Más de la mitad de familias vulnerables se quedan sin ingreso mínimo vital

El Congreso aprobó este viernes la Ley del Ingreso Mínimo Vital entre críticas por su limitado alcance pese a llevar un año y medio en funcionamiento. Las ONG denuncian algunos de los recientes cambios con los que se pretende duplicar los beneficiarios, hasta 1,6 millones, en 2022

La Ley del Ingreso Mínimo Vital salió adelante este pasado viernes 19 de noviembre entre críticas y reproches de la oposición, de los jóvenes y de las ONG. Pese a llevar año y medio en funcionamiento, su diseño ha limitado el alcance de la medida estrella del escudo social a menos de la mitad de los beneficiarios inicialmente previstos, se le deniega a tres de cuatro solicitantes y actualmente tan solo ejecuta la mitad del presupuesto que tiene asignado. Después de un largo trámite parlamentario, se han puesto sobre la mesa mejoras con el objetivo de duplicar los perceptores del IMV, hasta 1,6 millones, en 2022. No obstante, las ONG y fundaciones que prestan ayuda a las familias más vulnerables siguen denunciando la ineficacia de la normativa actual, e incluso algunas tras el anuncio de las recientes mejoras que estarán incluidas en la Ley del IMV.

A mediados de octubre, y tras la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, dieron a conocer una serie de modificaciones normativas que se incluyeron en el proyecto de ley del IMV aprobado en el Congreso. Entre las novedades destacaron el acceso automático al IMV para los trabajadores en paro que agoten el subsidio por desempleo y no tengan otra fuente de ingresos.

A este cambio se le sumaron otros muchos que estarán dotados con un presupuesto 3.000 millones de euros con el que se costeará durante el 2022 este ingreso mínimo. Una vez entre en vigor la ley, se reducirá de 12 a 6 meses el tiempo en que tiene que estar constituida una unidad de convivencia para acceder al IMV y para los menores de 30 años, el requisito de vida independiente se reduce de 3 a 2 años. Asimismo, los jóvenes extutelados ya no tendrán que acreditar ningún año de vida independiente para poder solicitar el IMV y recibirán un acompañamiento específico para su integración laboral.

Esta reducción de los requisitos para menores de 30 años se queda corta teniendo en cuenta que siguen excluidos de la ayuda los jóvenes entre 18 y 22 años que pudieran estar emancipados. El Consejo de la Juventud de España denunció que la ley del IMV sigue dejando fuera de esta prestación a 350.000 personas jóvenes en riesgo de pobreza. PSOE y Unidas Podemos rechazaron equiparar las condiciones de acceso de las personas jóvenes a las del resto de población adulta, reiterando en una discriminación etaria que podría ser inconstitucional, como planteó el Defensor del Pueblo en 2020.

También se anunció que las personas que pierdan sus ingresos repentinamente no tendrán que esperar un año para pedir el IMV, ya que se podrán tener en cuenta los ingresos de los últimos meses. Por otro lado, la prestación aumentará en un 22% para las familias con algún miembro con una discapacidad igual o superior al 65% y no se tendrán en cuenta como ingresos las prestaciones asociadas a la Dependencia. Asimismo, corregirá el “agravio comparativo” para las familias monoparentales con cuatro o más menores a cargo, que percibían una prestación menor a unidades de convivencia con un número de miembros similar. Y la ley contempla la aprobación de un registro de mediadores, es decir, ONG que puedan acreditar la situación de vulnerabilidad de una persona o familia en circunstancias difíciles.

Además, para reforzar la lucha contra la pobreza infantil, mediante una enmienda, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 incluirán una ayuda de hasta 100 euros para familias con hijos que perciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o tengan ingresos económicos bajos, hasta un techo de 2.667 euros al mes por hogar en algunos casos, una clara deficiencia que han evidenciado diversas ONG.

Grietas en la medida estrella del escudo social

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales confía en que estos cambios incrementen el número solicitudes aprobadas, pero lo cierto es que hasta el momento, la medida estrella del escudo social desplegado durante la pandemia sigue dejando desprotegidas a miles de familias que sufren pobreza severa.

Hasta septiembre de 2021, se habían recibido 1,45 millones de solicitudes, de las que el 91% eran expedientes válidos. En los primeros 15 meses desde su puesta en marcha, se han tramitado 1,24 millones de solicitudes, mientras que quedan casi 100.00 aún sin resolver (97.513).

El total de prestaciones concedidas, según la nómina de septiembre de 2021, asciende 337.000 (27,5%), beneficiando a 800.000 personas, mientras que 888.000 solicitudes fueron denegadas (71%), la mayor parte de ellas (más del 60%) por superar los umbrales de renta y patrimonio establecidos en la normativa. Es decir, tres de cada cuatro fueron denegadas. En proceso de subsanación, es decir, pendientes de recibir información complementaria por parte del solicitante o de otra administración, hay más de 18.000 solicitudes (1,5%).

En cuanto a la cuantía percibida, los hogares beneficiarios del IMV cobran de media 463 euros (172 euros por persona). “Queda en evidencia que se trata de un Ingreso Mínimo, pero no está tan claro que, con estas cuantías, pueda calificarse de vital”, cuestiona la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Estas cifras no cumplen el reto que se marcó el Gobierno el pasado mayo de 2020: llegar a 850.000 hogares en los que vivan 2,3 millones de personas. Esto supone que un año y medio después de su aprobación, el IMV solo da cobertura al 40% de las familias con bajos ingresos a las que el Ejecutivo prometió proteger.

Lagunas y barreras para acceder al IMV

La falta de información tanto para realizar los trámites como sobre el estado de su solicitud es la primera gran barrera a la que se enfrentan los hogares solicitantes del IMV. Según el informe «Sociedad expulsada y derecho a ingresos» elaborado por Cáritas y la Fundación Foessa, en 2021, del total de la población en situación de pobreza severa, el 56,8% de estos hogares no ha recibido información acerca del IMV y para un 10,7% no era suficiente para poder realizar el trámite. Tan solo en un 24,6% de hogares la información ha sido correcta y suficiente para iniciar la solicitud.

Como resultado de su configuración y normativa actual, más de dos tercios de los hogares en pobreza severa (el 68%) no han solicitado esta prestación a pesar de sus escasos o nulos ingresos. En concreto, solo el 18,6% de estos hogares está cobrando el IMV o, al menos, lo tiene concedido. Y a casi la mitad del total de solicitantes en pobreza severa (el 49%) le ha sido denegado, según los datos de Cáritas y Foessa. Por su parte, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales reduce estas cifras aún más y calcula que solo el 8% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado del Ingreso Mínimo Vital y, a pesar de la crisis social, el IMV no ejecuta ni la mitad del presupuesto anual. En nueve meses la Seguridad Social solo ha desembolsado 1.400 millones de euros de los 3.000 anuales previstos.

Nuevo complemento de 100 euros “escaso y vergonzoso”

Fundación Madrina, otra de las organizaciones sin ánimo de lucro que trabaja a pie de calle combatiendo la pobreza, consideró, tras los anuncios de las nuevas mejoras, que el Ingreso Mínimo Vital ha sido “un fracaso social”. En cuanto al complemento de 100 euros prometido en los Presupuestos para 2022 a las familias que disfrutan del IMV, opinó que es “escaso y vergonzoso, casi una excusa”.

Hay que tener en cuenta que en 2021, son ya 11 millones las personas que se encuentran en situación de exclusión social en España, 2,5 millones más respecto a la anterior encuesta de 2018 de Cáritas y Foessa. Otra de las alertas del informe es que, por primera vez desde 2007 las personas en exclusión severa superan los 6 millones de personas, convirtiéndose en uno de los grandes damnificados por la Covid-19, con un incremento de casi 2 millones de personas respecto del año 2018.

Para Fundación Madrina, la pobreza “materno-infantil” ha alcanzado en España tasas nunca vistas, afectando al 24% de las familias y “una de cada cuatro familias no tenía que comer, especialmente en las grandes ciudades, y los ‘family homeless’ han crecido desde las colas del hambre, como consecuencia de la consolidación de la crisis económica”. Asimismo, uno de cada cuatro hogares vulnerables presenta deudas acumuladas de impago de alquileres y de recibos de luz, de hasta nueve meses, uno de cada dos familias no pueden calentar su hogar, necesitando gas butano y mantas y uno de cada cuatro hogares pasa hambre especialmente en las grandes ciudades, no así en zonas rurales.

A esto hay que añadir, según la organización la precarización del empleo lo que lleva a la “pobreza laboral”, no llegando a las 20 horas semanales, lo que condena a sus familias de nuevo a las “colas del hambre”. Se observa igualmente, según Fundación Madrina, “una creciente carencia de sanidad pública para niños y gestantes que carecen de documentación”. En consecuencia, Fundación Madrina califica de “escaso y vergonzoso” el complemento de 100 euros del IMV.