Economía

Hacienda, a punto de «perder» en el Supremo más de 2.600 millones

Condena al Estado a pagar a Castilla y León 182 millones por el IVA de 2017

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández MañuecoNACHO GALLEGOEFE

El Gobierno devolverá a las comunidades autónomas más de 2.600 millones de euros por una mala praxis en la liquidación del IVA de 2017, tras el fallo del Tribunal Supremo a favor de Castilla y León. Así lo admitieron ayer fuentes del Ministerio de Hacienda, que aunque reacio a devolver esta partida a las autonomías, reconoció que si están obligados por sentencia a reingresar 182 millones a Castilla y León lo harán también con el resto de comunidades. Lo contrario no tendría sentido, ya que a la demanda de Castilla y León al Supremo seguirán en cascada las del resto de autonomías. La ministra de Hacienda María Jesús Montero se había negado hasta ahora en redondo a devolver ese dinero a las autonomías. «Ya estamos en 2020 y el tema se tenía que haber resuelto en 2019. No hay ninguna novedad», dijo hace un año cuando varias regiones anunciaron que irían a los tribunales.

Esta irregularidad corresponde al anterior Gobierno de Mariano Rajoy, que en el año 2017 implementó el llamado Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA que implicó que, en términos de caja, sólo se contabilizaran once meses de autoliquidaciones de IVA, en lugar de los pertinentes doce. Esta decisión generó un problema en 2019, cuando se liquidó el ejercicio 2017, que el Gobierno trató de solventar incluyendo un cambio normativo en la liquidación del IVA. Sin embargo, PP y Cs votaron en contra.

IVA 2017 FOTO: M. Roselló

Ahora, más de tres años después, con el fallo del Tribunal Supremo como precedente el resto de las autonomías esperan que ocurra lo mismo que con Castilla y León y ser compensadas por Hacienda. Este es el caso de Andalucía, a la que se le debería más de 500 millones, Cataluña, casi 450 millones, Madrid, 377 millones y Comunidad Valenciana, rondando los 300 millones. Estas comunidades se colocan a la cabeza de la deuda con la liquidación del IVA de 2017 que tiene contraída Hacienda con ellas.

No obstante, autonomías gobernadas por el PSOE, como Castilla-La Mancha y Aragón, han sido de las más beligerantes en este asunto, denunciando incluso en los tribunales. Desde Andalucía calificaron la sentencia como un «varapalo» a Montero y el consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid –otra de las que denunció– Javier Fernández-Lasquetty ha pedido a la ministra de Hacienda que «deje ya de esconderse». «Lo que ha hecho el Tribunal Supremo es decirle a María Jesús Montero que no puede hacer lo que ella quiera, que no puede dejar sin pagar lo que corresponde», aseguró Lasquetty.

En cualquier caso, esta sentencia, la primera dictada en España, abre la vía a recursos de otras autonomías en la misma situación y que podría suponer el pago de una cifra cercana a los 3.000 millones de euros, equivalente al presupuesto del Ingreso Mínimo Vital de un año.

Castilla y León da el paso

El primero en dar el paso ha sido el Gobierno de Castilla y León, quien en un empeño de su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, solicitó en numerosas ocasiones la devolución del IVA de 2017, y que ahora el Tribunal Superior condena al Estado a pagarles más de 182 millones de euros. Los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León interpuso un recurso contencioso-administrativo el 25 de septiembre de 2020, después de que el Consejo de Ministros desestimara de forma presunta, por falta de respuesta, la reclamación del pago de las cantidades debidas al Gobierno regional.

Fernández Mañueco solicitaba al Ejecutivo central que se pagaran a la comunidad las cantidades debidas como consecuencia de la pérdida de ingresos en la mencionada liquidación correspondiente al IVA, que ascienden a 120,49 millones de euros. Asimismo, se reclamaba el abono de las cantidades correspondientes al nuevo cálculo de la variación de los Ingresos Tributarios del Estado y su repercusión en los fondos del sistema de Financiación Autonómica, que ascendían a otros 61,51 millones de euros.

La sentencia del TS también señala que la compensación concreta deberá fijarse en ejecución de sentencia y vendrá determinada por la diferencia la liquidación practicada en su día por la Administración del Estado y la que habría resultado de computar en dicha liquidación incluyendo también la correspondiente al mes de noviembre de 2017. El recurso precisaba que, al final, los ciudadanos habían ingresado el IVA correspondiente durante ese mes, y sin embargo el Estado se había quedado con toda la recaudación sin repartir la parte correspondiente a las comunidades, lo que lógicamente conllevaba un enriquecimiento injusto del Gobierno central». El Tribunal Supremo también viene a reconocer la importancia de la prueba aportada por los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León en el recurso, en el que se demuestra que han intentado llegar, en todo momento, a una solución consensuada previa a la judicial, y reprocha al Estado la falta de respuesta.

El presidente de Castilla y León se felicitó por la decisión del Tribunal Supremo sobre la devolución de los 182 millones del IVA correspondientes a 2017, que el Estado deberá pagar a la Junta. Lo hizo a través de su perfil personal de la red social de Twitter, donde precisa que desde la Junta “siempre” se ha mostrado su disposición a defender “donde hiciera falta los intereses de Castilla y León”. “Y lo cumplimos”. “El Tribunal Supremo nos da la razón y obligará al Gobierno de España a devolver lo que corresponde a todos los castellanos y leoneses”, añadió.

Esta petición ha sido un empeño personal del presidente de Castilla y León que en numerosas ocasiones ha exigido al Ejecutivo central pagar esta cantidad, un compromiso que además recoge el Pacto por la Reactivación Económica de la Comunidad, firmado entre la Administración regional, PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos y Por Ávila.

Fernández Mañueco también aseguró que “siempre hemos buscado el acuerdo y el consenso”, y recordó que el TS señala en su texto que “el Gobierno de Sánchez vulnera el principio de lealtad institucional y el de la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas”.