Adif, dispuesta a realizar quitas en los alquileres a los comerciantes tras el escrache a Ábalos

Tras el incidente de esta mañana en la estación de Atocha, en el que un grupo de comerciantes de la terminal ha increpado al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, por cargarles Adif los alquileres de sus locales mientras estaban cerrados por el estado de alarma, el gestor ferroviario ha movido ficha. A media tarde de hoy, la compañía ha informado en una nota de que está dispuesta a aceptar una reducción parcial de las rentas “en función del impacto que la pandemia haya producido en sus actividades”

Adif, como ya había asegurado esta mañana, ha vuelto a explicar que mantiene “la no exigibilidad del pago de los alquileres de sus inmuebles para los arrendatarios cuya actividad se ha visto significativamente afectada por las medidas adoptadas en el estado de alarma, con el objetivo de asegurar su liquidez”. Adif, ha insistido, “está procediendo a facturar o emitir recibo de todos los alquileres que cobra por sus inmuebles dado que, por motivos fiscales, está obligada a hacerlo. Pero en ningún caso se está exigiendo a los inquilinos el pago de las rentas devengadas durante el periodo de estado de alarma y sus prórrogas”.

La compañía que preside Isabel Pardo de Vera ha explicado que, durante el cierre, ya avisó a sus inquilinos que, una vez superado el estado de alarma, contactaría con ellos para “proceder a un reequilibrio de las condiciones de los contratos de arrendamiento durante el estado de alarma”. Esta medida ha sido incluida en Real Decreto ley 23/2020, de 23 de junio, publicado hoy en el BOE, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. La norma establece que Adif podrá acordar con los arrendatarios de sus inmuebles arrendados para uso distinto de vivienda situados tanto en estaciones ferroviarias como fuera de ellas “una moratoria o reducción de la renta por el impacto provocado por el Covid-19. Este acuerdo exigirá la solicitud previa de los arrendatarios en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este real decreto-ley”, según ha explicado. La cuantía de la quita se hará “en función del impacto que la pandemia haya producido en sus actividades”, según ha asegurado la compañía pública.