España tiene dos meses para rectificar ante la UE o el fin de la declaración conjunta será una “reforma vinculante”

Ese es el plazo que otorga la Comisión Europea para que los estados pulan sus planes, después serán “actos a cumplir”

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia CalviñoEmilio NaranjoEFE

La Comisión Europea no quiere hacer sangre, pero es evidente que la transparencia es un valor importante en los pasillos comunitarios. El pasado viernes el Ejecutivo español publicó en su página web el plan de recuperación con el que quiere convencer a la CE del desembolso de 140.000 millones de euros en los próximos seis años con los que hacer frente a los estragos ocasionados por el coronavirus. A pesar de que este documento fue publicado justo después de que Bruselas anunciara el acuse de recibo del plan, en este texto –accesible para cualquier ciudadano– no aparecen los hitos del plan español, el calendario detallado con los planes y reformas. «Corresponde a los estados miembros decidir qué es lo que publican y lo que no, pero por supuesto animamos a los estados miembros a publicar (todos los documentos), aseguró ayer la portavoz comunitaria, Marta Wieczorek, al ser preguntada por esta falta de información.

Las posibles diferencias entre el documento que ahora atesora la Comisión Europea y el publicado por el Ministerio de Economía no terminan aquí. En el texto divulgado el viernes pasado a través de internet, el Gobierno español barajaba la idea de eliminar la desgravación por declaraciones conjuntas de IRPF a miembros de una misma familia.

Tras la polvareda levantada por esta medida que daña a los hogares más humildes, el Ejecutivo español se ha dispuesto a señalar que todavía no se ha tomado ninguna decisión al respecto y que, antes de poner en marcha cualquier medida esperará el informe del comité de expertos sobre la reforma fiscal, cuya finalización está prevista para febrero de 2022.

La portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, mostró ayer su preocupación por la posibilidad de esta supresión de las declaraciones conjuntas que afectaría a dos millones de familias españolas y decidió interponer una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea. La eurodiputada del PP quiere saber si Bruselas ha recibido una posible rectificación oficial a estos planes iniciales, tras las diferentes informaciones publicada en varios medios de comunicación.

A preguntas de los periodistas sobre esta cuestión, los portavoces comunitarios aclararon que no les corresponde evaluar los textos publicados por internet por parte de los estados miembros, ya que tan solo trabajan sobre los planes oficiales remitidos al Ejecutivo europeo. Los mismos portavoces declinaron también hacer ningún comentario sobre las medidas fiscales presentadas en el plan español, lo que incluye este posible cambio tributario en futuras declaraciones de la Renta.

Lo único seguro hasta el momento es que la Comisión Europea tiene dos meses para analizar el plan español y presentar posibles objeciones, antes de que pueda empezar a fluir el maná comunitario. Según explican los portavoces comunitarios a LA RAZÓN, durante este periodo de dos meses continuará el diálogo entre la Comisión Europea y las capitales para clarificar algunos puntos y pedir información adicional. Según explican las mismas fuentes, «todos los estados miembros tendrá la posibilidad de enmendar su plan durante esta fase». Transcurridos estos dos meses de examen, las medidas del plan se convertirán en «actos vinculantes».

Aunque la Comisión Europea había establecido el pasado 30 de abril como fecha tope para que los países europeos remitieran sus planes, tan solo 8 capitales han conseguido cumplir estos plazos. Al final, Bruselas ha decidido utilizar algo de manga ancha y por eso permitirá que los documentos lleguen en las próximas semanas. La Comisión Europea prefiere calidad a premura. Tras este examen del Ejecutivo comunitario, las capitales europeas emitirán su propio veredicto y tendrán un mes para revisar y dar luz verde por mayoría cualificada a los planes.

Si todo sale según lo previsto, el ministerio de Economía confía en recibir un primer pago de 9.000 millones de euros en julio, que se corresponden con un primer anticipo del 13%. La semanas pasada, las cuatro grandes economías del euro –Alemania, Francia, España e Italia– hicieron frente común para pedir a Bruselas que apruebe lo antes posible estos planes, ante el riesgo de que cualquier retraso ponga en peligro la recuperación europea, muy herida por las sucesivas oleadas del coronavirus y las medidas restrictivas impuestas. La economía de la zona euro volvió a entrar en recesión en el primer trimestre después de sufrir una contracción del PIB del 0,6%.

A pesar de que España tiene derecho a 140.000 millones entre préstamos blandos y subvenciones a fondo perdido, de momento el Gobierno español tan solo ha solicitado los 69.500 millones en ayudas entre 2021 y 2023.

Bruselas debe evaluar si las reformas propuestas por el Gobierno de Sánchez corresponden con las recomendaciones efectuadas, lo que incluye mercado de trabajo, pensiones y sistema tributario. Bruselas también debe examinar si cada país pone en marcha herramientas de vigilancia para prevenir casos de corrupción y fraude en la gestión de los fondos europeos.