Recorte a las pensiones de 3.000 funcionarios de las clases pasivas

Escrivá aseguró que no se cambiaría nada de este régimen con el traspaso a la Seguridad Social, pero miles de empleados de Justicia tendrán que retrasar dos años su jubilación si quieren cobrar el 100%

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Magistrados asistentes al acto de inauguración del año judicialJ.J. GuillénEFE

Sorpresa mayúscula para miles de funcionarios de todos los cuerpos de la Justicia (jueces, fiscales, letrados de la Administración, cuerpos generales y especiales), que han visto recortada la cuantía de su pensión como consecuencia de un cambio de criterio en el reconocimiento de las cotizaciones por parte de la Seguridad Social.

Hasta 3.000 funcionarios de Justicia de las clases pasivas han visto cómo, tras solicitar el cálculo anticipado de su pensión, han comprobado que la Seguridad Social les ha descontado años del cómputo, según indican fuentes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) a LA RAZÓN.

Se trata del primer efecto del cambio de gestión del régimen de clases pasivas que, desde el 6 de octubre, ha pasado del Ministerio de Hacienda a depender de la Seguridad Social a nivel competencial. CSIF ya avisó de las posibles consecuencias de este traspaso y se ha dirigido a los diferentes grupos parlamentarios para blindar el régimen de las pensiones del colectivo de funcionarios en el marco del Pacto de Toledo.

Según las fuentes consultadas, la Seguridad Social ha aplicado otro criterio y no reconoce los años trabajados como interinos de esos empleados, cosa que sí hacía Hacienda cuando el régimen de las clases pasivas gozaba de autonomía. En concreto y hasta el 6 de octubre, los funcionarios de Justicia que se jubilaban por el régimen de clases pasivas veían reconocidos los periodos trabajados y no cotizados anteriores al año 1990 (el personal interino no cotizaba a efectos de pensión hasta esa fecha, hasta que el Gobierno regularizó su situación con un Real Decreto en 1982).

Al parecer, la Seguridad Social ha cambiado el criterio de tal manera que este colectivo de funcionarios se ven obligados a retrasar su jubilación en una media de 2 años o de lo contrario verían reducida su pensión en un 20% (aproximadamente unos 350 euros).

Esta decisión además contraviene varias sentencias judiciales que reconocen la situación de alta durante estos periodos, según ha denunciado CSIF.

El ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones asegura que no ha habido cambios de criterio por su parte en el cálculo de estas pensiones.