Oleada de inspecciones por los nueve millones de empleados que no fichan

Superado el año de existencia de la nueva normativa de registro horario en los centros de trabajo, las cifras dejan en evidencia que la implantación de esta medida sigue sin ser completa. Y eso, a pesar de la campaña de inspecciones del Ministerio de Trabajo desde su implantación, después de tramitar miles de expedientes por irregularidades en la contabilización de la jornada laboral. Según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), del total de 16.664.900 trabajadores asalariados, 4.330.300 –el 26%–, no registraron ni su presencia ni las horas trabajadas en su empleo durante 2019; 4.696.700 (el 28,18%) registraron solo su presencia pero no las horas; y 6.326.100 (el 37,96%) registraron las horas y, por tanto, la entrada y salida de su centro de trabajo. Es decir, 9.027.000 de empleados incumplieron en 2019 de una u otra forma la normativa obligatoria del registro horario y del control de horas de trabajo.

Por esta razón, Inspección de Trabajo, una vez que la «nueva normalidad» ya es un hecho y las plantillas de la mayoría de las empresas han comenzado a retornar a sus puestos de trabajo presenciales, ha iniciado un nuevo plan de actuación para detectar estas irregularidades y sancionarlas. Fuentes de este departamento confirmaron a LA RAZÓN que se mantienen abiertos «todos los frentes habituales de actuación» en las empresas, y pese a que se va a dar prioridad al control de las medidas extraordinarias aprobadas durante esta crisis sanitaria –control sobre el cumplimiento de los ERTE, prestaciones y moratorias de cotizaciones; revisión y comprobación de las medidas higiénicas, sanitarias y preventivas impuestas a empleados y empresas en las instalaciones y centros de trabajo; y un plan especial para la campaña agraria de mayo y junio–, ya se está preparando un plan de reactivación del control del registro horario, ante la magnitud de las cifras publicadas por el INE.

Fue en marzo de 2019 cuando el primer Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un real decreto en el que se obligaba a las empresas a registrar las jornadas de sus trabajadores, con el fin de contabilizar las horas trabajadas y las horas extra, y evitar así posibles abusos en los derechos de los empleados. Su implantación, además de general y costosa para muchas pymes y micropymes, provocó el desconcierto en muchos sectores, en los que contabilizar la jornada no era posible con medios convencionales, como la agricultura, las profesiones liberales o los agentes comerciales.

Por esta razón, Inspección de Trabajo otorgó una moratoria de 60 días como periodo de adaptación a la nueva normativa. Pero desde el 12 de mayo del pasado año, las empresas están obligadas a registrar la jornada diaria de sus trabajadores algo que, a tenor de los 4,3 millones de trabajadores que siguen sin cumplir con la normativa y de los 6,3 millones que lo hacen parcialmente, no parece que su implantación se haya completado.

Con el estallido de la crisis sanitaria, las inspecciones para detectar estos incumplimientos normativos quedaron suspendidas y muchas empresas decidieron paralizar los registros o hacerlos parcialmente, ya que la generalización del teletrabajo ha provocado cambios sustanciales en la jornada laboral. Pero el retorno a lo que se conoce como «nueva normalidad» ha marcado la fecha de inicio para una nueva oleada de inspecciones, cuyo objetivo volverá a ser controlar que las empresas hayan instalado sistemas de medición de la duración de las jornadas laborales de sus empleados y, por lo tanto, de las horas extraordinarias. Este registro obligatorio debe incluir el inicio y finalización de la jornada del trabajador, sin perjuicio de la flexibilidad horaria.

Según el INE, la agricultura es el sector donde un mayor porcentaje de asalariados que no registraron ni su presencia ni las horas (36,71%), mientras que la industria registra la mayor cifra, pues más de la mitad de sus asalariados sí que lo hicieron. Pero el campo de actuación de los inspectores no se queda ahí.

Fuentes ministeriales confirmaron a este periódico que las inspecciones se enfocan también en el cumplimiento de los ERTE de fuerza mayor y las prestaciones otorgadas y moratorias de cotizaciones, revisión y comprobación de las medidas higiénicas, sanitarias y preventivas impuestas a empleados y empresas en los centros de trabajo y, finalmente, sobre el nuevo SMI y la campaña agraria de mayo y junio.