Las empresas recelan del fondo de ayuda de la Sepi por temor al estigma que supone un rescate público

Nadie quiere a los “hombres de negro”. No los querían los países que fueron rescatados por la UE durante la Gran Recesión de 2008 y no los quieren ahora las empresas candidatas al fondo de 10.000 millones de euros articulado por el Estado para ayudar a compañía estratégicas viables que, por efecto del coronavirus, atraviesan problemas financieros que pone en riesgo su futuro. La herramienta se ha concebido como el último recursos al que opten las compañías una vez hayan agotado otras opciones como créditos privados o acuerdos con sus acreedores. Pero el hecho de que implique una intervención del Estado en la gestión está haciendo que muchas empresas no se hayan decidido de momento a dar el paso para solicitar la ayuda. Prefieren, según explican fuentes del mercado, realizar “consultas informales” antes de dar un paso que podría tener impacto negativo de cara a sus inversores.

Por el momento, solo tres compañías han solicitado ya ayuda al fondo. Una es Globalia, la matriz de Air Europa, que ha pedido 400 millones de euros para sanear las cuentas de la aerolínea. También lo ha hecho la compañía industrial asturiana Duro Felguera, que ha anunciado públicamente que ha solicitado 100 millones de ayuda. Otras tres firmas más se encuentran en lo que la Sepi denomina “fase 0”, que es la solicitud previa oficial de información para ver cómo funciona el instrumento de ayuda y qué documentación tendrían que presentar.

Fuentes empresariales consideran de todos modos que, para algunas compañías, es pronto para solicitar la ayuda. “Muchas esperarán a final de año para ver cuál ha sido el verdadero impacto del coronavirus en sus cuentas y luego decidirán al respecto”, explican. Las que ya se han dirigido a la Sepi lo han hecho porque su situación es ya en estos momentos lo suficientemente grave como para acudir al fondo. El fundador de Air Europa, Juan José Hidalgo, reconoció por ejemplo en junio que estaban “secos" y que no tenían “un duro”.

Decisiones estratégicas

Aunque existan recelos de las compañías a la entrada del Estado en su gestión, lo cierto es que, según está concebido el fondo, la intervención pública se limitará a las decisiones estratégicas que tomen las compañías. Estos movimientos sí que deberán tener el visto bueno del consejo gestor de la Sepi que gestiona las ayudas. En cualquier caso, según explican las fuentes consultadas, la herramienta ha sido concebida como una ayuda temporal para apoyar a empresas que, sin ayuda pública, tendrían problemas para seguir funcionando. Y la idea del Estado, en caso de entrar finalmente en el capital de las compañías, bien de forma directa o a través de instrumentos híbridos que acaben tranformándose en una participación; es recuperar cuanto antes lo invertido. Y con intereses que no son baratos precisamente para incentivar a las empresas a devolver cuanto antes las ayudas. El primer año, estos instrumentos híbridos de capital tendrán un interés de 250 puntos básicos, que se incrementarán hasta los 850 a partir del octavo año. Además, se ha incluido un mecanismo de ajuste al alza que incremente la remuneración del Estado con el fin de incentivar al beneficiario a recomprar las aportaciones cuanto antes, consistiendo en todos los casos en un aumento mínimo del 10% de esta remuneración. Así, en el caso de que, transcurridos cuatro años desde la aportación, el Estado no haya vendido al menos el 40% de su participación, se activará este mecanismo de ajuste, reactivándose de nuevo pasados seis años, respondiendo así al carácter temporal del fondo de solvencia.

El beneficiario debe tener en todo momento la posibilidad de recomprar la participación en el capital que el Estado haya adquirido, por lo que, para garantizar que el Estado recibe una remuneración adecuada por la inversión, el precio de recompra deberá ser el precio de mercado o, si este es menor a la remuneración inicial, tendrá una penalización del 2% anual.