Las empresas rescatadas por el Estado podrán hacer ERE si lo consideran oportuno

El fondo de la Sepi no incorpora ninguna disposición para proteger el empleo

Ayuda estatal no será sinónimo de blindaje del empleo. Las compañías que reciban liquidez del fondo de 10.000 millones de euros lanzado por el Gobierno para rescatar a aquellas empresas estratégicas que atraviesen dificultades por el coronavirus podrán acometer procesos de despidos colectivos (ERE) si así lo estiman oportuno, según explican fuentes conocedoras del mecanismo.

Aunque entre las restricciones que deberán respetar las empresas para recibir estas ayudas se incluyen no repartir dividendos, no realizar expansiones agresivas en sus mercados, no comprar más de un 10% de empresas competidoras, no usar los fondos para compañías del grupo que no los necesiten o no trasladar centros de trabajo fuera de España, en ningún caso se incluyen cláusulas de protección del empleo. Eso no implica, aclaran estas fuentes, que los fondos públicos puedan destinarse de forma discrecional para hacer ajustes de plantilla que no estén justificados para garantizar el futuro de la compañía. «Puede darse el caso de que, para que la empresa siga siendo viable, haya que sacrificar 100 puestos de trabajo que van a permitir el mantenimiento de otros 1.000. En ese caso, estaría justificado hacer un ERE», explican las fuentes consultadas.

Las compañías que quieran acometer una reestructuración así deberán contar con permiso estatal

En cualquier caso, al tratarse de una decisión de calado, un paso de este tipo debería darse con el consentimiento del Estado, que controla el fondo a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). Todas estas decisiones, entre las que se podría incluir una posible venta de la compañía a otra, también deberán contar con autorización gubernamental. Air Europa, cuya matriz, Globalia, ha solicitado 400 millones de euros a través de un préstamo participativo y otro convencional al fondo para salvar la aerolínea, se encuentra ahora mismo en esta encrucijada. Iberia alcanzó en noviembre pasado un acuerdo con los dueños de Globalia para adquirir Air Europa por 1.000 millones de euros. Sin embargo, el pacto está siendo revisado ahora por completo. Iberia considera que, tras el deterioro que han sufrido las cuentas de la aerolínea de la familia Hidalgo por el impacto del coronavirus, su precio no alcanza ni de lejos los 1.000 millones de euros pactados. Además, también se está discutiendo la financiación con la que va a contar Air Europa para tapar el agujero de la crisis, que algunas fuentes consideran puede alcanzar los 500 millones de euros.

Venta

Si, finalmente, Iberia y Air Europa alcanzaran un acuerdo, la operación debería contar con el visto bueno del Estado, algo que no parece complicado. Desde el Gobierno consideran que la fusión de ambas compañías es estratégica para España porque ayudaría a consolidar el aeropuerto como uno de los principales «hub» -centro de distribución de tráfico- europeos y ayudaría al turismo. Además, como recordó a ambas compañías a finales de julio la ministra de Industria, Reyes Maroto, es importante en estos momentos de crisis «ganar peso y tamaño» para obtener una mayor capacidad para aguantar «el tiempo necesario hasta recuperar la actividad».

Aunque dispone de una potencia de fuego de 10.000 millones de euros, el fondo todavía no ha sido solicitado por muchas empresas. La pasada semana sólo tres -Globalia y Duro Felguera, entre ellas- habían solicitado oficialmente ayuda a la Sepi. Otras tres habían realizado una petición formal de información para estudiar las condiciones en que les sería concedida. Ayer mismo, la siderúrgica catalana Celsa afirmó que está estudiando las condiciones del fondo para ver si se adhiere al mismo. Hay, sin embargo, bastantes más compañías que han realizado consultas informales sobre las condiciones y funcionamiento de la herramienta. Por el momento, sin embargo, algunas son reacias a ir más allá para no desvelar que necesitan ayuda estatal para seguir adelante y evitar con ello el posible estigma que les podría acarrear a ojos de los inversores.