Impuestos, impuestos

«Los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos». Esta frase parece concitar el acuerdo de la gran mayoría de los españoles, quizá menos «polarizados» (como se dice ahora) de lo que pudiera pensarse a simple vista. Pero esta aseveración no es la única en la que parecemos encontrarnos, según una reveladora encuesta publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) a finales del mes pasado. También hay un gran consenso sobre la aversión que nos produce el fraude fiscal («engañar a Hacienda es engañar al resto de ciudadanos»), recibir una prestación para la que no se tiene derecho o que una empresa haga malabares contables para escaquearse de aflojar lo que debería a las arcas públicas.

Muchos quisieron ver en este último sondeo del curso político bajo el mando de José Félix Tezanos, que tanto quórum habría cosechado sobre las cargas fiscales (más del 60% estaría de acuerdo en pagar más si eso supusiera mejorar los servicios públicos, según la encuesta), una manera de preparar el terreno y legitimar la subida impositiva que nos prepararía el Gobierno de Pedro Sánchez para la vuelta al cole.

Sin embargo, tal y como explicaba en una reciente columna en este periódico Jesús Rivasés, los planes económicos inmediatos del jefe del Ejecutivo no pasan por subidas inopinadas de impuestos, tal y como desea Pablo Iglesias. Más bien se avecinaría una reforma fiscal más dirigida a la eficacia recaudatoria que a criterios puramente punitivos como objetivo.

Sea como fuere, los impuestos siempre son muchos. Máxime en tiempos de zozobra e incertidumbre económica como los que navegamos en esta era distópica a causa del coronavirus. En el tema fiscal, como en tantos otros, la Unión Europea tiene aún mucho camino por recorrer para que se pueda hablar de una verdadera integración. Los españoles estamos a mitad de la tabla comunitaria en cuanto a IRPF, a mucha distancia de lo que pagan en el norte del continente. Son nuestras empresas las que peor lo tienen en comparación con el resto de la UE. Los costes laborales son mayores y, por tanto, la contratación más costosa.