El sudoku imposible de Montero

Las comunidades autónomas gastaron en 2020 un total de 206.752 millones de euros, la mayor parte en sanidad y educación y todas quieren más

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Senado
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Senado FOTO: David Fernández EFE

Winston Churchill describió a la Rusia-Unión Soviética de 1938 como «un acertijo, envuelto en un misterio, dentro de un enigma». La frase, y muchas otras del histórico premier británico que plantó cara a Hitler, también serviría para definir, que no explicar, el complejo, confuso y opaco sistema de financiación autonómico español, que ahora intenta reformar la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Pedro Solbes, en su día vicepresidente económico de Zapatero hasta que acabó por tirar la toalla porque nadie le hacía caso –y también porque él no quiso, no supo o no pudo ver la crisis de 2008–, calificó de sudoku, bastante imposible, todo el tinglado de las cuentas autonómicas y cómo obtenían y obtienen sus recursos. En tiempos de Rajoy, con Cristóbal Montoro en Hacienda, hubo un parche –no se puede llamar de otra manera a lo que algunos denominaron reforma–, que no solucionó mucho. Apenas sirvió de «patada hacia adelante», que dirían los forofos del rugby.

Pedro Sánchez adquirió muchos compromisos al principio de la legislatura. Unos motu proprio y otros obligado, como la reforma de la financiación autónomica. El presidente no tiene mayor problema en decir «digo donde dije Diego» y, en cualquier caso, sus asesores le han dejado a mano una de las citas más célebres de Keynes: «Cuando los hechos cambian, yo cambio de opinión. ¿Usted qué hace?». El problema es que con el enredo autonómico es más difícil torear a los prebostes de cada comunidad, sean del PP o del PSOE y estén apoyados por unos o por otros, por no hablar de Cataluña, en donde los «indepes», liderados por Pere Aragonés, presidente de la Generalitat vicario de Junqueras, siempre querrán más.

El Gobierno, es cierto, ha retrasado todo lo posible abordar la reforma, no porque no sea necesaria, sino porque tanto Sánchez como sobre todo Montero –y también la «vice» Nadia Calviño– saben que es un empeño del que pueden salir trasquilados. Las comunidades autónomas, que han sido un gran paso adelante en descentralización, eran necesarias y son un activo democrático, también tienen mucho campo para mejorar, lo que no impide que puedan empeorar y devenir en fantasmales reinos de Taifas siglo XXI.

Los dineros, como casi siempre, son la piedra de la discordia. Las comunidades y sus dirigentes viven, de alguna manera, en el mejor de los mundos. Gastan, bastante a su antojo, y no son responsables de los ingresos. Y cuando les falta dinero, tras endeudarse cuando pueden –muchas no lo logran–, ahí está el Estado para reclamar más a cuenta de agravios. Las cuentas, como el algodón, no mienten, aunque son bastante desconocidas por la mayoría de los ciudadanos. En 2020, último ejercicio completo del que hay cifras fiables –las de la Intervención General de la Administración del Estado–, las comunidades autónomas, en total, gastaron 206.752 millones de euros y tuvieron un déficit de 2.427 millones. Eso quiere decir que ingresaron 204.325 millones.

¿De dónde sacaron esa fantástica cifra? Sencillo. Más de la mitad, 115.003 millones, fueron lo que en el argot de la contabilidad pública se denomina «transferencias entre Administraciones Públicas». Es decir, dinero que entrega, a cambio de nada, la Administración Central. Otros 53.356 millones procedieron de la parte de los impuestos cedidos a las comunidades, de los que más del 97% al IRPF. Si se añaden el IVA y los impuestos especiales cedidos y las cotizaciones sociales imputadas, el resultado es que el 94% de los ingresos de las comunidades llegan de una u otra manera del Estado.

¿En qué lo gastan? Tampoco hay misterios: en sanidad –79.376 millones– , educación –47.577 millones– y prestaciones –unos 40.000 millones–, incluidos funcionarios, en este caso sobre todo personal sanitario y educativo. Es cierto, como dicen algunos presidentes autonómicos, que el reparto, según criterios enrevesados, puede ser injusto o desequilibrado. Sin embargo, en las autonomías nadie reclama una racionalización, sino más dinero.

Montero, cocinera antes que fraile por su pasado de consejera de la Comunidad andaluza es consciente del problema y por eso sabe que el sudoku es casi irresoluble. En vísperas del puente de la Constitución envió un borrador de reforma a las comunidades que, con la excepción parcial de Valencia, no satisfizo a nadie y provocó la queja –estaba en el guión– de Cataluña, que por cierto es junto con Madrid la única región que hace aportaciones netas. La propuesta de Montero mejora algunas cosas pero no cambia el fondo de nada y es más de lo mismo, algo que además casi nadie entiende, «un acertijo, envuelto en un misterio, dentro de un enigma».

Advertencia y «riesgo moral» en vísperas de una decisión de política monetaria

Isabel Schnable, miembro del Comité Ejecutivo del BCE que preside Christine Lagarde, ha advertido de que los efectos secundarios negativos de la compra de bonos por el BCE aumentan, mientras que sus beneficios se desvanecen, inflan los precios de los activos, crean riesgos de inestabilidad financiera y que aumentan el “riesgo moral” al hacer que los inversores dependan de ellos. Todo se interpreta como un adelanto del endurecimiento de política monetaria por parte del BCE.

La clase media acumula la riqueza en vivienda y fondos de pensiones

Daniel Waldenström, catedrático y profesor del Instituto de Investigaciones de Economía Industrial de Estocolmo, tras una revisión estadística de los datos manejados por Thomas PIketty y Zucman y con cifras de Francia, Alemania, España, Suecia, Reino Unido y EEUU, concluye que la riqueza ha cambiado de naturaleza durante el siglo pasado: una vez que estuvo en manos de la élite, pero ahora la atesora ampliamente la clase media en forma de vivienda y ahorros para pensiones.