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Carlos Cruzado: “Hacienda no debe ser un Robin Hood, pero las armas fiscales son fundamentales para redistribuir la riqueza”

Entrevista al presidente de los técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)

Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha)
Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha)Alberto R. RoldánLa Razon

Carlos Cruzado tiene claro que Hacienda somos todos y que todos debemos contribuir, unos más y otros menos, cada uno en lo que pueda, a sostener el Estado de Bienestar. Y piensa que hay que empezar por la clase política. “Sería fundamental la ejemplaridad de nuestros representantes públicos, lo que en España, desgraciadamente, ha brillado por su ausencia”.

¿2020 quedará en los anales de la historia como el año que cambió el mundo?

Este año, sin duda, pasará a la historia, pero aún es pronto para confirmar si cambiará el mundo. Es cierto que ha derrumbado muchas de las certezas que teníamos hasta la fecha, pero también es verdad que las personas solemos tardar menos en olvidar que en aprender. Todo dependerá de cómo se resuelva la situación tanto a nivel sanitario como económico.

¿Y esto nos obligará a cambiar, evolucionar o adaptarse?

El nuevo mundo estará condicionado por lo que dure este periodo transitorio hasta lograr una solución al problema epidemiológico. Sin embargo, algunos ámbitos han cambiado para siempre y la prueba más clara la tenemos en cómo ha acelerado la digitalización de todo nuestro entorno.

¿Puede provocar el fin del dinero en efectivo?

El coronavirus no hará que el efectivo desaparezca por completo, pero sí acelerará el hábito de pagar con tarjeta u otros medios, lo que se trata de una buena noticia desde el punto de vista de la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal.

¿También provocará evidentes cambios en el ámbito fiscal?

Sí, por supuesto. La pandemia ha dejado al descubierto problemas que venimos arrastrando desde hace bastantes años, tanto desde el punto de vista de los ingresos como del eterno olvidado del control del gasto público, lo que hace que arrastremos algunos déficits que, en estos momentos, nos estén pasando factura en mayor medida que a otros países europeos sacudidos también por las consecuencias de la actual crisis.

¿Contra el fraude no vale el confinamiento y hay que actuar contra él como un virus?

Efectivamente, el fraude fiscal es un virus endémico que daña la economía tanto o más que la COVID-19. Por eso hay que luchar contra él con todos los tratamientos posibles para reducirlo, pues no existe una vacuna única para atajarlo. Se trata del principal culpable del diferencial de recaudación que sufre España con respecto a Europa, por lo que el Gobierno debería enviar cuanto antes al Congreso el proyecto de ley de prevención y lucha contra el fraude, incluyendo las medidas necesarias para reducir su nivel al de los países de nuestro entorno, y poder llegar a recaudar a medio plazo 34.500 millones adicionales cada año.

¿Cuál va a ser el impacto real del covid en la recaudación fiscal?

En estos momentos, de tanta incertidumbre, resulta prácticamente imposible realizar un diagnóstico certero. A falta de bolas de cristal, las consecuencias variarán en función de la magnitud y persistencia de los rebrotes y, con ellos, de las medidas de confinamiento y restricciones de movilidad, así como de la necesidad de tomar otras medidas drásticas que podrían suponer un batacazo para la economía.

¿Ha hecho una previsión de cuándo se recuperarán los niveles precovid en la recaudación?

La evolución de la actividad económica dependerá directamente de la evolución de la crisis sanitaria y de la respuesta que se determine para hacerle frente. En cualquier caso, para solventar la insuficiencia de nuestro sistema tributario es fundamental reforzar la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión; y hacer efectivo el principio de capacidad económica en el pago de los impuestos.

Los expertos auguran que la economía sumergida se va a disparar. ¿Comparte esa idea?

En las fases más tempranas del confinamiento, la economía sumergida se habría contenido en parecida proporción a como se contuvo la economía en su conjunto, siendo de esperar que conforme se vaya recuperando la normalidad, las prácticas elusivas y la economía sumergida se reanuden como hacen habitualmente. Aún no es posible determinar el dinero que ha dejado de moverse en esta crisis principalmente porque no se sabe cuánto va a durar, y cómo se irá recuperando gradualmente la actividad hasta llegar a una situación normal. Sea como fuese, hay una gran incertidumbre en torno a la evolución del paro y el comportamiento del mercado laboral una vez finalice la prórroga de los ERTE, lo que resultará determinante para el volumen de economía sumergida

¿Es posible eliminarla o al menos dejarla como algo residual?

Eliminarla por completo es utópico, en todos los países existe un mínimo de economía sumergida, pero sí se puede reducir considerablemente hasta los niveles de los países de nuestro entorno. Actualmente en España oscila entre el 20 y el 25%, y podría reducirse entre 10 y 12 puntos.

¿Vale con hacer campañas de concienciación para que la gente cotice lo que debe o no entre en la economía sumergida?

Tal y como demuestran las puestas en marcha por la Dirección General de Tráfico (DGT) a la hora de reducir los accidentes y la siniestralidad, las campañas de concienciación son importantes, al igual que la pedagogía. Pero este tipo de iniciativas deben ir acompañadas de medidas relacionadas, por ejemplo, con la penalización de las infracciones tributarias y los delitos fiscales. Asimismo, sería fundamental la ejemplaridad de nuestros políticos y representantes públicos, lo que en España, desgraciadamente, ha brillado por su ausencia, como demuestran los numerosos escándalos y casos de corrupción que han salpicado a políticos de distintos colores, con el consiguiente descalabro para los fondos públicos. El escándalo en torno al anterior Jefe del Estado, Juan Carlos I, ha sido la gota que ha colmado el vaso de la indignación. Las obligaciones con Hacienda deben ser las mismas para todos.

¿Hay razones para pensar que Hacienda acosa a Madrid, a la que señala como ejemplo de dumping fiscal?

El ejemplo de Madrid demuestra la competencia fiscal a la baja que se da con determinados impuestos cedidos. En este caso, los expertos nombrados para cambiar el modelo de financiación autonómica ya advirtieron sobre el peligro de descapitalizar Sucesiones, un tributo más necesario ahora que nunca, como la propia OCDE reconocía recientemente, aconsejando a los Estados incrementar su recaudación.

¿Cree en el impuesto a los ricos?

El impuesto sobre el Patrimonio existe desde hace años, habiéndolo mantenido gobiernos de distinto signo y color, como los del PP y los del PSOE. El planteamiento ahora sería si modificarlo para que la elusión fiscal no vaya socavando el tributo o bien plantearse un nuevo impuesto sobre la base de éste. De lo que no cabe duda es de que hay que dotarlo de cierta armonización.

Entonces, es partidario de armonizar Sucesiones y Donaciones, y reorganizar Patrimonio.

Conviene reorganizar estas figuras impositivas para evitar la competencia fiscal entre comunidades, de manera que -tal y como recomiendan los expertos- se establezcan mínimos y máximos con los que depurar situaciones de injusticias en cuanto al pago de impuestos.

¿Los considera impuestos injustos? Algunos prácticamente solo se pagan en España.

El de Patrimonio es un impuesto a la riqueza. Y ésta es una de las manifestaciones de la capacidad económica, junto al consumo y la renta. Por tanto, no parece que deba ser injusto, siempre y cuando se encuentre dentro de unos márgenes no confiscatorios, tal y como establece la Constitución.

¿Y por qué no se recupera la recaudación del impuesto de Sociedades, al margen del impacto de la pandemia?

Las empresas siguen ingresando 21.000 millones de euros menos al año que en 2007, a pesar de que los beneficios empresariales, antes de impuestos y tras los ajustes intragrupos, se han recuperado un 23,3% en ese mismo periodo de tiempo. De ahí que la recaudación de Sociedades en 2019 continúe desplomada un 47%, siendo el único impuesto que no ha recuperado la recaudación previa a la anterior crisis económica. La Ley del Impuesto sobre Sociedades ha permitido que los grandes grupos empresariales eludieran el pago de 24.060 millones de las tres últimas declaraciones correspondientes a los años comprendidos entre 2016 y 2018. Y ello es culpa, fundamentalmente, de las posibilidades legales que el sistema brinda, fundamentalmente a las grandes empresas y multinacionales.

Y qué pasa con las pensiones, ¿pueden salvarse con una mayor carga recaudatoria?

El sistema público de pensiones debería salvarse, fundamentalmente, con un aumento del empleo y de su calidad, de manera que las cotizaciones sociales puedan sufragarlo. No obstante, y en tanto no sea posible dicho equilibrio, como actualmente, se hace necesario acudir, de una u otra manera, a la vía impositiva para compensar el desfase.

Y con el IVA, ¿lo subiría?

El IVA es un impuesto regresivo, por lo que antes convendría agotar la posible recaudación que aportan los impuestos directos. Actualmente existe un diferencial entre la recaudación por impuestos directos e indirectos de tres puntos a favor de estos últimos. E incrementar ese diferencial no estaría acorde con los principios de justicia fiscal. Otra cosa sería retocar algunos aspectos del impuesto para hacerlo más recaudatorio, sobre todo en relación con la necesidad de reducir el fraude en el mismo.

¿Es realmente cierto que la presión fiscal es más baja en España que en países de nuestro entorno?

Según los datos de Eurostat, la presión fiscal española está por debajo de la media de la UE y de la eurozona entre 5 y 6 puntos, lo que equivaldría a unos 60.000 millones de euros de diferencia en términos de recaudación.

Los españoles siempre tienen la impresión de pagar demasiados impuestos para lo que reciben. ¿Es verdad y debemos pagar más?

Lo cierto es que la presión fiscal está recayendo en mayor medida sobre los rendimientos del trabajo que sobre los del capital, por eso hay que plantear una reforma completa para que los impuestos se paguen de acuerdo con la capacidad económica de los contribuyentes. Es decir, tienen que pagar más los que más tienen y, en estos momentos, menos se hayan visto golpeados por el virus. Hacienda no debe ser un Robin Hood, pero las armas fiscales son fundamentales para redistribuir la riqueza, luchar contra la pobreza y mitigar la desigualdad y sostener el Estado del Bienestar. Porque, en contra de lo que muchos piensan, no pagamos más de lo que recibimos, como demuestran nuestros sistemas públicos de Sanidad o Educación o nuestras infraestructuras.

Si finalmente llega la temida subida impositiva del Gobierno, ¿es necesaria o contraproducente?

La subida prevista en los anteriores acuerdos presupuestarios hace referencia a cuestiones básicas, como lo poco que pagan las empresas digitales, un problema a resolver con la aprobación de la mal denominada tasa Google, que debería abordarse a nivel de OCDE, pese al rechazo de Estados Unidos. Otra medida estaría relacionada con el impuesto a las transacciones financieras. Por otra parte, se baraja alguna subida puntual del IRPF y varias medidas en Sociedades para tapar el agujero en la recaudación, para lo que habría que delimitar la aplicación de deducciones y dividendos. En general, nos parecen medidas mínimas, avaladas por el FMI, en el caso del IRPF y por la opinión de importantes países de la UE y la OCDE, en el caso del Impuesto a determinados servicios digitales y a las Transacciones Financiers, que van en la dirección adecuada para recaudar más y aplicar más progresividad al sistema en un momento en el que se requieren subidas del gasto público para hacer frente a la pandemia y no desmantelar el Estado del Bienestar.

¿Hasta dónde debe llegar el Gobierno con la presión fiscal?

Desde hace bastantes años, los sucesivos gobiernos de España han ido parcheando el sistema tributario y fiscal. Pero para afrontar una reforma de calado lo primero que habría que hacer sería plantear un gran pacto para determinar la dimensión del Estado del Bienestar y los derechos sociales que queremos en España. A partir de ahí habría que diseñar un sistema tributario que le dé suficiencia y que sea justo de acuerdo con los parámetros de la Constitución. En todo caso, la referencia debe ser Europa.