Los sindicatos se revuelven contra el Gobierno por el plantón a la subida del SMI y preparan protestas

Los sindicatos están estudiando movilizaciones para arranque del nuevo año contra la congelación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y ante las reformas del sistema de pensiones que estudia el Gobierno, según reconocieron ayer a este diario fuentes sindicales. El malestar en UGT y CC OO es mayúsculo ante el plantón del Gobierno a la reunión prevista ayer para evaluar una mínima subida del Salario Mínimo. Las órdenes de La Moncloa fueron suspender el encuentro en el que se debía abordar un alza del 0,9%, en línea con las realizadas a los empleados públicos y los pensionistas.

Una subida cosmética de apenas 9 euros sobre los 950 en los que se encuentra el SMI, pero con fuertes connotaciones políticas para Unidas Podemos, que ha defendido la necesidad de seguir elevando esta cuantía contra las posiciones de los empresarios y de buena parte del Gobierno, que no puede presentarse en Bruselas a cobrar 140.000 millones de euros de los fondos de reconstrucción mientras mantiene un ritmo de gasto muy por encima de sus posibilidades.

Las protestas, aún sin concretar, podrían comenzar en febrero, según indican las mismas fuentes consultadas, e irían subiendo de intensidad en función de la respuesta del Ejecutivo.

El secretario general de CC OO, Unai Sordo, ya adelantó la pasada Nochebuena que la subida del salario mínimo interprofesional era innegociable. El dirigente sindical expresó su rechazo a la idea de retrasar la decisión de subir esta renta mínima y dejarla, de momento, congelada en los actuales 950 euros mensuales.

«Si escuchamos a la ministra portavoz (María Jesús Montero) se va a retrasar la decisión y no lo compartimos. El SMI debe actualizarse para enero de 2021», remarcó Sordo, quien advirtió de que, aunque los sindicatos están dispuestos a «renegociar» el ritmo de subida comprometido en su momento, no aceptarán que se congele.

El ala «moderada» del Gobierno, encabezada por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, consideran que no es el momento de tensionar a las empresas con una subida adicional del SMI y sí de hacer un guiño a las patronales. Gesto que, además, sería bien acogido en la capital comunitaria.

Una eventual subida para 2021 supondría un incremento acumulado de más del 52,6 % en cinco años. De hecho, entre 2016 y 2020 el SMI en España ha registrado un incremento acumulado –ajustado por paridad de poder adquisitivo– del 43,1%, lo que sitúa a España como el tercer país de Europa con mayor alza, tras Rumanía (65,5%) y Lituania (49,6%), según un informe presentado ayer por la patronal de las pequeñas y medianas empresas (Cepyme) y la agencia de empleo Ransdstad.

El estudio señala las consecuencias que tendría para la economía española elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros (5,3% más) y en particular sus perniciosos efectos sobre el maltrecho mercado laboral. En este sentido, un alza como la planteada inicialmente a 1.000 euros tendría un impacto muy nocivo sobre el empleo, ya que se destruirían o dejarían de crear entre 85.000 y 135.000 puestos de trabajo en los dos próximos años.

El documento elaborado por Cepyme y Randstad Research, detalla que la mayor parte de este impacto de pérdida de empleo en España, hasta un 52%, se concentraría en los sectores de hostelería y comercio, los más dañados por la actual crisis económica provocada por la pandemia de la Covid-19.

Además, recuerda que las consecuencias de este incremento incidirán especialmente en los jóvenes y en los trabajadores con menor cualificación, también los más castigados en los últimos meses por los cierres y restricciones, «para los que será más difícil encontrar empleo o conservar el que tienen».

Los empresarios recuerdan que esta subida del SMI se plantea en un momento «muy complicado para la economía española y en una situación extremadamente crítica para muchas empresas», especialmente pymes. «El año 2020 puede cerrar con una pérdida de más de un millón de empleos, entre la caída de la afiliación y los empleos que aún están en ERTE».

En concreto, en el último año las afiliaciones descendieron en 355.000, el 1,83% del empleo total, pasando de los 19.376.878 afiliados a 30 de noviembre de 2019 a los 19.022.002 a 30 de noviembre de este año, mientras que 747.000 personas seguían afectadas por ERTE a 30 de noviembre, 148.000 más respecto al mes anterior. Igualmente, noviembre registró un total de 7,36 millones de demandantes de empleo, de los que 3,85 millones eran personas en situación de desempleo.