Una sociedad adicta a la economía sumergida por el Ingreso Mínimo Vital

Una cuarta parte de España vive en «B». O al menos juega con esa opción. Puede sonar demasiado contundente, pero en determinadas ramas de actividad el dinero se mueve al margen de la ley. De Hacienda, para ser más exactos. Para comprobarlo solo hay que darse una vuelta por los talleres, polígonos o echar mano de «manitas» ante una urgencia.

–Son 45 euros.

–Muy bien. ¿Y la factura? Por la garantía...

–Uy, entonces son 50 euros.

La misma situación se produce ante el pago con tarjeta, que queda registrado y ya no escapa de posibles controles.

–Con tarjeta le tengo que cobrar 50.

–Voy a ver si llevo efectivo...

En otros negocios ni siquiera se aceptan pagos con tarjeta. Y lo ponen bien claro, con el pretexto de las comisiones que cobran los operadores.

Pero no son solo pequeñas operaciones. En la época del «boom» inmobiliario se despachaban compras estratosféricas de viviendas normalitas con la mitad del precio final en «B». Los desaparecidos billetes de 500 euros corrían de mano en mano como la pólvora. Hoy, la compraventa de casas, coches y otros bienes entre particulares, en boga por la llamada economía circular, llevan también buena parte del precio en «B».

España dobla los principales baremos negativos de la Unión Europea. Si la tasa de paro media de la Eurozona es del 7,8%, la de España supera el 15%. Lo mismo ocurre con otros indicadores, como el porcentaje de deuda sobre el PIB o la tasa de abandono escolar. La economía sumergida no iba a ser una excepción. Aunque los distintos organismos no se ponen de acuerdo, oscila entre el 11,2% del PIB, lo que representa unos 136.000 millones de euros, evitando las actividades criminales e ilegales, y el 25% del PIB, unos 300.000 millones de euros. ¿Cómo es posible esta brecha en los cálculos? En este caso tiene que ver con la metodología utilizada por las diversas fuentes, aunque el dato más bajo implica de nuevo doblar a la media europea. Así, la Agencia Tributaria afirma en su plan estratégico 2020-2023 que el conjunto de las actividades no declaradas en España supone ese 11,2% en función de un estudio realizado para el Fondo Monetario Internacional en 2018. España solo sería superada por Italia, en lo que a las economías punteras de la UE se refiere. Pero en ese mismo informe del FMI se habla también de que el tamaño de la economía sin IVA, dependiendo del método de cálculo, podría ser del 17,2% y hasta del 24,52%.

Pérdidas cuantiosas para el Tesoro

En cualquier caso, y tomando ese 11,2%, la Agencia Tributaria sí realiza la estimación de que solo un 60% de la economía sumergida es capaz de generar ingresos tributarios, que en este caso equivaldrían a unos 24.000 millones de euros.

Sin embargo, otros organismos como Funcas o el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) hablan de una pérdida para las arcas públicas que ronda los 80.000 millones de euros. Gestha afirma que la economía sumergida en España representa un 25% y supone un diferencial sobre la media europea superior entre 85.000 y 90.000 millones de euros. Los técnicos de Hacienda reclaman más efectivos en la lucha contra el fraude y remarcan lo lucrativo para las arcas públicas de ese control: el Fisco recaudó 10,6 euros por cada euro invertido en la lucha contra los defraudadores patrios. La Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) habla de que un 23% de nuestra economía opera en «negro» y la patronal empresarial sube la apuesta hasta cerca del 24%.

Economía sumergida y Covid-19

¿Qué ha sido de ese cuarto de los trabajadores españoles que se movían en «B» con la crisis del Covid-19? Por las particularidades de muchos de estos empleos, la economía sumergida es la que más ha sufrido el impacto de la hibernación y los confinamientos. Aunque la mayoría de expertos estiman que su actividad se habrá reducido en escala, como el resto de la economía, es cierto que muchos de estos trabajos no quedan al amparo de las prestaciones por desempleo, ya que no cotizan o lo hacen al mínimo, ni al resguardo de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) ni de otras ayudas a la reactivación.

Por lo tanto, lo más probable es que una buena parte de estos trabajadores hayan perdido su actividad y queden al único amparo del Ingreso Mínimo Vital, la nueva prestación impulsada por el líder de Podemos y vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, cuya puesta en marcha está suponiendo un auténtico quebradero de cabeza ante el aluvión de solicitudes: 900.000, según ha admitido la Seguridad Social.

Esta prestación tiene voluntad de permanencia, por lo que quien la reciba podrá agarrarse a ella como a un clavo ardiendo «sine die». ¿Qué pasará con los miles de trabajadores que operan en «negro» y cobran el IMV cuando se recupere la actividad?

Es cierto que la Seguridad Social ha anunciado que este subsidio obligará a apuntarse a las listas de los Servicios Públicos de Empleo, pero la concesión de esta ayuda desincentivará su paso a la economía real ya que, es muy probable que cobren más entre el subsidio del IMV (hasta 1.015 euros) y su trabajo en «B».

No se trata de una cábala. La patronal ya estimó la entrada de unos 60.000 trabajadores en la economía sumergida como consecuencia del alza de Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.050 euros. En concreto, los empresarios detallaron que 15.000 empleados del hogar y 45.000 en el campo pasaron a engrosar las filas de los trabajadores en «B».

«La mejor estimación para España sitúa la economía sumergida alrededor del 15%-20%. Las estimaciones superiores son un poco extremas. Aún así, se trata de un porcentaje muy importante», indica a LA RAZÓN desde Edimburgo, donde imparte un seminario, el economista Daniel Lacalle. Sobre si este tipo de subsidios tienen implicaciones en el mercado laboral, es claro. «Si este tipo de medidas no se controlan con rigor, como ocurre en los países nórdicos o en el norte de Europa, con sistema de penalizaciones muy fuertes, se corre el riesgo de incentivar la economía sumergida. En países como Noruega o Finlandia, los expertos alertan de que estos incentivos son a veces perjudiciales». Una percepción que comparte el Banco de España, cuyo gobernador, Pablo Hernández de Cos, alertó de que el IMV podría generar el desplazamiento de actividades hacia la economía en «B».

Otros expertos, como el presidente de Gestha, opinan justo lo contrario. «Los 3.000 millones del IMV aportarán el 46,8% del importe total necesario para que en España cuatro millones de personas salgan de una situación de pobreza extrema, gracias a esta ayuda destinada a 850.000 familias vulnerables», defiende Carlos Cruzado. «Para ser más exactos, las obligaciones de presentar la declaración de la renta, de estar inscrito en el SEPE y de tener disponibilidad para aceptar cualquier trabajo o hacer cursos de formación contribuirán a evitar un aumento significativo de la economía opaca», sostiene.

Lacalle alude a otra implicación del IMV. «Es muy complicado calcular el impacto de las políticas asistencialistas porque no tienes la manera de analizar la causalidad, ya que la propia economía informal es una estimación. Sin embargo, sí es posible ver la evidencia en la ralentización de la creación de empleo y en la caída del paro. Se vio en Reino Unido durante las décadas de barra libre de «benefits». Miles de personas aprovecharon el sistema de ayudas sin buscar trabajo. Hay evidencias más cercanas, como la dependencia generada en Andalucía con el PER, que supuso un desincentivo al trabajo y al cambio de modelo productivo», remarca Lacalle.

Una de las biblias económicas, el semanario «The Economist», recuerda cada cierto tiempo, que «las generosas prestaciones» españolas alimentan la economía sumergida. Ahora se suma otra.