¿Habrá que pagar en todas las autopistas?

El debate sobre la implantación de peajes en toda la red de autopistas españolas está más de actualidad que nunca. Después de varias idas y venidas, parece que, esta vez sí, parece que ha llegado el momento de decidir qué hacer para obtener los recursos con los que conservar estas vías.

El Gobierno, en el plan que envió a Bruselas sobre los Fondos Next Generation, esboza la posibilidad de su implantación a partir de 2024. La Comisión Europea, dijo Ábalos, no entiende que España pida dinero y no generalice el pago por uso en las autovías para costear su mantenimiento como el resto de países –sólo el 15% de la red está tarificada–. No tiene lógica, coinciden también con las compañías concesionarias, que haya que detraer fondos para carreteras que podrían ir a sanidad o pensiones cuando el problema se podría resolver con una tasa finalista. Al Ejecutivo también le chirría la desigualdad territorial de kilómetros de peaje que existe, con comunidades como Galicia con más de 300 kilómetros de autopistas de pago y otras como Cantabria con 0 kilómetros.

A los detractores de la medida, que son legión, el argumento de la falta de fondos les patina. Esgrimen que, anualmente, el Estado recauda una cantidad que supera los 29.500 millones de euros en concepto de impuestos que pagan los conductores como el de hidrocarburos, circulación o matriculación. Y añaden que, si no hay recursos para mantener las carreteras con esta recaudación, es porque se usan para otros fines y que una parte de lo recaudado por estas vías debería ser finalista, es decir, guardarse sólo para las carreteras.

A pesar de las críticas, el Gobierno parece más en la posición de que los peajes son necesarios–el dinero, insisten, no llega para tantos gastos– y en hacer pedagogía para hacerlos digeribles para los ciudadanos y el resto de partidos, con los que quiere contar para dar un paso de gran coste político.