Díaz abre el desmontaje de la reforma laboral y da un plazo de 90 días a patronal y sindicatos

Yolanda Díaz no espera más. La pandemia, la crisis económica y la puesta en marcha del armazón de protección social y laboral para contener la sangría de la pérdida de empleo durante el último año había retrasado sus intenciones de derogar la denostada -por la izquierda- reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy. Pero la titular de Trabajo, en pleno ascenso político, ha decidido que ya es hora y ha convocado hoy a patronal (CEOE y Cepyme) y sindicatos (CC OO y UGT, CEOE) para constituir la mesa de diálogo social. En ellase abordarán no sólo los aspectos considerados como más lesivos de la reforma laboral de 2012, sino también otras materias remitidas a Bruselas en el marco del Plan de Recuperación, entre las que figuran la contratación o medidas contra la precariedad laboral.

Y Díaz va a plantear que las discusiones no se extiendan más allá del verano, cuando estima que la pandemia y las campañas de vacunación hayan reducido al mínimo la incidencia del coronavirus. Tienen, por tanto, 90 días de plazo para definir los que será el mercado laboral para los próximos años, según fuentes cercanas a la negociación. La ministra ya ha advertido en más de una ocasión que los cambios en la reforma laboral se harán cuente o no con la firma de la mesa de diálogo social. “Para eso nos sentamos, para buscar la mejor reforma posible entre todos”, dijo.

Sin embargo, esta reforma no será ni íntegra ni completa, “de momento”, explicaron a LA RAZÓN fuentes ministeriales. La propia Díaz ha querido ir con pies de plomo antes de abrir el melón y en su anuncio oficial ni siquiera se atrevió ayer a hablar de reforma laboral, y se refirió a ello como una “modernización del mercado laboral”. Las mismas fuentes reconocen que la incertidumbre que marca todavía la pandemia hace «muy complicado» hacer una reforma íntegra, por lo que se va a optar por hacer unos «cortes quirúrgicos» que salven el acuerdo de Gobierno.

En ese “de momento” sí que se plantean algunos cambios “primordiales” en algunas de materias concretas por todos ya conocidas, como la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, la ‘ultraactividad’ y la subcontratación, que ya estuvieron sobre la mesa en la anterior negociación pero que las citas electorales y la pandemia dejaron todo en un cajón. Hasta hasta hoy a las 16,30, hora en la que se pondrán muchas cartas sobre la mesa, incluidas las que ya han comprometido en el documento enviado a Bruselas.

Entre estas propuestas que fueron bien recibidas por el Ejecutivo comunitario, Díaz planteará en un primer arranque una reordenación de los contratos laborales, generalizando, simplificando y bonificando los contratos indefinidos, dejando los contratos temporales en términos de causalidad y reordenando tipos y modalidades de contratación laboral. Y para que no haya dudas, la primera propuesta ministerial apostará por penalizar el uso excesivo de contratos de menor duración, con la introducción de mecanismos alternativos de flexibilidad para las empresas que les impidan utilizar la temporalidad de forma fraudulenta.

En un segundo bloque, el Gobierno presentará el primer borrador de un modelo permanente de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) ligado a la formación y reinserción laboral como “un instrumento de flexibilidad alternativo al ajuste externo del empleo ante perturbaciones negativas”, explican desde Trabajo. Finalmente, se pretende revisar las políticas y sistemas de subvenciones y bonificaciones a la contratación, simplificando los incentivos y requisitos a las empresas beneficiaras para centrarse en la empleabilidad de los desempleados y beneficiar a los empresarios que apuesten por los contratos indefinidos.

Pero Díaz no lo va a tener fácil, o al menos no tendrá a la patronal dispuesta a ceder en lo que entienden será “un paso atrás que puede complicar aún más de lo que está la recuperación económica tras la crisis sanitaria”. Tienen claro os empresarios que “lo que funciona, aunque sea mejorable, no se tiene que tocar” y cuentan con el aval recibido por la mayoría de organismos internacionales, incluida la OCDE o el FMI. CEOE y Cepyme ya han advertido antes de sentarse en la mesa que cualquier acuerdo que haya que abordar deberá hacerse “al margen de cualquier aspecto ideológico” y centrarse “en lo importante, productividad, la flexibilidad y el bien común”.

Sí contará con CC OO y UGT, pero solo en parte, ya que han dejado claro en numerosas manifestaciones públicas que su objetivo es el desmontaje total de la reforma laboral de 2012. Y así lo hicieron saber la semana pasada en la calle con varios actos multitudinarios bajo el lema “Ahora sí toca”. Ambas organizaciones pondrán algunas líneas rojas, entre las que destacan la estabilización de la contratación y normativas para generalizar los despidos.