Las eléctricas perderán 3.200 millones por la confiscación de beneficios y la obligación de vender a pérdidas

La agencia de calificación de riesgo S&P calcula que las medidas aprobadas por el Gobierno para rebajar la factura de la luz de los consumidores provocarán que las grandes eléctricas reduzcan sus beneficios en una cifra cercana a los 3.200 millones de euros entre 2021 y 2022.

En un informe difundido este jueves, la agencia añade que la medida del Gobierno que obliga a las grandes eléctricas a devolver los beneficios extraordinarios que están obteniendo en el mercado eléctrico determinadas instalaciones como consecuencia de los altos precios del gas pone en riesgo la transición energética en España y las inversiones en energías renovables.

S&P recuerda que las grandes compañías energéticas, concretamente Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, ya han vendido casi toda su producción de base para 2021 y 2022 a precios más bajos que los registrados actualmente en el mercado mayorista, por lo que esta norma les obliga a vender en pérdidas.

En este sentido, cree que será difícil que las eléctricas absorban el impacto de las medidas del Gobierno en el corto plazo, ya que las nuevas normas tienen vigencia inmediata.

S&P critica que España sea el único país europeo que haya tomado este tipo de medidas hasta ahora, cuando los altos precios de la electricidad afectan a todo el continente, y recuerda que sería más efectivo reducir los impuestos sobre la factura u otorgar más ayudas a los consumidores vulnerables.

Así, asegura que detrás de las medidas del Gobierno hay “motivos políticos” y critica que no apliquen en su lugar remedios fiscales como hace, por ejemplo, Francia, que dotará con 100 euros adicionales el bono energético que reciben los hogares para el mes de diciembre.

Sin embargo, desde la agencia creen que las medidas del Gobierno solo estarán vigentes hasta marzo de 2022.

Además, no entiende que la tarifa eléctrica en España esté indexada al precio diario de la electricidad en los mercados mayoristas, un modelo “no convencional” que en el resto de países europeos no se usa, ya que se fijan los precios con antelación, y que ha provocado que parte de los hogares españoles noten la escalada del precio de la electricidad de manera inmediata.

Sobre el alto precio del gas en los mercados internacionales, principal responsable de los elevados precios de la electricidad, S&P espera que se mantengan “relativamente volátiles” durante 2022 para empezar a normalizarse gradualmente en 2023.

Transición energética

La agencia advierte también que las medidas del Gobierno podrían reducir el apetito de las empresas generadoras de energía para invertir en la transición energética y contribuir a los objetivos de integración de renovables recogidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), uno de los más ambiciosos de Europa.

Esto se debe a que, según S&P, las actuaciones del Ejecutivo penalizan a las empresas que ya han empezado a invertir en la producción de electricidad más limpia.

Sobre las nucleares, S&P cree que el pacto nuclear para llevar a cabo su cierre gradual hasta 2035 corre peligro, ya que con la limitación de los beneficios que obtienen estas plantas muchas dejarán de ser rentables para los operadores.