Multas de más de 40.000 euros por incumplir las medidas sanitarias en el trabajo

El Ministerio de Trabajo ha lanzado una nueva campaña de inspecciones para comprobar si se esta cumpliendo con la ley en la aplicación de las nuevas normativas aprobadas en los decretos ley publicados por el BOE y, si no fuera así, sancionar a aquellas empresas que no lo hayan establecido todavía. Por esta razón, la Inspección de Trabajo ha preparado un plan especial para la vigilancia de las empresas que incumplan las medidas de salud pública establecidas para proteger a los trabajadores del coronavirus.

Hasta ahora, desde la Inspección se habían limitado a advertir a las empresas que debían tomar las medidas correspondientes para cumplir con la normativa. Se levantaba un acta informativa, se advertía de que se debía rectificar todas las deficiencias en un plazo razonable. Pero desde ahora, los inspectores comenzarán a sancionar con multas que van desde los 2.046 euros a los 40.985 euros.

Para llevar a cabo esta labor, el Gobierno ha habilitado de manera “extraordinaria” y “limitada en el tiempo” a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para vigilar que las empresas cumplen con las medidas sanitarias de prevención del Covid-19 en los centros de trabajo, y en caso de incumplimiento, se les impondrá una sanción grave. Según se recoge en una de las disposiciones finales del real decreto ley publicado el pasado miércoles en el BOE, los inspectores y subinspectores del cuerpo de Inspección se unirán a los funcionarios de las comunidades autónomas para vigilar el cumplimiento por parte del empleador de las medidas de salud pública fijadas ante la pandemia del covid-19 y realizarán funciones técnicas comprobatorias. Esto supondrá habilitar a unos 1.050 funcionarios más en estas labores de control.

Todos ellos deberán comprobar las medidas tomadas en las empresas sobre ventilación, limpieza y desinfección puestas a disposición de los trabajadores. También si se dispone de agua y jabón, geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida, si se ha llevado a cabo una adaptación de las condiciones de trabajo para garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los trabajadores o tomado medidas para evitar la coincidencia masiva de personas.

En caso de incumplimiento por parte del empleador, “constituirá infracción grave, que será sancionable en los términos, por los órganos y con el procedimiento establecidos para las infracciones graves en materia de prevención de riesgos laborales, por el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social”. Si los incumplimientos se producen en las administraciones públicas, se impondrán las medidas correctoras por incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales que corresponden a la Administración General del Estado (AGE) o a la administración autonómica.

Según argumenta el Gobierno en el texto aprobado, los centros de trabajo son “espacios proclives a la propagación del virus, como demuestra el hecho de que una parte importante de los rebrotes de contagios habidos hasta el momento, tanto en España como en otros países de la Unión Europa, se haya producido en los centros de trabajo”. Por ello, se ha habilitado a la Inspección de manera “extraordinaria motivada por lo extraordinario de la situación actual” y “supondrá un importante refuerzo en la tarea de prevención de los contagios en los centros de trabajo”.

Sin embargo, la presidenta del sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, Ana Ercoreca, advierte de que la falta de recursos de la Inspección, que sigue manteniendo una gran deficiencia de personal, puede dificultar poder asumir nuevas competencias de este tipo. ”Si no se refuerza la Inspección, esta habilitación queda en papel mojado, no hay medios para poder hacerlo”, denuncia Ercoreca, que advierte también de posibles conflictos competenciales con Sanidad en las zonas en las que haya un retroceso y de la sobrecarga que ya soportan con la revisión de los ERTE.