Opinión

Pensiones y el dilema entre setas y Rolex

Ningún gobierno se atreve a explicar a los ciudadanos la magnitud del problema de las pensiones y menos a adoptar medidas, y el que lo hace, como el de Rajoy, sale escaldado

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis EscriváMarta Fernández JaraEuropa Press

Winston Churchill es una mina inagotable para las citas. Las auténticas, documentadas como corresponde, son inabarcables. Las atribuidas son todavía más. Entre las primeras aparece una que parece esculpida para la que parece imposible reforma de las pensiones. «Las multitudes permanecen hundidas en la ignorancia de los hechos económicos más simples y sus líderes, cuando piden sus votos, no se atreven a desengañarlos», afirmó en una ocasión el histórico líder británico, lo que no le exime de haber utilizado en alguna ocasión recursos populistas.

El Gobierno de Sánchez, como antes los de Rajoy, Zapatero, Aznar y González –todos con suerte desigual– intenta cuadrar el círculo imposible de las pensiones. Nadie quiere desengañar, como percibió Churchill, a su clientela y quien lo intenta, como Rajoy, sale escaldado. El ministro José Luis Escrivá aceptó –sus críticos dicen que por la vanidad de sentarse en el Consejo de Ministros– el encargo envenenado de alumbrar la reforma de las pensiones. Además, debía hacer compatibles objetivos contradictorios. Más y mejores pensiones, al gusto de casi todos, y al mismo tiempo encontrar la forma de pagarlas sin que se dispararan los números rojos. No hay premio Nobel que resuelva ese sudoku con la pirámide de población española y la realidad del mercado laboral.

La única solución, edulcorada con todos los eufemismos que se desee, es reducir algo ciertas prestaciones futuras o aumentar los impuestos, los de todos, incluidos los pensionistas. La receta, suscrita por la inmensa mayoría de los expertos, no gusta a casi nadie en el Gobierno, con excepción claro de Nadia Calviño y, quizá, de María Jesús Montero, aunque la portavoz no lo reconocerá. Por supuesto, la vicepresidenta Yolanda Díaz está en contra, igual que los ministros de Unidas Podemos. Los socios del Gobierno, aunque sea por motivos distintos, también se oponen. El PNV de Urkullu y Esteban porque, fiel a su estilo, espera sacar algo de una negociación dura. Ahora reclama la administración del Ingreso Mínimo Vital. Los indepes de ERC tampoco son partidarios y amenazan con torpedear la primera parte de la reforma de pensiones –muy de mínimos– acordada entre el Gobierno, los sindicalistas Unai Sordo (CC OO) y Pepe Álvarez (UGT) y Garamendi, el presidente de la CEOE. La oposición también es muy crítica y no facilitará nada. Ha visto cómo se liquida la del PP para volver a algo similar por la puerta de atrás.

El problema de las pensiones en España es el paradigma perfecto de la reflexión de Churchill. Los políticos, así de simple, no se atreven a exponer a sus votantes la auténtica realidad del asunto. Tampoco es sencillo. La inmensa mayoría de los españoles reclama más servicios y prestaciones públicas, pero muy pocos aceptan pagar más impuestos, aunque hay muchos que defienden con vehemencia que los demás sí deberían contribuir más con el Fisco. El fenómeno no es exclusivo de las pensiones, sino que es extensivo a la sanidad, la educación y los servicios públicos. Es una de las grandes asignaturas pendientes –quizá la principal– que debe superar la sociedad española, que también suspira por una inmensa protección estatal para casi todo. Lo constataba poco antes de la pandemia un informe de la Fundación BBVA, ahora presidida por Carlos Torres, y que se basaba en una exhaustiva investigación demoscópica.

José Luis Escrivá es solo el enésimo ministro consciente de que el actual sistema de pensiones es inviable. Este Gobierno –como los anteriores y los próximos– puede garantizar las prestaciones, pero no su cuantía, mejor dicho, su capacidad adquisitiva en el futuro, incluso aunque se actualicen con el IPC. Y la opción de que se paguen con impuestos solo significa una subida de la presión fiscal, que también afectaría a los pensionistas a los que en teoría se quiere ayudar. Si los políticos no explican la realidad a los ciudadanos y la sociedad acepta las consecuencias, algo impopular, no hay solución.

Mientras, queda la opción de recurrir al popular chiste de cuando dos vascos buscan setas en el monte y uno de ellos encuentra un valioso reloj Rolex, el otro le espeta: «¡Pero a qué vamos, a Rolex o a setas!» El drama es que las pensiones no son un chiste, ni siquiera de vascos.

Francisco Reynés: nuevo plan estratégico en medio de la OPA interminable

Naturgy, la compañía que preside Francisco Reynés, ultima su nuevo plan estratégico (2021-2025) en medio de la incertidumbre de la OPA lanzada por el fondo australiano IFM. Es otra apuesta por mantener una cierta españolidad de la compañía. La aplicación del plan dependerá sobre todo de si triunfa o no la OPA de IFM. El Gobierno, receloso ante las intenciones de los australianos, se comprometió a autorizar la OPA y ahora tiene difícil dar marcha atrás.

Los retrasos y las ineficacias de la Justicia suponen 0,8 puntos menos de inversión

Un informe del economista Juan S. Sanguinetti, publicado por el Banco de España, apunta que «el sistema judicial español presenta algunas deficiencias en comparación con los de otras economías de nuestro entorno». En España, por ejemplo, el tiempo de resolución de un asunto en primera instancia está por encima de la media de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). «Además –añade– durante la pasada recesión España registró una de las tasas de litigación, en relación con el PIB o en términos per cápita, más elevadas de la OCDE». La cuantificación de los retrasos e ineficacias judiciales es complicada, sin embargo, el informe de Sanguinetti sugiere que la inversión empresarial podría llegar a verse afectada hasta en un 0,8% en algunas zonas de España.