En la calle a la espera del Ingreso Mínimo Vital

Muchas familias pierden sus hogares mientras la ayuda no llega. Las ONG denuncian que sus recursos para atender a estos "nuevos pobres" empiezan a escasear y que algunos desayunan "agua con pan porque no nos queda leche para darles"

Lola, en la calle tras serle denegado el IMV con sus pertenencias en la furgoneta de su amigo Karim©Gonzalo Pérez MataLa Razón.

Ayer Lola Gabarre se sintió menos humana. Perdió uno de sus derechos fundamentales, el derecho a la vivienda, y dio un paso hacia un lugar mental profundo y oscuro del que no sabe cómo salir. A sus 60 años, Lola ha hecho frente a tres cánceres y un ictus, pero su fortaleza física y mental recibió un duro golpe tras quedarse en la calle a la espera del Ingreso Mínimo Vital (IMV). “No tengo donde ir, ni dinero, ni nada. Los servicios sociales no me dan nada más y necesitaba el IMV para sobrevivir, para pagar una habitación. Me han dejado tirada”, cuenta justo a pocas horas de que la echasen del alojamiento provisional en el que se encontraba desde hace un mes. Sus constantes citas médicas le impedían tener un trabajo estable y, aunque encontró un nicho de ingresos siendo figurante en películas y series, todo empezó a empeorar el verano pasado.

En agosto de 2019, Lola dejó de recibir la Renta Mínima de Inserción (REMI) de la Comunidad de Madrid y comenzó a vagar sin rumbo: “Aguanté durante un tiempo, pero al final no pude pagar la habitación en la que estaba. Me recogió un amigo en su casa”. Entonces llegó la pademia y con ella el punto de no retorno. “En cuanto se abrió la veda me echó a la calle”, cuenta. Pidió ayuda a los servicios sociales y le dieron alojamiento provisional durante un mes: ese mes acabó ayer. Justo antes de verse por primera vez en la calle solicitó el IMV. El 15 de junio mandó la documentación y el día 26 de ese mismo mes se pusieron en contacto con ella para decirle que tenía que completarla de forma más exhaustiva. Pasó casi dos meses sin recibir noticias, hasta que el 17 de agosto alguien la ayudó a consultar el estado de su solicitud: denegada. El motivo es que se había empadronado hace cuatro años en un piso compartido cuyos integrantes sí tienen ingresos. Lola ya no reside allí y ha aportado documentación que acredita estar recibiendo ayuda de servicios sociales, pero la Seguridad Social hace caso omiso. “Ahora mismo pedir el IMV es como tirar una botella al mar”. Me siento completamente abandonada por todas las administraciones”, denuncia. A las 22:00h de ayer comunicaba a LA RAZÓN que oficialmente estaba en la calle. Finalmente no había podido encontrar un alojamiento a lo largo del día y al llamar 112 le dijeron que no había ningún lugar donde llevarla.

Lola, en la calle tras serle denegado el IMV con sus pertenecias en la furgoneta de su amigo Karim. ©Gonzalo Pérez MataLa Razón.

El IMV no está llegando a las personas que lo necesitan con urgencia, así lo denuncia la Asociación Víctimas del Paro. Según datos proporcionados por el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Servicios Sociales a raíz de una petición de información de esta asociación, hasta el 7 de agosto solo se habían aprobado 3.966 solicitudes para este subsidio, además de las 74.100 que se dieron de oficio el 26 de junio. Esta cifra habría aumentado hasta el 17 de agosto hasta las 6.000 solicitudes aprobadas de las 750.000 presentadas. La creación de esta ayuda se aceleró por la crítica situación ocasionada durante la pandemia y tiene como propósito ayudar a 850.000 hogares, unas 2,3 millones de personas. Sin embargo, pese a la premura inicial, la Seguridad Social reconoció esta semana que apenas ha analizado 143.000 solicitudes, lo que deja de momento en el cajón cuatro de cada cinco peticiones del Ingreso Mínimo Vital. En cuanto a la cantidad que recibirán los solicitantes, incluida la nómina de septiembre, habrá desembolsado 120 millones de euros en tres meses. Esto supone una media de unos 500 euros al mes por familia.

A la lenta gestión se suman los fallos de base en los requisitos del IMV, denuncia Joaquín García, presidente de la Asociación Víctimas del Paro: “En lugar de ayudar, la Seguridad Social pone trabas y requisitos para excluir”. Lola y su problema con el empadronamiento es uno de los principales. Numerosos solicitantes han tenido que abandonar sus casas de alquiler y están siendo acogidos temporalmente en casas de familiares o conocidos. Tanto si siguen empadronados en su anterior vivienda como si lo hacen en la actual, en la mayoría de los casos se les deniega el IMV ya que los integrantes del hogar sobrepasan por muy poco el límite de ingresos. La Asociación Víctimas del Paro tampoco le encuentra sentido a que, para acceder a la ayuda, solo se tengan en cuenta los ingresos de 2019, en lugar de los de los últimos meses, cuando la crisis económica ocasionada por la Covid-19 se ha hecho notar. Esta y otras propuestas de cambio han sido enviadas al Gobierno por la asociación mientras los gritos de socorro aumentan de decibelios.

“Es una medida de ingeniería social que se hace en los despachos y no tiene nada que ver con la realidad”, explica, Conrado Giménez, presidente de la Fundación Madrina. Y mientras el IMV no termina de cuajar, crece el número de “nuevos pobres”, así los cataloga Fundación Madrina. Este nuevo nicho de solicitantes del IMV tiene su origen en familias que vivían bien, se podía ir de vacaciones y que con la crisis actual se han quedado paradas, o no han cobrado el ERTE o la ayuda a las empleadas del hogar. “Es dantesco”, alerta.

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Las madres solteras son un perfil desafortunadamente común entre los solicitantes del IMV. Estefanía, Haidee e Inma son tres mujeres que están manteniendo a sus hijos con la ayuda de familiares y ONG. “En estudio”, ese es el estado de sus solicitudes desde el pasado 15 de junio. Para Estefanía septiembre es el mes límite para recibirlo, si no tendrá que dejar su casa y volver a casa de su madre. En junio dejó de recibir la ayuda familiar, un subsidio de 430 euros con el que mantenía a sus dos hijos. Sus gastos mensuales rozan los 800 euros y sin ingresos la situación es insostenible por más tiempo.

Testimonio de una mujer, empleada de hogarAlberto R. RoldánLa Razon

Haidee ya ha tenido que abandonar la casa donde vivía con su hijo de nueve años, dejando a deber dos meses de alquiler. Ahora, una integrante de Fundación Madrina la ha acogido en su casa y se alimenta a base donaciones, como tantas madres que acuden a la Fundación. Tras 15 años trabajando como empleada del hogar, haber llegado a esta situación le “da vergüenza”, por ello no muestra su rostro en la imagen. Unos de los primeros recortes que hizo en su casa antes de abandonarla fue cesar el contrato de internet y telefonía. Al intentar realizar la solicitud del IMV de forma telemática la odisea fue supina y no le quedó otro remedio que acudir a un locutorio. Precisamente, la falta de una vía presencial para colectivos sin acceso a internet o sin conocimientos tecnológicos es otra de las reclamaciones de la Asociación Víctimas del Paro.

Además, si intentan resolver sus dudas llamando a la Seguridad Social no reciben respuesta. Los teléfonos están totalmente colapsados y encima pueden ocasionarle sobrecostes en su factura, tal y como le ocurrió a Inma. Un testimonio tras otro demuestran que los intentos del Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones por agilizar el proceso no están dando sus frutos. Precisamente, el ministerio dirigido por José Luis Escrivá, subcontrató la gestión del Ingreso Mínimo Vital a Tragsatec, filial de la empresa pública Tragsa, quien contrató a 500 personas para ayudar con las tareas de tramitación. Este refuerzo externo destinado a suplir la falta de personal en el departamento tuvo un coste de 7,6 millones de euros.

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La tramitación del IMV, además de ser caótica, tal y como la calificó Pepe Álvarez, secretario general de UGT, está paralizando y anulando otras prestaciones. A Inma, peluquera en paro desde hace dos años y madre soltera de un niño, le anularon la ayuda de hijo a cargo durante un mes y medio, desde el 1 de julio, cuando le dijeron que tenía activa una pensión análoga de otros regímenes de la Seguridad Social, hasta el 20 de agosto, cuando le denegaron el IMV. ¿El motivo? Inma y su hijo residen en una vivienda cedida por un conocido, ni siquiera familiar, que está empadronado en ella y cuenta con ingresos que superan el límite finado. “Voy a volver a echar la solicitud. Voy a luchar por que me la den”, cuenta a LA RAZÓN. Inma está dispuesta a seguir intentándolo, pero ni siquiera puede pedir cita previa o si la hay es después del 15 de septiembre, fecha límite para solicitar el IMV y cobrarlo de forma retroactiva desde el 1 de junio. Para colmo, buscar trabajo le resulta imposible al no tener a nadie con quien dejar a sus hijos.

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Las ayudas de ONG, parroquias y familiares son lo único que les queda a estas personas. Jorge ha vuelto a vivir en casa de su madre con su hermana y el hijo de esta a sus 49 años. La situación en casa no es boyante y encontrar trabajo de lo suyo (montador industrial) le resulta imposible debido a la crítica situación que vive el sector. Como tantos solicitó el IMV, pero desde el 26 de junio no ha recibido “noticia ninguna”. Su esperanza cada vez es menor y cuenta como a su alrededor cada vez más familias se están viendo en la calle: “El 8 de septiembre echarán a unos conocidos”. Pese a que las ONG intentan proveerles al menos con comida, el hambre comienza a entrar en escena: “Te dan legumbres, arroz y leche. No les puedes puedes pedir más, pero cómo le dices a un niño que no le puedes dar carne, pescado o una fruta”. Desde Fundación Madrina lo constatan. “La gente está desayunando agua y pan porque no nos queda leche para darles. Necesitamos donaciones urgentes”, reclaman.

Jorge también quiere dar voz al caso de José, un conocido que pese a no haber solicitado el IMV se ha visto perjudicado por el colapso administrativo generado por las diversas prestaciones. En su caso, cogió una baja en septiembre del año pasado, las operaciones de sus manos terminaron en marzo y ni la mutua de su empresa se quiere hacer cargo de la rehabilitación ni está cobrando la baja, pese a haber contactado con la Seguridad Social en numerosas ocasiones. El poco dinero que le queda lo gasta en medicinas y abogados mientras subsiste en casa de su madre.“Esto va a estallar por algún lado. Nos están dejando colgados”, advierte Jorge. Precisamente, él y otros afectados han creado una plataforma de protesta en redes sociales. Por el momento, Jorge ya se ha reunido con un consejero de su zona y lo hará próximamente con la Junta de Andalucía para comunicarles la intención de convocar una huelga frente al Congreso de los Diputados.