momento de la solicitud».

«Tampoco se plantea la posibilidad», prosigue, «de crear una ‘‘pasarela automática’’ para que se acceda de oficio al IMV desde las rentas mínimas que conceden las comunidades autónomas. Esto implicaría la incorporación de más de 300.000 personas que ya son beneficiarias de esas prestaciones, sin necesidad de realizar procedimientos administrativos complejos, que retrasarán sin duda la implementación del ingreso mínimo vital. Además, el Real Decreto deja sin aclarar cómo piensa afrontar el paradójicamente elevado nivel de no acceso al IMV por, precisamente, las personas que se encuentran en los niveles más altos de exclusión».