El Gobierno reconoce el colapso de la Seguridad Social por la falta de personal

Ya nadie es capaz de ocultar ni de minimizar la situación de colapso institucional que sufre la Seguridad Social por el déficit de personal que arrastra. La pandemia ha hecho saltar por los aires las finas columnas que sustentaban la estructura de un organismo fundamental del Estado. El aumento exponencial de las tramitaciones de prestaciones sociales y los ERTE, que llevaron al límite tanto al sistema como a los propios funcionarios, se ha visto agravada por la avalancha de tramitaciones del ingreso mínimo vital, que se ha convertido en la gota que la colmado el vaso. Así lo reconoce el ministro del ramo, que asumió oficialmente ayer que la plantilla de la Seguridad Social atraviesa una “situación muy difícil” por la falta de personal y el exceso de trabajo y adelantó que el Gobierno -además de las subcontrataciones ya realizadas con el sector privado- prepara ya un refuerzo adicional de sus recursos humanos en los presupuestos de la institución para 2021, para la incorporación de 550 nuevos funcionarios con plaza fija.

Los sindicatos creen que esta medida llega tarde y no solucionará los problemas inmediato de la institución. La precariedad de medios disponibles y la pérdida de efectivos sin capacidad de reposición, tanto en el INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social), como en la TGSS (Tesorería General de la Seguridad Social) y en el CAISS (Centro de Atención de Información de la Seguridad Social) ha provocado un bloqueo de atención presencial de hasta tres meses en algunas provincias. Fuentes sindicales han confirmado que se ha solicitado “por activa y por pasiva” un refuerzo de plantilla de por lo menos 1.000 interinos para el INSS y otros 250 para la Tesorería, pero todavía no ha sido aprobado por Hacienda, por lo que sigue sin cubrirse el déficit de plantilla acumulado, y que en los últimos años ha alcanzado el 21%. Si este apoyo finalmente llegara, solo sería de manera temporal, un mínimo de 12 meses y un máximo de 36.

“Los sindicatos tienen toda la razón del mundo, la situación de los funcionarios es muy complicada. No se han reforzado ni cubierto vacantes durante los últimos años como debería”, admitió el ministro, que extendió la mala situación de su departamento a las oficinas de Extranjería, que “están infradotadas” y “no están en el nivel en el que deberían estar desde el punto de vista tecnológico”.

Escrivá también confirmó que el Gobierno ya está estudiando prolongar más allá del 30 de septiembre los ERTE ante el impacto del coronavirus en el turismo y mantener prestaciones y bonificaciones específicas para los fijos discontinuos del sector. “Los ERTE han llegado para quedarse estructuralmente en España”, afirmó el ministro tras una reunión en Palma con el Ejecutivo balear y representantes del sector turístico, que le han reclamado medidas para contribuir al mantenimiento de las empresas y del empleo, especialmente tras el agravamiento de la crisis por la implantación de cuarentena obligatoria en el Reino Unido.

El ministro ha indicado que los del sector turístico balear son “problemas singulares que requieren de tratamientos específicos” y ha prometido que se pondrán sobre la mesa en la reunión de la Mesa de Diálogo Social que se celebrará en Palma en septiembre. “Cada tres meses reevaluamos la situación” y en esa reunión se planteará “el esquema de los ERTE” a partir de septiembre, considerando las particularidades del sector turístico en general”.