«No vamos a participar en juegos políticos». Los empresarios rechazan la subida simbólica del salario mínimo ofrecida por Díaz

La ministra de Trabajo advierte que se subirá con o sin su firma, aunque mantiene «la puerta abierta a negociar»

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz
La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda DíazMinisterio de Trabajo

No es no. Esa ha sido la respuesta inequívoca que ha obtenido el Gobierno de los empresarios a su última propuesta para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). La intención de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de salvar los muebles con el ofrecimiento de una subida simbólica en el último trimestre del año ha chocado de nuevo contra el muro de la patronal, que se mantiene firme en su negativa «porque ahora no es momento de sumar más presión a empresas y autónomos cuando ni siquiera hemos superado la crisis de la pandemia y estamos muy lejos de los números de 2019. Así, no cabe ninguna subida», explicaron a LA RAZÓN fuentes de los empresarios.

El Comité Ejecutivo extraordinario convocado ayer por la CEOE reiteró que no apoyarán ninguna subida del SMI este año, aunque sí que se abren a una negociación para una subida en 2022 y 2023 «si se dan las condiciones económicas para hacerlo». De este modo, deja en manos del Gobierno la decisión de subirlo de forma unilateral o pactarlo solo con los sindicatos, algo que se ha querido evitar desde un principio desde el Ministerio de Yolanda Díaz, y que los sindicatos han advertido que sería «contraproducente» para posteriores negociaciones, y no solo sobre el SMI.

Sin embargo, Díaz se mantiene igual de firme en su postura y reiteró ayer en un acto en Coimbra que el salario mínimo «se va a subir este mes» y que se va «a intentar conseguir con un acuerdo con el mayor número de interlocutores», dejando claro que se aprobará sin el apoyo de los empresarios. Díaz insistió en que la negociación «sigue abierta», que «no está en punto muerto» y que mantiene su deseo de que haya la máxima participación y consenso. «Nunca evito un acuerdo y, por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es intentar conseguir un acuerdo con el máximo de interlocutores sociales posibles». Pese a ello, lanzó una velada amenaza a la patronal al cargar contra «las posturas inmovilistas» con el Ministerio mientras sí se negocian subidas en los convenios colectivos con los sindicatos.

«Creo que toca ahora mismo pensar en los más vulnerables, los trabajadores que están fuera de convenio. Se están negociando convenios colectivos en los que se están revalorizando sus salarios en torno al 1,5 y 1,8% y para eso sí hay acuerdo», defendió. También recordó a la patronal que «que prácticamente todo el conjunto de la Unión Europea ha aplicado subidas en el salario mínimo», y puso el ejemplo de Portugal, que «ya lo subieron hace muchísimos meses».

Pero ni la espada de la unilateralidad ni la amenaza de que el SMI se subirá «sí o sí» han cambiado un ápice la postura de los empresarios, que esta vez sí se han plantado porque «nosotros no cambiamos de opinión a golpe de encuesta, no participamos en juegos políticos ni tenemos que ganar elecciones. Si decimos que no se puede subir el SMI no es por capricho, es porque realmente no se puede. Los números no salen y la situación no lo permite», insistieron a este diario desde la patronal.

El Banco de España realizó recientemente un análisis del impacto en el empleo que tuvo la subida del salario mínimo en el año 2019. Sus conclusiones apuntaron a que la reforma del SMI tuvo un mayor efecto adverso sobre el empleo de los colectivos de mayor edad y una reducción más acusada de las horas trabajadas y del flujo de creación de empleo para los jóvenes. Esta es otra de las razones aducidas también desde CEOE, que advierte de que una subida «en estos momentos» ralentizará la contratación y provocará despidos ante la imposibilidad de muchas pequeñas empresas de pagar este aumento y los costes sociales que conlleva».

Según sus cálculos, con una subida de 15 euros este año y 31 el que viene –como pretende el Ejecutivo– serían más de 900 euros extra de media en costes al año, tanto sociales como salariales, los que tendría que afrontar un empresario, un autónomo societario o un pensionista por cada trabajador que tenga contratado por culpa de la subida del salario mínimo.