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El Gobierno prepara un ERTE de 1.000 millones para el sistema eléctrico

Utilizará la «hucha de la luz» para pagarlo. Se pone coto por ley a la especulación en los permisos de acceso a la red: habrá un calendario para desarrollarlos durante cinco años

Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
La vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, hoy, en La MoncloaEUROPA PRESS/E. Parra. POOL Europa Press

El impacto del hundimiento en la demanda eléctrica, que afectará a la caja del sistema en los ejercicios correspondientes a 2019 y 2020, según reconocieron fuentes del Gobierno, ha obligado a lanzar un plan de rescate para las más de 300 pequeñas distribuidoras de electricidad, así como las más de 60.000 instalaciones de renovables, cogeneración y residuos. Un ERTE de fuerza mayor al que se destinará el superávit del sistema eléctrico acumulado tras la reforma. El sistema eléctrico generó un superávit agregado desde 2014 hasta 2018 de 1.687,5 millones de euros, aunque de este importe se han utilizado 649,8 millones de euros. De esta manera, actualmente, existe un saldo en la cuenta específica de depósito del superávit de 1.037,7 millones más los intereses generados. Unos intereses que en estos momentos se encuentran en negativo. De hecho, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) afronta el pago de un 0,5% de interés anual por la custodia de la millonaria cuenta corriente donde se deposita el superávit del sector eléctrico, esto es la cantidad de más que pagan los consumidores a través de la parte fija de sus recibos para retribuir costes regulados del sistema como las redes o las primas a las renovables. En vez de eso, el Gobierno tirará de la «hucha» del sistema eléctrico para asegurar la liquidez en el corto plazo.

Además, el Real Decreto Ley para «impulsar la transición energética y favorecer la reactivación» acota la nueva burbuja de acceso renovable. La red es un recurso escaso y la infraestructura es limitada. Ante el nuevo «boom» –con 430.000 megavatios (MW) solicitados de acceso pese a que habrá 60.000 MW disponibles– los propietarios de los codiciados permisos de acceso a la red eléctrica deberán ir avanzando en el desarrollo de sus proyectos renovables mediante una serie de «fases administrativas», con plazos temporales.

De lo contrario, los permisos caducarán de forma automática y, en su caso, se procederá a ejecutar los avales que se exigen al solicitar la autorización. El último de los plazos concluye a los cinco años de iniciarse el cómputo para el primer hito. En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la norma, tanto los titulares como los solicitantes de estas autorizaciones podrán renunciar a ellas sin penalizaciones. Se estima que este impulso atraiga inversiones por más de 90.000 millones de euros, generando entre 107.000 y 135.000 empleos netos al año durante la próxima década.

Se estima que este impulso atraiga inversiones por más de 90.000 millones de euros, generando entre 107.000 y 135.000 empleos netos al año durante la próxima década. Por ello, resulta urgente ordenar los permisos atendiendo a su viabilidad y solidez para favorecer el despliegue de energías limpias, lo que permitirá que el 74% de la electricidad en España sea renovable en 2030 y alcanzar el 100% antes de 2050, contribuyendo así a lograr el objetivo de neutralidad climática que se ha fijado el país en línea con el Acuerdo de París y los compromisos de la Unión Europea (UE).

Los hitos solo deberán cumplirlos los megavatios asignados desde 2013. Los permisos concedidos con anterioridad que no hayan entrado en funcionamiento caducan el 21 de agosto. Afecta a 140.000 MW (140 Gw) y a los cerca de 400.000 solicitados. Los permisos concedidos entre 2013 y 2017 disponen de una plazo menor porque se estima que deberían de estar mas maduros, según indicaron fuentes ministeriales. La segunda cohorte de permisos son los que abarcan desde 2017 hasta ahora. y la tercera, a los otorgados desde la entrada en vigor del decreto ley. La pretensión, según las mismas fuentes, no es liberar “muchísimos megavatios de acceso sino determinar si los proyectos son firmes”.

¿Qué pasará con los megavatios de acceso liberados? La normativa establece una moratoria de nuevas solicitudes de acceso: no se podrán pedir hasta que se apruebe una nueva regulación sobre estos permisos, que deberá exigir a los solicitantes mayor maduración de los proyectos y estudios previos. De esta manera, se evitan nuevas solicitudes potencialmente especulativas sobre la capacidad que se libere.

Asimismo, se establecerá un nuevo sistema de subastas de renovables que, de un lado, ofrezca previsibilidad y estabilidad de ingresos y financiación a los inversores de las nuevas plantas renovables; y, de otro, traslade a los consumidores de forma directa los ahorros asociados a la incorporación de renovables al sistema eléctrico, dado que se trata de la fuente de generación de energía más barata. En este nuevo marco, que el Gobierno desarrollará reglamentariamente, la variable sobre la que se pujará será el precio de la energía. Los procedimientos deberán estar orientados a la eficiencia de los costes y podrán distinguir entre distintas tecnologías de generación en función de sus características técnicas, tamaño, niveles de gestionabilidad, criterios de localización y madurez tecnológica, entre otros. Se pretende capturar los menores costes por tecnología, ahora que las renovables son rentables, superando el antiguo sistema de primas.

Para asegurar la liquidez del sistema eléctrico en el corto plazo, el RDL habilita el uso del superávit de ingresos para cubrir los eventuales desajustes y desviaciones entre ingresos y costes del sistema de 2019 y 2020. Esto permitirá que el conjunto de los “sujetos de liquidación”, esto es, los operadores de las redes de transporte y distribución, incluidas las más de 300 pequeñas distribuidoras que operan en el país, así como las más de 60.000 instalaciones de renovables, cogeneración y residuos, puedan percibir una parte significativa de la retribución correspondiente al ejercicio 2019. Se trata de una medida que facilita liquidez a estos sujetos, permitiendo que mantengan su actividad y facilitando nuevas inversiones en el ámbito industrial, digitalización de redes y en desarrollo de renovables, imprescindibles en este momento de recuperación económica.