Solo 1 de cada 8 jóvenes está emancipado en 2021, un nuevo mínimo histórico desde 1998

Apenas uno de cada ocho jóvenes vive de forma independiente, un nuevo récord de la vergüenza que se suma a la lista daños colaterales causados por la crisis de la covid. Durante el primer semestre de 2021 se registró la tasa de emancipación más baja de este siglo. Con un descenso de 0,9 puntos respecto a la tasa de emancipación del segundo semestre de 2020 (15,8%) y de 2,4 puntos respecto al primer semestre de 2020 (17,3%), el 14,9% alcanzado este semestre supone un mínimo histórico y habría que remontarse a 1998 para encontrar cifras de emancipación tan bajas. Así lo revela la última edición del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE).

Peor que en la crisis de 2008

El informe denuncia un empeoramiento progresivo de las condiciones de vida de las personas jóvenes. “Si la gran crisis económica que comenzó en 2008 ya lastró de forma permanente las trayectorias vitales de toda una generación, la crisis de 2020, agravada por la pandemia de la covid-19, está teniendo unos efectos incluso peores, dado que las personas jóvenes que los sufren se encuentran en una situación de partida más precaria que la de la generación que las precedió”.

Los problemas de emancipación de la juventud española siempre han tenido un carácter estructural y, como resultado, pocas de las mejoras coyunturales que periódicamente se producen en el ámbito del empleo y la vivienda tienen como resultado una mejora de la situación global del colectivo. Un claro ejemplo de esta situación es la paradoja que los datos de esta edición del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España destacan sobre el paro juvenil.

Paro, temporalidad y parcialidad

La tasa de empleo de las personas jóvenes subió en el primer semestre de 2021 cinco puntos respecto al año anterior, lo cual podría considerarse un signo de recuperación si esta subida no se viese lastrada por dos atenuantes de mucho peso: por una parte, esta subida, que colocaba la tasa de empleo en un 38,4% de la población joven, no era suficiente para recuperar los niveles previos a la irrupción de la covid-19 (en el mismo período de 2019 cuatro de cada 10 personas jóvenes estaban empleadas). Algo similar podría afirmarse sobre la tasa de paro, que descendió hasta el 28,8%, lejos aún del 24,8% del segundo trimestre de 2019. Por otra parte, la tasa de temporalidad juvenil aumentó para este período un punto porcentual más que el empleo, hasta el 54,7% para la población de entre 16 y 29 años, y la parcialidad en la misma medida que este (4,8 puntos porcentuales en un año, del 23% al 27,8%), por lo que la precariedad de las personas jóvenes que se encontraban trabajando se agravó.

A tenor de estas cifras, el CJE considera que las “medidas que se están implementando para mejorarlas recuerdan a las estrategias de recuperación rápida que se trataron de seguir durante la crisis de 2008 y que tuvieron muy poco éxito entre el colectivo juvenil”.

El paro, la temporalidad, la parcialidad, la subocupación, la difícil inserción laboral, la incertidumbre y el abandono institucional componen la receta del desastre y sitúa a las personas de entre 16 y 29 años como el segundo colectivo con mayor riesgo de exclusión social o pobreza (30,3%), tan solo superado por la pobreza de los menores de 16 años (31,3%), según la tasa AROPE (At Risk Of Poverty and Exclusion) de 2020. No obstante, al considerar la renta económica de 2019 para realizar el cálculo, la tasa no refleja el impacto real de la crisis de la covid.

Los únicos componentes de la tasa AROPE de 2020 que sí aportan indicios sobre lo sucedido en el mismo año son la carencia material severa y la baja intensidad de empleo. En este punto, el balance para la población joven ya no era tan alentador. En 2020 el 9,3% de las personas jóvenes residía en hogares con carencias materiales severas, lo cual significó alcanzar la mayor proporción desde 2008 y superar en más de 2,3 puntos la del resto de la población.

Vuelta a casa obligada

La evolución del riesgo de pobreza en el colectivo indica que el retroceso de la emancipación estuvo en parte motivado por las personas jóvenes que ya estaban emancipadas pero se vieron obligadas a volver al hogar familiar porque sus trayectorias de independencia se hicieron inviables. Al desaparecer del “mapa” los hogares jóvenes emancipados, el riesgo de pobreza del colectivo disminuyó, porque solo pudieron seguir viviendo de forma independiente aquellos jóvenes con mayor solvencia. De esta manera se genera la falsa sensación de que el colectivo se encuentra en una mejor situación. La vuelta a casa por la crisis también provocó un éxodo de las grandes ciudades, habitualmente con un coste de vida más caro, hacia las provincias españolas que venían perdiendo población.

El Consejo de la Juventud de España vuelve a poner el foco en la falta de medidas que contrarresten el impacto socioeconómico de esta crisis para los jóvenes. Por ello, vuelve recordar la exclusión de este colectivo del Ingreso Mínimo Vital (IMV) sin ningún tipo de justificación, un trato discriminatorio que el Consejo ha tachado con anterioridad de inconstitucional en un análisis jurídico.

La franja de edad de los 18 a los 23 años no tiene acceso a la solicitud del IMV y para muchos de los hogares jóvenes de edades superiores es imposible acreditar algunos de los requisitos de acceso a dicha ayuda, los cuales son más restrictivos que para el resto de la población: las personas jóvenes de entre 23 y 30 años deben acreditar tres años de emancipación para poder solicitar el IMV, frente al año para las personas de 31 en adelante, una discriminación arbitraria y que dificulta todavía más el acceso del colectivo.

La presidenta del Consejo, Elena Ruiz Cebrián, reiteró durante la rueda de prensa del informe “que las políticas de protección social no están llegando a los jóvenes”. Por ello, pidió que la reforma laboral lleve a cabo cambios estructurales para atajar la lacra de la temporalidad y la parcialidad que arrastra el empleo juvenil y defendió que el bono de 250 euros para ayudar a los jóvenes con el alquiler “no va a funcionar si no se lleva a cabo una regulación de los precios, un aumento del parque de vivienda público y la rehabilitación de las actuales”.

Condenados a compartir piso

La suma de bache tras bache en el camino hace que los jóvenes no puedan llegar a la meta de acceder a una vivienda. El Observatorio explica que pese a la bajada de precio de las viviendas libres durante el primer semestre de 2021, esta no fue, ni mucho menos, equiparable a la bajada de la capacidad adquisitiva de la población joven, por lo que el coste efectivo de la vivienda para el colectivo (que incluye otros gastos asociados además de la cuota hipotecaria o la renta del alquiler) aumentó durante el período. “Considerando la frontera económica de solvencia que establece que no ha de dedicarse más del 30% de los ingresos del hogar a los gastos de vivienda, la única opción para la emancipación sin riesgo de sobreendeudamiento de las personas jóvenes es compartir piso”, en la mayoría de los casos, a regañadientes y hasta pasados los 30 años.

De hecho, en el primer semestre de 2021, una persona joven que quisiera emanciparse en solitario dedicaría, de media, el 81,9% de su sueldo al alquiler o debería ajustarse a una superficie máxima tolerable de 29,3 metros cuadrados. Esto ha derivado a que en apenas un año se haya disparado la posibilidad de que los jóvenes emancipados pierdan su hogar, ya que el 19,6% de los hogares jóvenes que vivían de alquiler estaban sobreendeudados.

Extremadura, la región con más jóvenes emancipados

Por primera vez, en el segundo trimestre de 2021 ya no eran Islas Baleares y Cataluña las dos comunidades que se erigían como las comunidades con una mayor proporción de personas jóvenes emancipadas, sino Extremadura. No es que las personas jóvenes extremeñas empezaran, contra todo pronóstico, a tener mayores facilidades para encontrar una vivienda donde iniciar su trayectoria residencial, sino que la caída de la emancipación residencial en Extremadura fue muy suave (de 0,8 puntos en un semestre y con un imperceptible incremento anual de 0,1 puntos) y en todas las demás, mucho más acusada. Entre las comunidades con mayores retrocesos interanuales en la emancipación residencial de la población joven se encontraban Cataluña (-4,6 puntos), La Rioja (-6,4 puntos), Castilla-La Mancha (-4,6 puntos), Canarias (-3,6 puntos) y la Comunidad Valenciana (-3,5 puntos).