Escrivá rompe el consenso fiscal interno socialista tras su propuesta de impuestazo a Madrid

La fiscalidad autonómica se está convirtiendo en una piedra en el zapato de María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, y de propio Gobierno de Pedro Sánchez, que se ha marcado la armonización impositiva como uno de los principales objetivos para esta legislatura. Pero sus intenciones «de lograr la igualdad y la equiparación fiscal de todos los territorios» se está encontrando con bombas de relojería que están torpedeando su línea de flotación, la mayoría fuera de filas, pero también dentro y no por falta de apoyo, sino porque su forma de hacerlo dista lejos de ser adecuada.

Es lo que ha ocurrido con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que esta semana se alineó con el presidente valenciano, Ximo Puig, en su petición de gravar a la Comunidad de Madrid con un impuesto que compense al resto de autonomías por el efecto capitalidad. «Es una idea que hay que seguir explorando y tiene mucho recorrido», defendió Escrivá, haciendo suya la tesis del mandatario autonómico valenciano, que ha acusado a Madrid de abusar de su estatus de capital de España para «atraer bases imponibles de otros lugares. Por ello, volvió a reclamar armonizar fiscalmente «a todas las comunidades autónomas a través de este nuevo impuesto», destinado solamente a las rentas altas.

Pero la respuesta de Montero fue ayer más que contundente. «Esta propuesta ni está en la agenda del Gobierno, ni lo va a estar nunca». Así de clara y sin aristas se manifestó, además de negar con rotundidad que ni Ejecutivo ni su departamento tenga preparado un calendario para asumir la propuesta, ni a corto ni a largo plazo. «Ni siquiera se ha planteado como una posibilidad», confirmaron a LA RAZÓN fuentes del Ministerio de Hacienda.

Montero ha zanjado así, de raíz, la polvareda levantada tras las declaraciones de Escrivá y cerrada, de momento, la espita del acoso fiscal a la Comunidad de Madrid. En declaraciones a los medios tras mantener una reunión con el alcalde de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Víctor Mora, Montero quiso despejar cualquier duda tras incidir en que «creo que he sido bastante clara. Eso sería una medida contraproducente que ningún Gobierno, sea del color político que sea, fuera a trabajar en esa dirección». Según sostuvo, la hoja de ruta del Gobierno en política autonómica es evitar cualquier enfrentamiento entre comunidades que pueda poner en peligro el consenso. «Nosotros nunca vamos a propiciar que se enfrenten territorios, sino todo lo contrario».

Para ello, volvió a levantar la bandera del «del consenso, el diálogo, la capacidad de ponernos de acuerdo entre todos los territorios que conforman España para que no se produzcan comparaciones, agravios, para que unas personas piensen que tienen menos oportunidades que otras por el hecho de vivir en un territorio o en otro». No quiso cerrar su intervención, ante la insistencia de los periodistas presentes, sin reiterar que «ni existe la propuesta ni se presentará en el futuro porque el Gobierno no lo contempla».

Este planteamiento realizado por Puig , que hace unas semanas ya se encontró con el rechazo frontal de los empresarios madrileños y del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, acusando al presidente valenciano de «madrileñofobia», tuvo ayer respuesta también de la mayoría de barones socialistas y no precisamente de apoyo. Por ejemplo, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, calificó de «ocurrencias muy malas» que crean «confrontación» las propuestas que hablan de crear un impuestos específicos por comunidades. En parecidos términos se expresó Javier Lambán, presidente de Aragón, que cree que se deben estudiar alternativas aplicadas en otros países, pero no es partidario «de imponer tasas específicas a ninguna comunidad, sea la que sea». Desde Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page sí ve con buenos ojos hacer un «esfuerzo» de armonización fiscal, pero se mostró contrario a «imponer una tasa concreta a un territorio».

En los mismos términos se manifestó la portavoz del PSOE en la Asamblea madrileña, Hana Jalloul, que dio un portazo a la posibilidad de la creación de un «impuestazo» contra Madrid. «Estamos en contra de establecer unos impuestos especiales para los madrileños», reiteró Jalloul, quien se limitó a reclamar «un sistema de impuestos justo y equitativo para todos».

El vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, insistió en acusar al Gobierno de «madrileñofobia» y de «discriminar» a las comunidades autónomas en las que gobierna los populares porque «no soporta que gestionen bien».