Hacienda, dispuesta ahora a pagar a las autonomías más de 2.600 millones de la liquidación del IVA de 2017

El Gobierno devolverá a las comunidades autónomas más de 2.600 millones de euros por una mala praxis en la liquidación del IVA de 2017, tras el fallo del Tribunal Supremo a favor de Castilla y León. Así lo admitieron ayer fuentes del Ministerio de Hacienda, que aunque reacio a devolver esta partida a las autonomías, reconoció que si están obligados por sentencia a reingresar 182 millones a Castilla y León lo harán también con el resto de comunidades. Lo contrario no tendría sentido, ya que a la demanda de Castilla y León al Supremo seguirán en cascada las del resto de autonomías. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se había negado hasta ahora en redondo a devolver ese dinero a las autonomías. «Ya estamos en 2020 y el tema se tenía que haber resuelto en 2019. No hay ninguna novedad», dijo hace un año cuando varias regiones anunciaron que irían a los tribunales.

Esta irregularidad corresponde al anterior Gobierno de Mariano Rajoy, que en el año 2017 implementó el llamado Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA que implicó que, en términos de caja, sólo se contabilizaran once meses de autoliquidaciones de IVA, en lugar de los pertinentes doce. Esta decisión generó un problema en 2019, cuando se liquidó el ejercicio 2017, que el Gobierno trató de solventar incluyendo un cambio normativo en la liquidación del IVA. Sin embargo, PP y Cs votaron en contra.

Ahora, más de tres años después, con el fallo del Tribunal Supremo como precedente el resto de las autonomías esperan que ocurra lo mismo que con Castilla y León y ser compensadas por Hacienda. Este es el caso de Andalucía, a la que se le debería más de 500 millones, Cataluña, casi 450 millones, Madrid, 377 millones y Comunidad Valenciana, rondando los 300 millones. Estas comunidades se colocan a la cabeza de la deuda con la liquidación del IVA de 2017 que tiene contraída Hacienda con ellas.

No obstante, autonomías gobernadas por el PSOE, como Castilla-La Mancha y Aragón, han sido de las más beligerantes en este asunto, denunciando incluso en los tribunales. Desde Andalucía calificaron la sentencia como un «varapalo» a Montero y el consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid –otra de las que denunció– Javier Fernández-Lasquetty ha pedido a la ministra de Hacienda que «deje ya de esconderse». «Lo que ha hecho el Tribunal Supremo es decirle a María Jesús Montero que no puede hacer lo que ella quiera, que no puede dejar sin pagar lo que corresponde», aseguró Lasquetty. En cualquier caso, esta sentencia, la primera dictada en España, abre la vía a recursos de otras autonomías en la misma situación y que podría suponer el pago de una cifra cercana a los 3.000 millones de euros, equivalente al presupuesto del Ingreso Mínimo Vital de un año.