Vivienda
Sin carteles en la fachada o anuncios vagos: los alquileres que casi no se anuncian para evitar a los okupas
Más difíciles de arrendar. La inmobiliarias se las ingenian para evitar usurpaciones. La «tarifa» estándar para echarlos suelen ser de 2.000 euros
Evitar a los “okupas” se ha convertido en toda una necesidad para las compañías de alquilan viviendas, ya sean grandes “servicers” inmobiliarios o empresas especializadas en este negocio. La ocupación de una vivienda acaba siendo un problema no sólo legal sino también económico para su propietario. Por eso, en los barrios más conflictivos en los que se sabe que este colectivo está activo, bien de forma individual o a través de mafias, las compañías emplean diversas estrategias para evitar que los “okupas” localicen las viviendas vacías y entren en ellas por la fuerza.
La primera, y más común, es muy simple: no colgar el clásico cartel de “Se alquila” de la fachada de la vivienda a alquilar. “No los ponemos en estas zonas para no llamar la atención de esta gente”, explica Manuel Romillo, director ejecutivo de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), una compañía especializada en la intermediación de alquileres. Las viviendas sí que se anuncian en las webs inmobiliarias, pero se toman muchas precauciones. Se oculta la dirección exacta en el anuncio, eliminando la dirección del portal, piso o puerta; y se evita poner en el anuncio fotos de la fachada del edificio o de elementos que, de un vistazo, permitan su identificación, coinciden en explicar varias fuentes del sector. El problema de proceder de esta forma es que “cuanto más pobre es el anuncio, más complicado resulta alquilar el piso”, explica Romillo. Una penalización que, no obstante, consideran que compensa si con ello se les complican las cosas a los “okupas”.
Más medidas
Junto a estas medidas preventivas, las compañías adoptan otras de tipo físico en las propias viviendas. Fuentes del mercado aseguran que grandes “servicers” inmobiliarios lo primero que realizan es “una segmentación de la cartera de inmuebles en alquiler en distintos niveles según la exposición de riesgo a la ocupación”. En función del resultado de esta segmentación, y si existe el riesgo de ocupación, proceden de diferentes formas: con la instalación de una alarma, de una puerta antiocupación o instalando ambos elementos si así se considera necesario, explican. A los agentes comercializadores, además, se les dan instrucciones para que visiten de forma regular esas viviendas y hagan algunas acciones como abrir las ventanas o subir y bajar las persianas que den la apariencia de que la casa tiene inquilinos para, de ese modo, ahuyentar a los “okupas”.
Con el paso del tiempo, estos profesionales se han convertido en expertos en detectar “okupas”. No siempre pueden hacerlo porque, como explica Manuel Romillo, “los hay hasta de traje y corbata”. Pero sí que los hay que responden a un perfil de este movimiento que ya tienen más o menos claro. Cuando van a enseñar un piso en uno de los barrios por los que merodean, lo que suelen hacer es citar al interesado en un portal cercano al que está la vivienda para, en función de lo que se encuentren, no enseñárselo aduciendo alguna excusa como que, por ejemplo, el piso acaba de ser reservado.
La alarma constituye un elemento clave para evitar a los “okupas”. “Suele ser lo mejor. Si se detecta su entrada en una vivienda y se actúa en un plazo de una o dos horas, se les puede echar”, asegura Romillo. El problema, advierte, es como pase un tiempo. Entonces, explican, llevan todas sus cosas y se convierten en moradores y ya no es posible “echarlos en caliente”. “Ellos para eso son muy rápidos. Enseguida llenan los armarios de ropa, la cocina de enseres... y entonces ya sólo te quedan dos opciones: o proceder por la vía judicial, que es muy lenta y puede llevar cuatro o cinco años; o negociar con ellos”. Aunque resulte paradójico, es muy común que los propietarios acaben teniendo que pagar un dinero al que les ha ocupado la vivienda para echarle. La “tarifa estándar”, coinciden los consultados, suelen ser 2.000 euros.
A pesar de todas las medidas que adoptan para prevenirla, la “okupación” es un problema importante tanto para los particulares como para los grandes “servicers” inmobiliarios. Fuentes del sector aseguran que, de media, estas compañías pueden tener el 7% de su cartera de viviendas ocupada. Y es que, por muchas trabas que se les pongan, los “okupas” acaban encontrando métodos para reventar las puertas o colarse en las viviendas vacías.
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