Francisco González rechaza que PwC detalle al juez hasta cuándo le ha pagado la escolta el BBVA

El ex presidente del BBVA Francisco González se opone a que la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) detalle al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón “hasta cuándo obtuvo beneficios personales de la entidad”, como de seguridad y escolta, una información que requirió el magistrado el pasado día 29 al testigo-perito Alberto García Martín, senior manager de Forensic de PwC, y para la que le dio un plazo de siete días naturales.

La defensa del ex banquero, que ejerce el letrado Jesús Santos, considera que esos datos “carecen totalmente de interés para la investigación y son absolutamente irrelevantes” para determinar los dispositivos que analizó en su informe la consultora.

Así lo asegura en el recurso que ha interpuesto contra la decisión del juez que investiga al BBVA por cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios en una pieza del "caso Villarejo" en la que intenta esclarecer los encargos de espionaje que habría encargado la entidad al comisario jubilado durante más de una década, por los que pagó supuestamente al ex mando policial diez millones de euros.

Esa información fue solicitada al instructor por el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, que responsabiliza al BBVA de su situación judicial -está siendo juzgado por presuntas extorsiones a entidades bancarias y se enfrenta a una petición de cárcel de la Fiscalía de 118 años- y defiende que el banco decidió otorgar protección a Francisco González, conocido en el ámbito bancario como “FG”, tras ser informado por José Manuel Villarejo, en el marco del “proyecto Búlgaros” hallado en la ingente documentación intervenida al ex comisario, de que Pineda se relacionaba en prisión con internos de países del Este y de Colombia condenados por delito muy graves. Algo que, según alertó en un informe el departamento de seguridad del banco, agravaba significativamente el riesgo de acciones “por encargo” a modo de “sicariato” contra González “en complicidad con dichos internos”.

Pineda responsabiliza al BBVA de la denuncia anónima interpuesta contra Ausbanc que le ha sentado en el banquillo después de tres años en prisión provisional. Ahora, el juez pretende esclarecer si González estaba al corriente de esos encargos a Villarejo.

Para la defensa de “FG”, la decisión de García Castellón “no se ajusta a Derecho” y resulta lesiva para sus intereses. Además, cree que la información obtenida “puede ser utilizada” por Pineda “para fines ajenos al presente procedimiento”.

El letrado hace hincapié en que la información requerida, bajo apercibimiento de desobediencia”, a PwC, “versa sobre una materia tan sumamente delicada y sensible como es la seguridad del ex presidente de una de las entidades financieras más importantes de nuestro país”, por lo que alerta de los “riesgos” de que su divulgación pueda “comprometer la eficacia de las medidas de protección que pudieran potencialmente haber sido acordadas”. Unas medidas de seguridad, recalca, que no son “fruto del azar”, sino que se derivan “de la existencia de riesgos inherentes a su condición” de ex presidente del BBVA y a “su vinculación con una entidad financiera tan importante”.

Para el abogado del ex banquero, lo relevante "será únicamente si el sr. González continuaba o no manteniendo un vínculo profesional con el BBVA" cuando la consultora realizó su informe forensic, encargado por la propia entidad a raíz de las investigaciones judiciales, sobre la relación contractual del banco con Villarejo durante trece años. De ahí que insta al juez a limitar su requerimiento a la información acerca de "hasta cuándo" tuvo González vínculo profesional de cualquier clase con el Grupo BBVA (incluida su Fundación)".

En su recurso, se queja además de que la petición de Pineda se incluyese "de forma sorpresiva y total y absolutamente injustificada" por parte de Pineda y subraya, además, que " no existe un derecho ilimitado o absoluto a practicar toda la prueba solicitada por las partes". La defensa de "FG" llama la atención sobre el hecho de que Pineda "se encuentra acusado en un procedimiento penal distinto al presente con solicitudes de penas de más de 100 años de prisión", y le acusa de tratar de "instrumentalizar el presente procedimiento para obtener información que utilizar para fines ajenos al mismo".

Asimismo, subraya que en su declaración del pasado 23 de junio, el testigo-perito D. Alberto García Martín explicó que "la determinación de qué dispositivos" podían analizarse "no era objeto de instrucciones por parte de la dirección letrada del BBVA", sino que lo determinante era si el dueño de los dispositivos en cuestión "continuaba o no trabajando para la entidad". Así, añade, si la persona no continuaba prestando servicios para el BBVA, entonces el banco "no tenía posibilidad de acceder a sus dispositivos", pues de lo contrario -recalca- "entrañaría una vulneración de los derechos fundamentales".

Pineda lo atribuye al “proyecto Búlgaros”

La defensa de Pineda ha presentado alegaciones oponiéndose a la pretensión del ex presidente del BBVA, que al igual que ha hecho la entidad bancaria solicita al juez que sus recursos dejen en suspenso el plazo dado para entregar la documentación.

En su escrito, esgrime un correo remitido el 12 de enero de 2017 por Rafael Redondo, socio de Villarejo, a la secretaria del entonces responsable de seguridad del banco, Julio Corrochano, en el que el primero hace hincapié en “la relación directa” que Pineda “atribuye a BBVA, y en concreto a su presidente, como autor intelectual de su situación procesal”.

Al mismo tiempo, en ese correo advierte de “los antecedentes, la actitud violenta y vengativa, y las relaciones que el sr. Pineda mantiene en prisión con delincuentes altamente peligrosos”, por lo que el informe concluía que existía “un riesgo de violencia alto, tanto inminente como a largo plazo” sobre Francisco González y su entorno.

Para el presidente de Ausbanc, la información solicitada es relevante para saber “si entre las razones para sufragar los gastos de seguridad” de González se encontraban las razones que expuso Corrochano basándose en “la información manifiestamente ilegal”, el denominado “proyecto Búlgaros” que habría obtenido Villarejo mientras Pineda se encontraba en prisión provisional.

En la resolución recurrida, García Castellón instaba asimismo a PwC a entregarle las 2.007 referencias a Ausbanc halladas en documentación interna de la entidad, incluidos correos electrónicos, correspondiente a su ex presidente Francisco González, una decisión a la que el BBVA se ha opuesto.