El Ministerio de Trabajo anula por “fraudulento” el ERTE de fuerza mayor de Ryanair a unos 200 trabajadores

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha anulado el segundo expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por causas de fuerza mayor declarado por Ryanair como consecuencia de la pandemia y que afectaba a unos 200 trabajadores, procedentes en su mayoría de las bases de Canarias y Girona. El departamento cita el informe de la Inspección de Trabajo, que consideró que el expediente era un “fraude de ley” puesto que lo que buscaba la aerolínea era “librarse, si no de toda, sí de una buena parte” del pago de los salarios y las cotizaciones sociales de los 224 trabajadores de estos centros a los que la Audiencia Nacional obligó a readmitir el pasado abril.

En concreto, la sala de lo Social declaró nulo el expediente de regulación de empleo (ERE) de principios de año al entender que la compañía “no quiso abordar un periodo de consultas” como exige la ley, motivo por el que le ordenaba además, “el abono inmediato” de los salarios que los afectados “dejaron de percibir desde la extinción del contrato”. Este ERTE afectaba a los trabajadores de las tres bases canarias y de Gerona, que Ryanair se vio obligada a readmitir por la sentencia de la Audiencia Nacional de abril que declaró nulo el ERE de enero. En dicha sentencia, Ryanair quedaba obligada no solo a la readmisión, sino también al pago de los salarios de tramitación de los trabajadores desde el 8 de enero. Por ello, Ryanair intentó abrir un ERTE para esta plantilla readmitida, lo que ahora ha sido catalogado por Trabajo como “fraudulento”. Aunque este lo presentó el 2 de mayo, la intención de la compañía era equipararlo al primero, fechado el 19 de marzo.

Según consta en la resolución de Trabajo, el 2 de mayo, Ryanair solicitó autorización para suspender de forma temporal los contratos de 194 de los 1.455 trabajadores de su plantilla por causa de fuerza mayor vinculada a la situación extraordinaria de la Covid-19, con efectos desde el 15 de marzo. Los trabajadores pertenecían a los centros de Canarias y Cataluña; sin embargo, en la restante documentación aparecían incluidos otros 12 empleados pertenecientes a bases o aeropuertos en Málaga (1), Barcelona (2), Santiago de Compostela (1), Madrid (6) y Alicante (2), con lo que los afectados ascendían a 206. Los sindicatos USO y Sitcpla se opusieron a esta medida, y alegaron la falta de comunicación del ERTE por parte de Ryanair a los representantes de los trabajadores, incumpliendo “el requisito de la simultaneidad que rige en este tipo de procesos colectivos”.

Por su parte, la empresa afirmó que el día 3 de mayo se dirigió por correo electrónico a los delegados sindicales, informándoles de la presentación del ERTE y trasladándoles la copia del informe técnico presentado ante la autoridad laboral. Examinado el expediente, Trabajo, que en un primer momento sí lo dio por válido, sostiene que “no consta” que a la fecha de su presentación se hubiera informado o trasladado esta solicitud a los sindicatos. A su juicio, “es evidente” que la empresa buscó “favorecerse” de los efectos de una declaración de fuerza mayor que ya se había reconocido previamente, en otro expediente presentado en marzo, para librarse “si no de toda, sí de una buena parte de la deuda económica (salarios de tramitación más cotizaciones sociales)” que implicaba la anulación del ERE por la Audiencia.

Una afirmación que comparte con la Inspección, que en su informe aseguraba que Ryanair estaba cometiendo un fraude de ley al comunicar la readmisión de estos trabajadores sólo para que los despedidos pudieran ser incluidos en los ERTE ya autorizados. A esto se añade que la empresa “no ha justificado en ningún momento qué motivos reales tenía para incluir como afectados por el ERTE a otros 12 trabajadores que no habían sido despedidos”. “Estamos profundamente satisfechos”, celebra el secretario general de USO en Ryanair, Gustavo Silva, que cree que la Inspección “deja clarísimo que existe una evidente mala fe e intento de fraude” por parte de la aerolínea. Contra la resolución no cabe recurso administrativo, con lo que la compañía tendría que recurrir la nulidad por fraude ante la Audiencia Nacional de estimarlo oportuno.